El reclamo de las cooperativas eléctricas al gobierno provincial, por la preocupante situación financiera que atraviesan algunas de las entidades, no tuvo la mejor recepción en la Casa de Gobierno.
El funcionario apuntó contra los aumentos salariales que las entidades vienen otorgando en los últimos años a los trabajadores del área energética. El año pasado, la suba anual fue del 31% según el acuerdo paritario que la Fepamco selló con la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf). Este año, la discusión rondaría un porcentaje similar. Pero también aseguró que algunas entidades enfrentan quebrantos en otros servicios, los cuales también son cubiertos con los ingresos que generan a través de la facturación de la luz.
No afectar a los vecinos.
Varela dialogó ayer a la mañana con Radio Noticias 99.5. Allí se refirió a los dichos de Abel Argüello, presidente de la Fepamco, realizados el martes, al término de un plenario de cooperativas que se desarrolló en Santa Rosa. En esa oportunidad, el dirigente reclamó una reunión urgente al gobierno para exigirle medidas que alivien las cuentas de las entidades, al tiempo que tildó de insuficiente y tardía a la última resolución de APE, firmada el lunes, que dispuso un cargo y un subsidio para favorecer a las entidades.
El ministro dijo que los incrementos en las tarifas eléctricas desde 2005 a la fecha llegan al 123% y están por encima de la mayoría de las otras jurisdicciones. Como ejemplo, citó a La Rioja, 47%; San Luis, 83; y Santiago del Estero, 30. Luego apuntó contra los aumentos salariales: "Ellos subieron, en 2012, el 31% y la administración pública, el 24. Somos respetuosos de las cooperativas, pero si ellos van a subir los sueldos, no pueden venir a pedir incremento de la tarifa para pagarlos".
Además, recordó que la Secretaría de Energía de la Nación emitió el año pasado una resolución que dispone la quita de subsidios para los distritos que suban las tarifas eléctricas.
"En la misma proporción que se incrementa la tarifa, se le quita el subsidio al vecino, con lo cual hay que estudiar muy bien los aumentos de energía eléctrica para no afectarlos", planteó.
Servicios deficitarios.
El funcionario informó que en los años 2011 y 2012 la APE permitió a las cooperativas una suba del 25% en la tarifa a los usuarios y que, en ese mismo lapso, la APE solo subió un 5% el precio de la energía que le vende a las cooperativas.
"A su vez, sabemos que algunas cooperativas están sufriendo el desfinanciamiento por problemas de otros servicios que tienen a cargo, no por el de energía eléctrica", comentó. Varela aseguró que esa afirmación la escuchó de boca de algunos dirigentes cooperativistas quienes plantearon que tienen déficit en otros servicios. Otro aspecto que, en opinión del ministro, afecta las cuentas de las cooperativas es la sobredotación de personal.
A pesar de sus críticas, Varela dejó espacio para el diálogo. "Entendemos que hay una situación difícil para las cooperativas, por eso es que está abierto el diálogo y nos reunimos permanentemente. Entendemos a la Fepamco, estuvimos reunidos la semana pasada, vienen se sientan a charlar, sin necesidad de audiencia. Lo que no entendemos es que ahora salen a los medios a decir que necesitan una reunión urgente, cuando ellos tienen mis teléfonos y podrían llamarme al celular", concluyó.
"Lo vienen diciendo desde 2008"
El ministro Varela relativizó ayer la advertencia que el martes lanzó el presidente de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), Martín Fernando Brandi. El empresario había dicho que si el gobierno no le renovaba hasta el año 2026 la concesión del yacimiento Medanitos, su empresa dejaría de invertir.
"Obviamente que es una presión. Lo vienen diciendo desde el año 2008, pero hemos encontrado los medios legales para obligarlos a que hagan las inversiones que requiere el yacimiento", afirmó el ministro.
El petrolero participó el martes de la reunión de la Comisión de Asuntos Agrarios, en la Legislatura, donde comenzó a tratarse la posible prórroga de diez años en la explotación del yacimiento.
Varela recordó que PCR no tiene una concesión sino un contrato de locación de servicios por 24 años, otorgado en 1992. En ese acuerdo legal no está prevista la prórroga, como sucede con los contratos de concesión. "Lo que están pidiendo es que se la otorgue el gobierno provincial, a través de una ley sancionada por la Cámara de Diputados", explicó Varela.
El ministro aseguró que PCR está pagando actualmente una retribución a la provincia (en este caso no se denomina regalía) que oscila entre el 34 y 35%, de acuerdo al precio del barril de crudo. "Es la más alta del país", dijo.
En cuanto a la posibilidad de otorgar esa explotación a Pampetrol, la petrolera del Estado pampeano, el funcionario dijo que era una decisión compleja, por las altas inversiones que se requieren. Igualmente, aclaró que si se le otorgara la prórroga a PCR, Pampetrol obtendría una participación del 20% en la explotación y sus dividendos.
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