Parte de la estrategia defensiva la adelantó el ministro Legal y Técnico, Francisco García Ibañez, en declaraciones a medios cuyanos, al señalar que "el argumento fundamental (del incumplimiento) es que en estos años en Mendoza hubo crisis hídrica, por lo tanto (el agua) es un elemento a cuidar; y además la Provincia ya ha realizado una serie de obras y tiene en carpeta otras más para regular el curso del río". Y sobre este último punto amplió: "Se cumplió con el 60 por ciento de las obras públicas planteadas en el convenio" para la impermeabilización del cauce. La falta de agua, acotó, se remonta al último lustro.

García Ibañez, conocido como "Pancho", no es un funcionario más. Conoce al gobernador Francisco "Paco" Pérez desde que ambos cursaban sus estudios en la Universidad del Litoral, en Santa Fe. Trabaja en el Estado provincial desde 1985, cuando el gobierno estaba a cargo del radical Santiago Felipe Llaver y aún no se había recibido de abogado. Hasta 1991 se desempeñó como administrativo en la Dirección de Compras y Suministros. Después, por cinco años, fue inspector delegado en ese organismo. Entre 1997 y 2007 fue asesor letrado en el Departamento Jurídico del Ministerio de Hacienda durante la gestión del justicialista Celso Jaque, quien hace seis años firmó el acta-acuerdo por la escorrentía con su par pampeano, Oscar Mario Jorge. Cuando en 2007 Pérez asumió al frente del Ministerio de Infraestructura se lo llevó con él. Y cuando en 2011 juró como gobernador el primer decreto que firmó fue para nombrar a su amigo al frente del ministerio.

De acuerdo al esquema dispuesto por el mandatario, todos los órganos estatales relacionados con la problemática del agua, y específicamente del Atuel, deberán remitirles informes al titular del área Legal y Técnica, quien los estudiará y elaborará para remitirlos a la Corte.

"Una política de ataque".

Pérez se movió rápido a partir de que la semana pasada trascendió que la Corte emplazó a Mendoza y a Nación a que en 60 días expliquen qué hicieron o dejaron de hacer para que se cumpla con el acuerdo que rubricaron, junto a La Pampa, el 7 de agosto de 2008, y que preveía, entre otras cosas, que a partir de esa fecha llegaría agua permanente al oeste pampeano, algo que no ocurrió. El fallo del tribunal fue en respuesta a la demanda promovida en 2010 por el abogado Miguel Angel Palazzani, en su condición de residente pampeano afectado por esa situación.

De hecho, el lunes le dio instrucciones al equipo que representará jurídicamente a Mendoza en el juicio y, desde la propia gobernación, dejaron trascender que a priori existen "elementos muy importantes" para presentar en la contestación a la Corte.

Los fundamentos dados por García Ibañez contrastan con lo que la oposición dice de las acciones del Departamento de Irrigación, publicó en su edición de ayer el diario Los Andes. Una de las personas que ha trabajando en el tema es la senadora nacional del radicalismo Laura Montero, quien afirmó: "No se hacen las obras que hay que hacer para mejorar la red de infraestructura de riego. Actualmente se pierde el 60 por ciento del agua". Por eso apunta a que la solución -y en este asunto hay coincidencias con el oficialismo- sería el trasvase del río Grande al Atuel y la construcción del complejo hidroeléctrico Portezuelo del Viento. Esta misma alternativa planteó el ex gobernador radical y ex vicepresidente, Julio Cobos, cuando habló con LA ARENA a mediados de 2012.

Sin embargo, para que esa iniciativa prospere se requiere la aprobación unánime del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), y La Pampa ya adelantó que votará en contra.

"El gobernador pidió que haya una política de ataque desde lo jurídico, lo comunicacional y lo organizacional", remarcó García Ibañez, en declaraciones reproducidas por el Diario Uno. "No desconocemos que la cuenca es compartida, pero no tenemos agua, venimos de cuatro o cinco años de crisis hídrica", remarcó.

Además de la demanda de Palazzani, Mendoza sabe que Jorge ya resolvió iniciar otro reclamo ante la Corte por daño ambiental, aunque el gobernador pampeano todavía no le puso una fecha precisa a la presentación. "La Pampa intentará probar que hay daño ambiental y que debemos repararlo, pero creemos que no les asiste la razón. Tenemos pruebas muy importantes. No podemos garantizar la resolución, pero creemos tener razón", concluyó el ministro cuyano.