Laplacette estuvo ayer en Santa Rosa donde disertó sobre derecho ambiental en el salón del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Por la mañana, en diálogo con Radio Noticias 99.5, se refirió a la causa.

"Hace cuatro meses que se inició, ya tiene dictamen favorable de la Procuración y ya ha circulado por varios ministros (de la Corte), así que muy en breve va a correrse formalmente el traslado de la demanda a Mendoza. Ya está notificada la procuración del tesoro y tenemos información que dentro del Estado nacional se está trabajando y se ha pedido información a las distintas partes para interiorizarse del conflicto. Está siguiendo los carriles normales sin ningún contratiempo y, para lo que son este tipo de casos, podríamos decir que va con cierta celeridad", dijo.

-¿Escuchó los argumentos esgrimidos por el fiscal de Estado de Mendoza, que habla de que no tienen agua para dar?

-Sí. Creo que hay que distinguir. En este conflicto hay dos tipos de discurso: uno, que es para la tribuna, y otro, que es el que van a plantear en el expediente. Evidentemente, la mayoría de las expresiones que se vierten por los medios públicos que vienen de Mendoza -estoy convencido- no van a ser las defensas judiciales. En todo caso, van a procurar utilizar mejores argumentos que esos. Ciertamente, la idea de que tienen que regar las 75 mil hectáreas y que esto sea un desierto es mala suerte, o que la Corte ya lo resolvió en el '87 y no se puede volver atrás, son argumentos que hoy, jurídicamente, uno no considera sólidos. Lo peor que podríamos hacer es subestimar al contrincante. Imagino que aún cuando las declaraciones públicas sean realmente pobres, uno imagina que van a encontrar argumentos más sólidos. Imagino que la defensa judicial será más sólida que las declaraciones políticas. Hasta ahora lo que uno ha escuchado son declaraciones políticas que, jurídicamente, son difíciles de sostener.

-En Mendoza ahora que se inició el juicio comenzaron a hablar de negociación.

-Uno imagina que esto en algún momento, en algún aspecto al menos, tendrá que terminar en una negociación. Estamos hablando de que es una cuenca que comparten dos provincias, así que inevitablemente están condenadas La Pampa y Mendoza a negociar. Antes o después de una sentencia de la Corte, con obras que les haya impuesto la Corte o antes de que ello ocurra. Ahora, no tiene ningún tipo de sentido seguir manteniendo esta situación en la cual para Mendoza la negociación es el mejor negocio. Cualquier tipo de decisión que tome un tribunal de justicia, o que surja de una negociación, va a suponer para el Estado que está aguas arriba restringir la libertad con la que hoy se está moviendo. Cualquier tipo de negociación para ellos es mejor en tanto y en cuanto no se llegue a nada concreto.

-¿Por qué sostiene que la sentencia dictada en 1987 no es un argumento al cual Mendoza pueda recurrir?

-Hay un montón de cuestiones técnicas que ya han sido expuestas en la demanda. Uno puede entender desde el punto de vista procesal y de los alcances de la sentencia, que eso estrictamente no es así y que hay un error en cuanto a cómo Mendoza está entendiendo el fallo. Pero dejemos lo técnico y procesal a un costado y vayamos a lo siguiente: desde la década del '80 para acá hubo una modificación muy importante del ordenamiento constitucional y legal en materia de derecho ambiental. Y se han impuesto ciertas obligaciones que uno no puede eludir. Entonces, por más que en el año 87, a partir de una demanda iniciada en el año 79, con el ordenamiento jurídico que había en ese momento, se reconoció algo, no quiere decir que eso quede de por vida. Es absurdo. Imagínese que un tribunal del Virreinato le hubiera dicho a un propietario de esclavos que fulano y mengano son esclavos suyos, y después el propietario pretendiera alegar esa sentencia a favor para seguir teniendo esclavos cuando la Constitución se modificó y dijo que no hay más esclavos en el país. Hay cosas que uno no puede seguir sosteniendo cuando se modificó el marco jurídico, por más fallo a favor que haya existido.

-Además, si uso mal el agua, voy a seguir por los siglos de los siglos con las 75 mil hectáreas mal regadas. Acá se pide que se haga eficiente el sistema de riego para que se rieguen las 75 mil de Mendoza, más las pampeanas.

-Exactamente. No hay un interés de La Pampa en que Mendoza deje de regar. Lo que se procura es empezar a manejar la cuenca en forma conjunta. Uno de los criterios que se viene imponiendo en los últimos diez años es que esto se maneje en forma integrada. No puede ser que la Dirección de Irrigación haga y deshaga sin dar ningún tipo de información a La Pampa. Fuera de eso, lo que hay que hacer es asegurar un mínimo de caudal para que el ecosistema se mantenga y después comenzar el trabajo y las obras para que haya un mejor caudal y para que eso se reparta del modo que se estime más conveniente. Esto no es nuevo, se puede hacer, hay antecedentes. Lo que ocurre es que, por supuesto, para quien está teniendo todos los beneficios cualquier alternativa implica restringir su libertad y su posibilidad de hacer lo que se le antoja, como vino haciendo hasta ahora. Por eso es entendible que el dilatar las cosas sea negocio para Mendoza.

-¿Qué cree usted que va a fallar la Corte?

-No le puedo decir, porque uno ni siquiera está seguro de si esto va a terminar en una sentencia o si, fruto de la presión del tribunal, se va a llegar a algún acuerdo en forma previa. Lo que sí estoy seguro es que cualquier solución va a ser, en un rango mayor o menor, beneficiosa para la provincia de La Pampa porque va a suponer modificar este status quo, obligar a la otra parte a que se siente en una mesa y comience a acordar en forma conjunta cómo se maneja esto y, tiempo más o tiempo menos, el Atuel va a tener que correr con una regularidad que no será la que tenía en el siglo XIX, pero tampoco la que tuvo en la segunda mitad del siglo XX.

-¿A cuánto asciende el daño económico?

-No quiero dar un número. Hay distintas variables para evaluarlo. Estamos hablando de cifras varias veces millonarias. Lo que es importante es ver que cada año que pasa esto se sigue generando. Lo importante para La Pampa y, sobre todo, para Mendoza, porque si algún día se cuantifica Mendoza lo tendrá que pagar con sus arcas públicas, es dejar de generar este daño.