Parecían estar a un paso del acuerdo. Pero sólo resultó ser la impresión de algún sector demasiado optimista. El hecho es que Municipio y Gobierno provincial no llegaron a ningún consenso en torno a la retención del uno por ciento de coparticipación a cinco comunas correntinas -de signo político opuesto al Gobierno provincial- por parte de la Provincia.

"Nos hacen venir todos los días. Y luego nos dicen que el Gobernador está en el Norte, que está en el Sur... El Gobierno no quiere llegar a un acuerdo; a esta altura eso resulta evidente. Está dilatando, especulando con la aprobación de la ley". Así describía ayer la situación ante EL LIBERTADOR un vocero de la Municipalidad de Corrientes que conoce los detalles de esta negociación informal que hasta el momento no ha dado ningún resultado.

La "Ley" aludida por el vocero tiene que ver con un proyecto presentado por el bloque de senadores radicales, que busca subsanar el paso en falso dado por el Poder Ejecutivo al pretender orientar el uso de la coparticipación mediante un decreto.

Así las cosas, el Servicio Jurídico Permanente de la Municipalidad de Corrientes presentaría en las próximas horas un urgimiento al Superior Tribunal de Justicia para que se pronuncie definitivamente sobre la cautelar que los municipios presentaron en su momento.

"Se trata de una cautelar, es decir, con plazos urgentes de cumplimiento", recordó el vocero ante la consulta de EL LIBERTADOR.

Al reiterar que hay una actitud dilatoria del propio Gobierno provincial, "con promesas que no se cumplen", el funcionario acusó directamente: "El Gobierno está condicionando al Superior Tribunal de Justicia en forma indirecta".

La idea de la dilación tendría algún sustento, ya que el proyecto de ley en cuestión será tratado mañana en el ámbito de la Cámara de Senadores. De ser aprobada, ya no tendría razón de ser una discusión en sede judicial sobre la validez o no del polémico decreto.

EL TIEMPO PASA

Sin embargo, el proceso de aprobación de ese proyecto de ley que busca subsanar la situación, aun suponiendo un acuerdo político entre las bancadas mayoritarias, llevaría un tiempo que oscilaría entre veinte días y un mes (ver cronograma).

Mientras tanto, desde el 1 de agosto los cinco municipios (Corrientes, Saladas, San Luis del Palmar, Ramada Paso y Tabay) tienen sus fondos coparticipables congelados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia. ¿Se les restituirán esos importes una vez puesta en vigencia la hipotética Ley?

Allí entra la razón de ser de la medida cautelar interpuesta por esos municipios. No se trata de que la Justicia les dé la razón. Se trata de que les devuelvan su dinero, que tanto necesitan como cualquier Gobierno, cualquier institución o cualquier persona.

La parálisis y la dilación en las negociaciones informales, alentadas por la propia Justicia, habría llevado a la conducción del Partido Justicialista a inclinarse por el cierre definitivo de tales intentos de solución y a apostar sólo por la resolución de la medida cautelar solicitada al Superior Tribunal.

Cronograma

Un supuesto proceso de consenso para la aprobación de la Ley que subsanaría las deficiencias legales del Decreto 2.034 (que fija una "orientación" para fondos coparticipables), llevaría necesariamente los siguientes pasos:

    Aprobación, mañana, en la Cámara de Senadores. Debe pasar a la Cámara de Diputados. Para ello deben trascurrir 7 días.

    Para un rápido tratamiento, Diputados debería trata el proyecto sobre tablas. Si, al contrario, pasa a Comisión para que se trate con preferencia en la sesión siguiente, transcurrirán otros 7 días.

    Si al cabo se convierte en Ley, deberá girarse al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Boletín Oficial para su efectiva puesta en vigencia. Como mínimo, eso llevaría otros 7 días.

    Total: 21 días (mínimo) o un mes.