Audiencias públicas para designar jueces

Un decreto del gobernador podría alcanzar para establecer un procedimiento que permitiría dotar de transparencia y legitimidad a la designación de miembros vacantes del Superior Tribunal de Justicia.
La iniciativa del diputado Carlos Pessi (Frepam) fue presentada ayer mediante una nota elevada al Poder Ejecutivo, y en realidad se trataría de una metodología idéntica al definido en el año 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner para la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ayer Pessi presentó en Secretaría General de la Gobernación una nota dirigida al gobernador Oscar Mario Jorge con esa sugerencia que, dijo daría "mayor transparencia y legitimidad al procedimiento de designación de los miembros vacantes del Superior Tribunal de Justicia", dos en la actualidad, y el anuncio de que un tercer miembro se jubilará en los próximos meses.

Apoyos y objeciones.

Recordó el legislador que mediante el decreto presidencial 222/2003 begin_of_the_skype_highlighting 222/2003 end_of_the_skype_highlighting se estableció un procedimiento de publicidad e información previa de aquellas personas propuestas, incluyendo la posibilidad de que instituciones y personas vinculadas directa o indirectamente al quehacer judicial pudieran expresar sus apoyos y objeciones. Eso además de tener que responder el candidato a una serie de preguntas específicas y elaborar una declaración jurada patrimonial, de clientes en su actividad privada, y de expedientes que pudiesen resultar incompatibles con el cargo de juez que podría desempeñar. "Concluido este procedimiento público, el Presidente -en nuestra provincia sería el Gobernador-, cuenta con todos los elementos para evaluar si elevar o no la propuesta del candidato a la Legislatura, decisión final que permanece en cabeza del titular del Ejecutivo, que en ese caso debería oportunamente remitir el pliego con la totalidad de los antecedentes del proceso previamente realizado", razonó el diputado.

Y agregó: "De esta forma, el Poder Ejecutivo, sin ceder su facultad discrecional de proponer los candidatos, solo atenuándola, establece un procedimiento público previo que le permitirá dotar a esa propuesta de sólidos fundamentos para remitirla posteriormente a la Legislatura, la que se sustentará en parámetros profesionales, antecedentes, perfil y demás circunstancias del candidato, permitiendo a su vez una resolución acorde con la alta responsabilidad que le tocará cumplir".

Adecuación.

El procedimiento previsto a nivel nacional, que debería ser adecuado a nivel provincial , establece un período de recepción de información, apoyos y objeciones al candidato enunciado por el Poder Ejecutivo. "Eso permitiría acreditar los aspectos relativos a la trayectoria profesional y académica, los compromisos públicos y privados que tuvieren, el cumplimiento de sus obligaciones impositivas, etc., y permitiría a los ciudadanos en forma individual o colectiva, a los colegios y asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico, a las organizaciones no gubernamentales con interés y acciones en el tema, hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener respecto del nombramiento a producir", apuntó Pessi.

Mejor servicio de justicia.

Mencionó también que el decreto 222/03 también fundamenta ese procedimiento en la necesidad de que "la designación contribuya de modo cierto en aportar a un efectivo mejoramiento del servicio de justicia, sumando los requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad técnica y el compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos que él o los postulantes deben reunir".

Consideró que "un decreto del Gobernador que establezca este procedimiento en La Pampa para la designación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, que no pasan por la evaluación previa del Consejo de la Magistratura, sería una contribución a la transparencia de las designaciones. Confío en que el Gobernador evalúe la posibilidad y convierta a esa decisión en un aporte fundamental a la calidad institucional del Estado pampeano y al establecimiento de pautas claras y transparentes en temas de trascendencia como el referido", concluyó Pessi.

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