Por María Belén Robledo.

“Nuestro objetivo es reducir los índices de reincidencia, apostar a una política de seguridad desde otra perspectiva, entendiendo que la política penitenciaria y postpenitenciaria debe ser una sola”, dice Nora Calandra, la funcionaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense que encara los programas y políticas que buscan ofrecer a quienes dejan las cárceles una alternativa de vida que tenga al trabajo como eje rector.

Calandra está a cargo de la Subsecretaría de Inclusión laboral y Comunitaria de Personas en Conflicto con la Ley Penal, dependiente de la cartera que conduce Juan Martín Mena. La política pública más fuerte es la de los 12 polos industriales destinados a promover la inclusión laboral y social de las personas que dejan la cárcel o quienes están a poco de hacerlo.

“Fomentamos el trabajo, la capacitación, la educación y el proceso de pre-egreso dentro de la cárcel. Desde acá podemos fomentar la cultura de trabajo dado que muchas personas no tuvieron la posibilidad de capacitarse, pero no debe quedar solo en el contexto de encierro porque una persona que recupera la libertad no puede atravesar ese proceso en soledad”, evaluó la funcionaria en diálogo con Buenos Aires/12.

Son 650 las personas que actualmente se desempeñan en los polos distribuidos entre Lisandro Olmos, Los Hornos (2), Florencio Varela, Magdalena, Campana, Barker, Merlo (en contexto de encierro) y en Lanús, Almirante Brown y Pilar (para liberados). El más grande está en la Unidad 1 de Olmos, que es donde se produce el kit Qunita, destinado a madres y bebés en situación de vulnerabilidad. Además, se proyecta la puesta en marcha de espacios similares en las unidades penitenciarias de Romero, Batán, Azul y Lomas de Zamora.

“Esa persona va a volver a su barrio y tiene que tener las herramientas para volver de otra manera. Si una vez que cruza la reja no tiene la posibilidad de aplicar lo que hizo, es en vano la inversión que se hizo. Por eso decimos que esos procesos se deben hacer en cogestión con organizaciones sociales, ONGs e iglesias que hace tiempo vienen pateando el territorio y que llegan muchas veces donde el Estado no llega, donde hay mucha gente que la está pasando mal y está enojada con el Estado, pero le abre la puerta a sus pares porque entienden lo que pasa”, describe Calandra. “Esto es una práctica efectiva, podemos llegar a las personas de otra manera”, asegura.

El último polo en inaugurarse fue el de Pilar, que funciona en un predio de 1.200 m² y cuenta con naves productivas de herrería y bloquera, oficinas administrativas y sociales, comedor, vestuario y equipamiento especializado.

Allí se desempeñan más de 30 trabajadores, incluyendo los que hacen tareas de producción en bloquera y herrería, administración, logística y acompañamiento social a través de equipos sociales y Promotoras Territoriales.

Por ejemplo, en ese municipio hay 1196 personas privadas de libertad, de las cuales 161 están bajo arresto domiciliario y, en el marco del trabajo desarrollado en el polo, se dio acompañamiento a más de 120 personas y sus familias por medio de visitas domiciliarias, acompañamiento en situaciones de violencia de género, asistencia alimentaria, el abordaje de situaciones de salud y consumos problemáticos, entre otros.

La funcionaria destacó que en el marco de estas capacitaciones y trabajos, los internos tienen horarios, obligaciones y producciones concretas con las que cumplir en un plazo determinado. “El trabajo es ordenador de la vida, pero entendiendo que son personas con historias muy complejas, se tienen que abordar varios puntos. Requiere de un abordaje integral para que la persona pueda tener un proyecto de vida en libertad”, postuló.

En esa línea valoró el caso de un joven que cumplió condena en la unidad penitenciaria de Sierra Chica, donde recibió capacitaciones del programa en articulación con una cooperativa de reciclado de residuos eléctricos y electrónicos y que, tras recuperar la libertad, se incorporó a trabajar con sus formadores. Otros aplicaron la experiencia en la formación de emprendimientos individuales o familiares de manera particular, que es lo que sostiene sus vidas.

Claro que el trabajo que realizan estas 650 personas alcanzadas por el programa tiene una remuneración. “Así se construye la identidad trabajadora, sabiendo que su esfuerzo vale”, subrayó Calandra. A la vez, se ve en casos concretos como los 800 kits Qunita que llegan de manera semanal a los hospitales, en los guardapolvos para chicos de las escuelas vulnerables o mobiliario urbano como baldosas con las que los municipios embellecen sus principales avenidas. “A veces llega un relato más violento o estigmatizante de lo que pasa en las cárceles, pero nosotros tenemos bien identificado que cuando hay más actividades los índices de violencia entre los internos se reducen porque están ocupados en eso, proyectan su vida y es una pauta que los prepara para el afuera”, sumó.

“Quienes critican por los medios no conocen lo que pasa en las cárceles, las posibilidades que hay. El trabajo es una herramienta transformadora de la vida para una persona que eventualmente va a recuperar su libertad. Hay mensajes que no tienen fines positivos. Nosotros fomentamos el trabajo y que sean parte de un proyecto colectivo porque nadie se salva solo. Yo vengo de esa experiencia colectiva. Criminalizar el ser parte de una organización donde se piensa en una comunidad organizada no suma en nada”, sostuvo la funcionaria.

Las promotoras, del barrio para el barrio

Desde la subsecretaría tienen como factor de relevancia para el funcionamiento del programa y la reducción de los índices de reincidencia el rol que llevan adelante las promotoras territoriales, un grupo de mujeres que van casa por casa a dar una mano fundamentalmente a otras mujeres que atraviesas condenas en sus hogares.

Así como también hay acompañamiento social de trabajadores liberados, las promotoras acompañan a mujeres en situación de arresto domiciliario. “A veces se asume que estando en su casa están mejor, pero hay casos en los que eso está lejos de ser así porque son mujeres pobres, muchas veces captadas como el último eslabón descartable y reemplazable del narcotráfico, que se ven en situaciones extremas”, marcó Calandra.

Al momento, este programa alcanza a 410 casos en 17 municipios y, como es extensivo al núcleo familiar, alcanza a 730 niños, niñas y adolescentes. El acompañamiento puede incluir, por ejemplo, hacer alguna gestión en la escuela de los chicos dado que sus madres no pueden dejar el domicilio, pero hay casos de un involucramiento tal que estas mujeres hasta llevan a los chiquitos a la escuela.

“De ninguna manera lo romantizamos, pero hay un tejido social fragmentado y que se sigue rompiendo con la falta de políticas públicas y de inversión del Gobierno Nacional. Por eso la cogestión entre políticas provinciales, con municipios y organizaciones sociales es efectiva y da buenos resultados”, cerró Calandra.