muy probable que la orden no llegue a cumplirse, pero será recordada por el personal de las fuerzas de seguridad como emblemática de esta transición. Horas después del ballottage en que Mauricio Macri superó a Daniel Scioli, la Gendarmería recibió del Ministerio de Seguridad una instrucción sugestiva: retirar unos 1000 efectivos de los destacamentos móviles de Ezeiza y Campo de Mayo para crear, con esos hombres, uno similar en Río Gallegos. Un destacamento móvil es un unidad preparada especialmente para restablecer el orden en conflictos callejeros. La Argentina los tiene repartidos en seis ciudades: Santiago del Estero, Rosario, Colonia Caroya (Córdoba), Ezeiza, Campo de Mayo y General Acha (La Pampa). Es decir, el plan, que les fue transmitido a los gendarmes por Sergio Berni y que incluía también la inauguración de tres secciones de custodia en El Calafate, Río Gallegos y Río Turbio de 30 uniformados cada una, suponía el virtual desmantelamiento de los únicos destacamentos bonaerenses nada menos que en diciembre, el mes más crítico de la provincia.

Pero en un país peronista los militares tienen olfato político. Enterado, y ya molesto porque las fuerzas de seguridad habían recibido durante la campaña radiogramas con exhortaciones a votar a Scioli, un general de Gendarmería notificó sobre las nuevas directivas a un asesor de la ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Ustedes podrían reunirse con Patricia?, propuso el asesor. La respuesta fue sí, y Bullrich recibió el jueves de la semana pasada a Omar Ariel Kannemann, director nacional de Gendarmería, con quien conversó largamente sobre el tema. Kannemann, un correntino de 55 años oriundo de Monte Caseros, Corrientes, venía de varios días de cautela. Había sido, por ejemplo, ambiguo ante la orden de Berni. "Entendido, pero vamos a necesitar 15 días", le contestó sobre la creación de secciones en El Calafate, Río Gallegos y Río Turbio, y con los destacamentos fue todavía menos concesivo: dijo que, para trasladarlos a Santa Cruz, debía bajar en más de 1000 efectivos las operaciones bonaerenses con todo lo que eso suponía. Berni duplicó entonces la presión: había que cumplir para reforzar en las fronteras el combate al contrabando y el narcotráfico. Sin embargo, cuando Bullrich le preguntó a quién respondería finalmente la Gendarmería durante esos días de transición, Kannemann no dudó: "A Macri".

¿Fue interés real por la seguridad de Santa Cruz o una picardía de última hora, lo que Carta Abierta llamaría intento destituyente? Constatarlo es tan imposible como que la orden se cumpla. Inquietos, oficiales de Gendarmería intentaron averiguar un poco más sobre la medida, y advirtieron que, aunque Berni había ya efectivizado la compra de equipos para 1000 hombres, no había todavía cuartel ni viviendas para alojarlos. El plan fracasó. Lo más probable es que la provincia de Buenos Aires siga contando con la misma cantidad de gendarmes justo cuando se acercan las semanas más críticas para cadenas de supermercados y electrodomésticos, una amenaza que incluye desde pedidos de bolsas navideñas hasta la posibilidad de saqueos. "Estamos en alerta desde fines de noviembre", dicen en el sector de los hipermercados, pero agregan que no han tenido hasta ahora presiones.

La provincia será el primer globo de ensayo que tendrá Macri para desterrar los fantasmas de la gobernabilidad sin peronismo. Ese territorio, el legado más elocuente de generaciones de políticos que hicieron mal su trabajo, suele servir como metonimia y amplificación de la situación general: una transición nacional complicada puede volverse grotesca en el conurbano. Es lo que María Eugenia Vidal intentó instalar al decir, delante de Scioli, que recibía "una provincia quebrada".

Un clásico de los traspasos argentinos. Junto con las peripecias callejeras navideñas habrá que sopesar esta vez una inflación creciente. La parte de la herencia que el equipo económico deberá atender, al menos en una primera etapa, con recetas en las que no cree demasiado: controles y acuerdos de precios. Ya algunos contactos informales entre empresarios y la Secretaría de Comercio, que conduce Miguel Braun, dejan entrever que la discusión será bastante más ardua de lo previsto. "Nosotros aguantamos ya 12 años con este régimen", escuchó esta semana un funcionario que acababa de deslizarle a una alimenticia la idea de revocar aumentos de precios. El tema ocupó la conversación del almuerzo que el Grupo de los Seis tuvo el miércoles en la sede de una de las asociaciones de bancos, con Jorge Brito como anfitrión. Allí se explicó que varias de las últimas remarcaciones, de entre 7 y 15%, habían sido acordados por Augusto Costa, entonces secretario de Comercio, para ser aplicadas al día siguiente del ballottage y que, si bien desde esa dependencia se les había notificado a varios proveedores la autorización, las cadenas de supermercados no estaban siquiera enteradas. Un diálogo de sordos que terminó con una inflación de 1,2% en la primera semana de este mes, el registro más alto desde febrero de 2014, mes posterior a la última gran devaluación, según datos de la consultora Elypsis.

He ahí el primer desafío de la nueva Secretaría de Comercio, cuyo edificio era esta semana un verdadero páramo. Replegada la tropa de Axel Kicillof, la transición quedó en manos de Leonardo Bianchi, uno de los pocos que siguió allí leal a Moreno. Fueron horas agitadas. Se decidió, por ejemplo, recluir al personal más reciente en las áreas menos visibles y, como viene ocurriendo desde hace semanas, continuó la desaparición de objetos y muebles. Teléfonos, computadoras, sillas y escritorios fueron trasladados a los pisos 4°, 9° y 10°. Ni la oficina de Costa se salvó de la mudanza: sólo le quedó una vieja PC con Windows 2003.

La nueva administración ya empezó a revisar nombramientos de último momento. Hará censos, entrevistas, cuestionarios, reasignaciones. Para los menos idóneos se aguarda el vencimiento de los contratos, el 31 de este mes.

La restauración incluye designaciones simbólicas. A la dirección nacional de Defensa del Consumidor, por ejemplo, va Fernando Blanco Muiño, el presidente de la Unión Argentina de Consumidores que, con Jorge Todesca y Graciela Bevacqua, ambos ahora en el Indec, fue en su momento sancionado por medir la inflación. Y en la Dirección Nacional de Comercio Interior queda Karina Prieto, famosa por haberle dado un portazo a Moreno para desobedecerle una orden. Son los elegidos para transitar un campo doblemente minado. Porque a los estropicios recibidos se les agrega ahora la ansiedad de empresarios que no sólo descreen, como Macri, de que el origen de la inflación esté en las góndolas, sino que además se sienten libres de controles desde el día en que el kirchnerismo perdió las elecciones.

¿Habrá que desempolvar manuales de la biblioteca de Moreno? El diablo se esconde en los períodos de transición.