En el 2019, un decreto del entonces presidente Mauricio Macri habilitó la importación de residuos, incluído material reciclable, sin impedimentos para aquellos que no contaran con certificado de inocuidad. La noticia fue muy mal recibida por los sectores que se encargan del reciclado y también por agrupaciones ambientalistas. A principios de 2020, Alberto Fernández suspendió la medida y en conjunto con el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y el de Industria, Matias Kulfas se comprometió a encontrar una propuesta superadora en 180 días. Al día de hoy no hay información oficial pública que aporte detalles de esta situación y desde las oficinas de la cartera de Ambiente no respondieron al pedido de entrevistas solicitado por Tierra Viva. La Ley de Envases, que permitiría reciclar en el país la basura que se importa, sigue frenada en el Congreso.

Según la organización Taller Ecologista, la gigante alimentaria Arcor importa entre el 35 y el 50 por ciento del papel y cartón que ingresa al país, consumiendo dólares de las reservas y compitiendo en el precio con el trabajo de cartoneras y cartoneros. Además, según la Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA), en los contenedores de residuos importados, que se negocian entre privados, solo el 50 por ciento de los residuos son reciclables, por lo que el otro rol clave del Estado es establecer los controles sanitarios.

En Argentina se producen diariamente más de 40.000 toneladas de residuos. Sólo un escaso porcentaje de ese total es recuperado y reciclado para volver a la industria como materia prima. Los rellenos sanitarios, sitios de disposición final de residuos, se encuentran al borde del colapso y continúa acumulándose basura en miles de basurales a cielo abierto a lo largo y ancho del país. Según datos de la ONU, Argentina sólo recicla un seis por ciento de esos desechos.

Por fuera de la región del AMBA, la gestión de los residuos sigue siendo irregular e incompetente respecto del volumen de basura que se genera a diario. Los sistemas de recolección se encuentran en su mayoría tercerizados, pero en muchos casos dependen directamente del municipio, por lo que la escasez de recursos destinados a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos continúa siendo un problema no sólo ambiental, sino también de salud.

El problema es global. Toneladas de basura viajan de un continente a otro para ser descartadas. Los países en vías de desarrollo son hoy el basurero del mundo globalizado. En particular, los de América Latina y Asia. Entre 2019 y 2020, Estados Unidos envió miles de toneladas de residuos a países con serios problemas para gestionar incluso sus propios desechos.

El aumento del consumo per cápita en las grandes urbes hace que la disposición final de los residuos se vuelva cada vez más difícil. Con la crisis climática pisando los talones, las potencias mundiales salen a buscar alfombras donde esconder lo que barren en casa. 

“El país sigue teniendo enorme retraso en la gestión de residuos”

Según Cecilia Bianco y Mirko Moskat, integrantes de Taller Ecologista, una agrupación socioambiental con vasto recorrido en la materia, “no ha habido definición al respecto y el país sigue teniendo enormes retrasos en la gestión de los residuos”. Sumado a que la mesa técnica de trabajo de economía circular (creada para avanzar en la propuesta normativa que regule esta temática) “a enero de este año, no está en actividad”.

Los especialistas advierten que a la Argentina “ingresan en mayor cantidad  residuos de papel y cartón”, como también lo hacen “vidrios, metales, caucho, plásticos y textiles”. Aunque aclaran que en el caso de los plásticos, “los datos son contradictorios” y el ingreso de este tipo de residuos no tiene un volumen considerable ni alarmante, como lo es en países como México, Ecuador o El Salvador.

En cuanto al papel y el cartón, alertan sobre “la incidencia en los precios de estos residuos en el mercado interno”, lo que “afecta negativamente el trabajo que realizan cartoneros y cartoneras” cuyos ingresos dependen fuertemente de la venta del material que recuperan de los residuos que se generan a diario. 

