Weretilneck dijo que el sistema será eliminado. Darían de baja 850 de los 1.450 aportes.
El compromiso se formalizó ayer en la reunión del Consejo de la Función Pública, que encabezó el mandatario y contó con la participación del titular de UPCN, Juan Carlos Scalesi; del presidente del bloque de legisladores oficialistas, Pedro Pesatti; del ministro de Economía, Alejandro Palmieri; y de los secretarios Hugo Lastra (General) y Omar Alfonso (Función Pública).
La nómina de marzo de Desarrollo Social registró 1.465 becas, duplicando el número de diciembre pasado. La revelación de ese dato derivó en fuertes críticas a la gestión de Ernesto Paillalef. Ahora la propuesta de regularización de 279 puestos más otros 300 incluidos, que son beneficiarios del plan Nestor Kirchner, proyectan la desaparición de entre 850 y 900 aportes por becas.
Weretilneck aseguró que el "Estado rionegrino finalizará el 30 de junio con la totalidad de las becas como mecanismo de contratación de personal", ratificando la contratación de "los 279 trabajadores becados". Sobre el resto de las prestaciones que daba el Estado dijo que "en caso de ser necesario, tendrán que canalizarse por algún otro mecanismo, como subsidio, asistencia directa, capacitación o plan de empleo". Insistió en que los "ministerios deberán utilizar otros mecanismos de asistencia para situaciones de vulnerabilidad social, crisis laborales, etc".
En realidad, el esquema de becas sociales se desvió durante la gestión de Miguel Saiz y derivó en un irregular y directo instrumento de incorporación laboral, usado políticamente por su precariedad. Salvo el traspaso a contratos de un centenar de becas, el nuevo gobierno no lo desarticuló y, además, a fines del año pasado, se incrementó notablemente el número de beneficios.
Ayer, en la Función Pública, el gobierno también ratificó que a partir de mayo se iniciará con la "recategorización del personal", comenzando con aquellos ministerios con trámites finalizados. Economía dispondría de 79 para su rápida concreción y también Salud estaría avanzado. Además se evaluó el procedimiento del traspaso de los empleados de Viviendas Rionegrinas al IPPV, y Scalesi introdujo el análisis de la Ley 4.640, que obliga al Estado a pagar a la Anses las sumas no remunerativas para quienes están por jubilarse. Esa norma, que cumplirá dos años, "no será derogada, el gobierno alcanzará un acuerdo de cancelación con el Anses y se cumplirán los aportes jubilatorios", dijo Scalesi. El gremialista se retiró "contento" a partir del "reconocimiento a UPCN en estas definiciones".




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