Avanza investigación judicial por fumigaciones en la ciudad

(General Pico) - En un sector del barrio Indios Ranqueles las viviendas construidas por el Plan Federal tienen techos azules y verdes. Los tanques de aguas se alzan en las alturas, mientras muchos niños corren por las calles de tierra: juegan a la escondida. Tres de ellos cruzan un alambrado y eligen escabullirse entre la abundante plantación de soja.
Sólo una calle lateral separa a los campos del barrio. El lugar fue fumigado por equipos terrestres, a pesar de las limitaciones que impone la ordenanza que establece que debe existir una distancia mínima de 500 metros para aplicar los denominados agrotóxicos.

En la zona son numerosas las madres que aseguran que sus hijos sufren a menudo de "picazón en la garganta". Pero la acción silenciosa de los pesticidas y sus consecuencias para la salud, quizás se puede verificar luego de muchos años. Sí se puede comprobar en la actualidad que la fumigación de la soja llega casi a las puertas de las viviendas.

Uno de los antecedentes más recientes data de los últimos meses de 2009. La Justicia dispuso una investigación tras la denuncia penal de un vecino, que encontró todas las plantas de su quinta ubicada en las calles 28 y 49 "quemadas". Se sospecha que la fumigación aplicada a cultivos emplazados a poca distancia no solo terminó con sus plantaciones, sino que derivó en afectaciones en la salud de niños. En la causa penal que analiza el Juzgado de Instrucción 3 se trata de establecer si los problemas respiratorios crónicos de una pequeña niña guardan relación directa con el uso de pesticidas.

El caso tiene cierta similitud con el ocurrido en la provincia de Córdoba, cuando vecinos del barrio Ituzaingó se alzaron contra las autoridades cansados de tener problemas de salud, derivados por los agrotóxicos. El reclamo vecinal llegó a la Justicia para que se frene el uso de las fumigaciones con productos químicos sospechados de generar enfermedades y contaminar hasta el agua.

Investigación.

Una fuente judicial afirmó ayer que se investigará "a fondo" de qué manera las fumigaciones aéreas y terrestres que se hacen en la periferia de General Pico, pueden estar perturbando a la población. Los productos a los que apunta la justicia son dos: el glifosato y el endosulfán, ambos necesarios para sostener la producción sojera.

El primero es el agrotóxico más conocido de la Argentina. Se comercializa bajo del nombre de Roundup, de la multinacional Monsanto. Las grandes empresas sojeras reconocen la utilización, como mínimo, de diez litros de por hectárea. Se aplica en forma líquida sobre las malezas, que absorben el veneno y mueren en pocos días. Lo único que crece en la tierra rociada es soja transgénica, modificada en laboratorios. La publicidad de Monsanto clasifica al Roundup como inofensivo para al hombre.

El endosulfán es un fuerte insecticida utilizado para el control de plagas. Entre sus principales comercializadoras se encuentra la empresa Agrosoluciones, unidad dedicada al agro de la multinacional química Dupont. La Red de Acción sobre Plaguicidas, integrada por 600 organizaciones de 90 países, afirma: "Los efectos del endosulfán incluyen deformidades congénitas, desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia, cáncer y problemas de la piel, vista, oído y vías respiratorias".

Para prevenir más consecuencias, hacia fines de 2009 el Concejo Deliberante local sancionó una ordenanza, en la cual establece los parámetros para "regular el uso y manejo responsable

de los productos fitosanitarios (agroquímicos), para la prevención de daños a la salud y al medioambiente". Además, se estableció un cinturón de resguardo ambiental conformado por zonas urbanas, suburbanas, núcleos habitacionales existentes y los proyectados.

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