Ley de Envases con inclusión social en espera

Durante el 2021, distintas agrupaciones ambientalistas y sectores comprometidos con el reciclaje presionaron fuertemente para que entrara al Congreso Nacional el proyecto de ley de envases con inclusión social. El proyecto ingresó con el respaldo del Ministerio de Ambiente y el ex jefe de la bancada oficialista Máximo Kirchner. Se trata de un marco regulatorio al enorme negocio que hay detrás de la gestión de los residuos con la mira puesta en el importante valor socioambiental del trabajo que hacen diariamente cartoneros y cartoneras en el país.

Con distintas movilizaciones y diálogo con sectores no oficialistas, el proyecto consiguió dictamen de comisión a fines de noviembre, pero nunca fue puesto en agenda para ser tratado en el recinto parlamentario ni en la prórroga de sesiones de diciembre ni en la convocatoria a extraordinarias de este 2022. El lobby empresario influyó en el freno de la normativa, entre las cámaras empresarias que lo encabezan están la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) –integrada por Arcor–. 

En este contexto, Bianco y Moskat advierten que aún se importan anualmente un promedio de “50 millones de kilogramos de residuos de cartón y papel, por un valor de unos nueve millones de dólares”. Entre las empresas que lo hacen, se destaca la multinacional Arcor que entre sus diferentes empresas controladas suma cada año entre el “35 por ciento y el 50 por ciento del valor de las importaciones de este material”.

Entre 2018 y 2021 se sumaron a la lista de importadores la Papelera Tucumán e Interpack, “totalizando cada una en torno al 16 por ciento de las importaciones”, según informan los integrantes de Taller Ecologista. Respecto a los plásticos, estiman que por año se importa en promedio unos 700 mil dólares. “Petropack, Performance Specialty Products –empresa controlada por la empresa química norteamericana Dupont–, Tetra Pak y Vitopel”, son el puñado de compañías importadoras.

Consultados sobre las razones por las cuales se compra en el exterior este tipo de residuos, sostienen que “frente a una decisión política de no gestionar correctamente los residuos que se pueden reciclar, se opta por la importación” sumado a que resulta ser un trámite más simple a la hora de sostener “tiempo, escala y precio”.

“La ley de envases promovería más reclicado de plásticos”

“Todo lo que es reciclable es materia prima secundaria, siempre y cuando haya una industria que lo pueda procesar”, asegura José Luis Picone, director ejecutivo de la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos (Cairplas). Para él, no todo es residuo o basura. Se trata más bien de diferenciar aquellas “materias primas secundarias que tienen un valor que puede recuperarse”.

Según Picone, la industria del reciclado de plásticos “no está interesada en importar” ya que hoy  recupera “entre un 17 y un 20 por ciento de lo que está en el mercado”. Suma también que “hay muchísimo material disponible”, que el problema no es la falta del material sino que “lo que hay que hacer es reciclar más” porque la industria aún cuenta con capacidad ociosa como para incrementar hasta un 40 por ciento de lo que se usa en el país. 

Si bien hace años hay intenciones de reforzar la idea de las cuatro “R” – Reducir, Reutilizar, Reciclar, Recuperar- a través de la educación ambiental y de las distintas campañas de organismos internacionales como la ONU; la globalización de los mercados hace que las lógicas del capital sigan manejando los hilos de la conciencia ambiental de empresarios y políticos.

Los plásticos que conocemos tienen como materias primas el petróleo, el gas natural, el carbón y el cloruro de sodio. “El precio de los plásticos reciclados tiene un techo que es el precio del plástico virgen, ese techo depende del crudo. Cuando por ejemplo, el petróleo cotiza a 20 dólares el barril, no hay industria de reciclado que aguante, porque es más barato comprarlo virgen”, advierte Picone.

A pesar de que hoy se avanza en la fabricación de plásticos con materias primas renovables, la solución podría encontrarse en la mejora de la competencia y de la logística para reciclar más y mejor. Para evitar así que en el norte del país, por ejemplo, “les resulte mejor sacar fardos de plásticos a Bolivia que pagar el flete hasta el conurbano bonaerense donde se procesan”, según explica Picone.

