Fue lo dicho por el Presidente de los Diputados, que salió a hablar de la posibilidad de convocar de urgencia a extraordinarias, y fue el Defensor del Pueblo, destacado hombre del radicalismo, que aludió a la baja calidad institucional poniendo en la mira nada menos que al Superior Tribunal, desnudando las severas contradicciones de un fallo conocido en las últimas horas.

Más allá de los nombres propios y de que sea una causa emblemática cuyas particularidades son en general desconocidas, ayer el Defensor del Pueblo levantó ostensiblemente su perfil para referirse a la notable desprolijidad de un fallo del Superior Tribunal que conmovió al mundo tribunalicio, más por las formas que por el fondo respecto del cual resulta difícil opinar sin conocimiento de actuaciones en sí complejas de notable extensión.

Lo que sí es cierto es que nuevamente el Superior dio la nota. Desde días o semanas atrás era un secreto a voces, ampulosamente amplificado por los voceros de la cúpula tribunalicia, que a fuego lento se cocinaba un nuevo fallo que apuntaba al ex hombre fuerte de Corrientes.

Lo grave, extremadamente grave del caso, es que nuevamente asoma con nítida claridad la violación de formas esenciales del procedimiento, con claro menoscabo de garantías constitucionales que hacen al debido proceso y al derecho de defensa en juicio.

El Defensor del Pueblo pone el acento en la contradicción que implica que hayan votado dos camaristas que, a estar de anteriores actuaciones en la misma causa, debieron inhibirse como con criterio lo hicieron los doctores Fernando Niz y Alejandro Chaín. Aludió así a un aspecto procedimental que forma parte del "ABC" del Derecho Procesal Penal.

Aun así corresponde poner de manifiesto algo quizás más grave aún, no sin antes señalar un hecho que puede considerarse auspicioso y que es que esta vez, sabe Dios por qué razones, han votado la totalidad de los ministros del alto cuerpo, fijando un precedente que se da de bruces con fallos precedentes en que sistemáticamente asomaron mayorías circunstanciales que desvirtuaron el carácter de órgano colegiado conformado por cinco miembros.

Así como después de mucho batallar en que se aclare la situación del ministro Codello, finalmente el Superior, tardíamente con fecha 22 de noviembre, sacó a relucir en un acuerdo de ministros el otorgamiento de una licencia dada a posteriori, desde el 31 de agosto; y actualmente, nuevamente vencida sin prórroga aún concedida, lo mismo podría decirse de este sorprendente cambio de rumbo de la Corte local, que alumbró este último fallo con el voto de los cinco ministros, aun cuando todos los votos fueron exactamente en el mismo sentido. Un 5 a 0 que mostró unanimidad de los supremos a la hora de decidir; pero que, como se dijo precedentemente, contraría precedentes anteriores en los que se bajó la cortina con sólo tres votos positivos.

En el marco del análisis de este último fallo, nadie entiende por qué nuevamente Rubín, aun votando los cinco, lo hace en segundo término después de Semhan. Y por qué el borrador de ambos circuló con desparpajo aun antes de que se integre y quede firme dicha integración, encontrándose los ministros subrogantes con un proyecto ya hecho y agregado a la causa.

Si las cosas se hubieran hecho bien, lo primero era integrar el tribunal, y una vez que quede firme la constitución del mismo girar la causa para que el ministro encargado del primer voto haga un proyecto que luego debiera pasar a cada uno de los tres restantes, según un orden determinado en sorteo público, quedando para el Presidente el último voto. De hecho no ha sido así. Semhan y Rubín, desde hace al menos tres semanas podría decirse, estaban a la caza del tercer voto para bajar la cortina.

En los hechos, y sin opinar sobre la cuestión de fondo, por sí extensa y compleja, lo que asoma es una terrible animosidad y una inaceptable arbitrariedad por la reiterada violación de los principios del debido proceso, con claro menoscabo a garantías constitucionales.

De la forma cómo se plantee la cuestión en los estrados del más alto Tribunal de la Nación dependerá que se revoque esta sentencia, amañada en sus formas, donde quizás lo menos importante sea el análisis de la justicia, o no, del fallo en lo que es la materia de fondo, sino la grosera violación de garantías constitucionales como lo reconoce el Defensor del Pueblo.