El titular del Comité Provincia Mario Pizarro, junto a miembros de la Secretaría de Derechos Humanos integrada por María Inés Zigarán, Pablo Baca, Lucio Giménez y Federico Otaola, recordaron que Carrizo Salvadores, entre los años 1999 y 2003 ejerció funciones como jefe de Policía de Jujuy durante gestión de Eduardo Fellner. Puntualizaron también que la Policía de Jujuy, bajo las órdenes de Carrizo Salvadores, participó en 2003 de un hecho represivo que culminó con la muerte de Cristian Ibañez y el asesinato de Luis Marcelo Cuellar, militantes de la CCC; durante la violenta represión en Libertador General San Martín.

En tal sentido, señalaron la responsabilidad política que le cupo al gobernador Eduardo Fellner, quien puso al mando de la fuerza de seguridad provincial, a una persona sindicada por su participación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, desoyendo lo que por entonces ya era de conocimiento público, merced al trabajo de reconstrucción de la memoria de las organizaciones de derechos humanos y su búsqueda de justicia.

Desde la UCR remarcaron que Carrizo Salvadores fue el funcionario de máxima jerarquía de la Policía de la provincia, designado por el entonces gobernador Fellner quien desestimó los antecedentes que pesaban sobre él, lo cual reveló entonces una conducta desaprensiva respecto de las tragedias del pasado dictatorial.

“Haber encomendado la fuerza de seguridad -recalcaron- a una persona que tuvo prácticas antidemocráticas y criminales, posibilitó la reedición de actos represivos como los señalados, en democracia. La memoria ofrece lecciones. Y aunque tarde, es necesario que el estado aprenda de los errores para prevenir nuevos hechos que avergüencen su responsabilidad democrática”.

Finalmente la UCR solicitó al Poder Ejecutivo que “en función de las lecciones que deja la historia y que se actualizan en el presente con la condena a Carrizo Salvadores, extreme los cuidados en los procesos de designación de funcionarios policiales, a los efectos de garantizar que nunca más puedan encomendarse responsabilidades a personas vinculadas a la comisión de delitos y en particular se extremen los cuidados para evitar que puedan estar involucrados en delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado”.