La industria del reciclado plástico cree que la Ley de Envases podría facilitar y promover la recuperación de los envases para que estos lleguen a la industria y así poder reciclarse, pero advierte que el proyecto de ley se enfoca en los envases y deja afuera los residuos plásticos en general.

“Cada país debería poder hacerse cargo de los residuos que genera”

María Esther Ruiz es bióloga, especialista en gestión de residuos sólidos urbanos, investigadora de la contaminación marina por plásticos e integrante de GAIA; una alianza mundial de organizaciones socioambientales. Advierte que la falta de información sobre el tratamiento de los residuos plásticos es una constante en todos los países, como experiencia del monitoreo que llevan adelante con las organizaciones aliadas. 

“La poca información que hay y la poca apertura de las autoridades para brindar información hace mucho más difícil el monitoreo”, advierte Ruiz. Y en el caso particular de Argentina, se pidió información al Ministerio de Ambiente y la respuesta fue “que no podían responder porque eso violaría la confidencialidad y datos personales de algunas empresas y podría afectar a los secretos comerciales o industriales”.

En 2019, el diario The Guardian publicó un informe en el que se detalla cómo la basura generada en Estados Unidos se exporta a distintos puntos de América Latina y el sudeste asiático. México y Ecuador, los países más afectados en la región. 

El boom de la exportación de basura a Latinoamérica tuvo que ver con el cierre decidido por China a principios de 2018. El gigante asiático, principal importador de residuos del mundo, se negó a seguir comprando plásticos de Estados Unidos y Europa, debido a la fuerte presión mundial por el enorme volumen de basura marina. Así, África, América Latina y el sudeste asiático se transformaron automáticamente en destinos de fácil acceso.

Un depósito de materiales contaminados con escaso control 

El Convenio de Basilea es un acuerdo entre 170 países miembro de Naciones Unidas vigente desde 1992 con el fin de proteger el medio ambiente y la salud humana de los efectos nocivos provocados por el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. En 2019, mismo año en el que Mauricio Macri autorizó mayor importación de basura al país, se aprobó una enmienda para incluir a ciertos plásticos a la lista. 

La enmienda entró en vigencia el año pasado y pone nuevamente en discusión el tratamiento de los residuos plásticos. La crisis climática y el efecto que tiene en diferentes comunidades, las lleva muchas veces a aceptar situaciones peligrosas, por lo que la enmienda “contempla la regulación de ciertos artículos de plástico, cuyo reciclaje o incineración es muy tóxica”, explica Ruiz

Se ha comprobado a través de las propias empresas importadoras, que la mayoría de los residuos que llegan a destino, lo hacen contaminados, sucios o mezclados. “Las empresas están trayendo residuos de afuera y lo preocupante es que el 50 por ciento de un contenedor que entra es descarte, no se puede utilizar. A pesar de ello, la importación es tan barata que a las empresas les conviene igual. Estas transacciones no se dan de gobierno a gobierno, son entre empresas privadas, por ello el papel de nuestros gobiernos es regular qué es lo que está llegando”, advierte Ruiz.  

Además de la contaminación generada por el mal tratamiento de los residuos y la lógica de producir a bajo costo, este tipo de comercio contribuye con la crisis climática por todas las emisiones y el combustible en el transporte que se emplea para el traslado del material. “Los lugares donde se asientan vertederos a cielo abierto o incluso cuando quieren hacer un relleno sanitario y expulsan a las familias que viven ahí, son zonas de sacrificio, como cuando queman los residuos en una planta cementera o tienes de vecina a una empresa petroquímica”, alerta Ruiz y sentencia: “Allí se están violando los derechos humanos, el derecho a un ambiente sano, a la salud y a una alimentación sana”.