Ayer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó en la quinta de Olivos el decreto que reglamentó la Ley de Bosques, sancionada el 28 de noviembre de 2008 como la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Entre otras cosas, la norma establece que las administraciones provinciales “no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta que realicen el ordenamiento territorial de sus respectivas zonas boscosas”. El alud que sucumbió a la localidad salteña puso en jaque al Gobierno nacional, luego de que varias organizaciones ambientales culparan al desmonte como una de las principales causas del desastre climatológico.

En el medio de las críticas sobre una posible reacción del Ejecutivo ante la tragedia de Tartagal, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, evitó ingresar en esa discusión: “Lo importante es que se va a firmar y va a salir”, además aseguró que la tragedia “no podría haberse evitado”. El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni explicó ayer, también en la residencia presidencial, que con este paso se intenta terminar con “una deuda con el bosque nativo y con los argentinos que viven en él” y que “hay todo un conjunto de factores pero, en Tartagal, la deforestación no es la causa eficiente de la desgracia de los connacionales”. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, también negó el desmonte: “Desde que hace quince meses asumí el gobierno de Salta no se habilitó ni una hectárea de desmonte en la cuenca de Tartagal”.

En su discurso, la Presidenta elogió a los gobernadores: “Fue un gran esfuerzo de coordinación, porque no es sólo la decisión del Ejecutivo sino articular también con los gobiernos provinciales y al mismo tiempo, implementar una política muy federal, de la que siempre hemos sido defensores”.

Además de los efectos negativos del desmonte, parte de la oposición criticó al Gobierno nacional por “falta de obras” en la zona afectada. Cristina Kirchner no dio lugar a esas denuncias y respondió con una catarata de números: según esos datos, se invirtieron 410 millones de pesos en obras de infraestructura, de los cuales 187 millones se destinaron a obras ya terminadas y 223 millones a obras que están en ejecución. “Hay que cambiar un poco la óptica. Cuando las cosas se solucionan y tienen respuesta, también hay que darlo a conocer a la comunidad”, sentenció.