La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió este viernes un proyecto de reforma constitucional al Congreso para endurecer las penas por corrupción en el financiamiento de campañas electorales y establecer normas que regulen las relaciones entre negocios y política, como respuesta a los escándalos que afectan a todo el espectro ideológico, incluso a la familia de la mandataria.

Por su parte, representantes de los opositores movimiento Evópoli y el partido Renovación Nacional (RN) valoraron el proyecto de reforma constitucional enviado por Bachelet, pero reclamaron penas más severas para irregularidades en la financiación de campañas electorales.

El proyecto enviado por la Presidenta busca reducir los daños causados por los escándalos de corrupción que desencadenaron una grave crisis política y de credibilidad. En el palacio de La Moneda, señaló que el proyecto interpreta “la voluntad de dar un nuevo paso en el fortalecimiento de la democracia y su legitimidad” y reconoció que la confianza se ha visto dañada con los casos conocidos en el último tiempo.

“Debemos frenar de raíz las acciones que se han ido enquistando”, indicó Bachelet y remarcó que “como servidores públicos debemos ponernos una vara más alta y asegurar que sólo los que están dispuestos a actuar según los intereses de Chile estarán en los más altos puestos de la Nación“.

Frente al impacto en el exterior donde el país figuraba con los índices de más baja corrupción, Bachelet dijo que “Chile requiere determinar claramente cuáles son las fronteras entre la política y los negocios, para frenar prácticas de corrupción y faltas a la ética”. Además, enfatizó: “Al mismo tiempo Chile necesita reglas claras para el financiamiento de campañas y sanciones que sirvan de ejemplo para aquellos candidatos que no cumplen la ley”.

La iniciativa se conoce a una semana de que el Consejo Contra la Corrupción, creado el 11 de marzo y presidido por Eduardo Engel, presentara una propuesta al Ejecutivo. En aquel momento la crisis no escalaba a los niveles de hoy, donde los detalles de las empresas Penta, Caval y Soquimich comprometieron a parlamentarios que debieron declarar en la Fiscalía.

Penta salpicó a la pinochetista Unión Demócrata Inpdendiente (UDI), Caval al hijo y la nuera de Bachelet y Soquimich, de Jorge Ponce Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet, a gran parte del oficialismo. Aparte del aspecto legal, en el caso Soquimich llama la atención de la opinión pública que políticos luchadores contra la dictadura aparezcan hoy obteniendo financiamiento del “yernísimo” que construyó su fortuna gracias a sus vínculos familiares con Pinochet.

Bachelet confirmó también que ya envió instructivos para establecer normas de austeridad en los ministerios, entre ellos gastos de publicidad, difusión, gastos de representación y uso de

vehículos.