Con la oposición del radicalismo y Unidos por Río Negro, la Legislatura aprobó ayer en primera vuelta un proyecto de ley que establece la restitución para el Estado de casi 25.000 hectáreas fiscales ubicadas en la meseta de Somuncura, que fueron transferidas de manera presuntamente irregular por el gobierno de Miguel Saiz. Por ese hecho el exmandatario, su exministro Juan Accatino y los exresponsables del área de Tierras, Jorge Belacín y Daniel Tait están imputados penalmente ante la justicia.

El argumento del radicalismo para rechazar la iniciativa fue justamente adherir a la idea de que aprobar esta ley podría significar exceder la facultades de la Legislatura y obstaculizar las acciones penal y civil incoadas en el ámbito judicial. Para fundamentar tal postura, el exsecretario general y actual legislador radical, Francisco González, leyó una nota del fiscal de Estado Pablo Bergonzi en la que el titular del organismo de control desaconseja esa aprobación, debido a que podría perjudicar el éxito de los trámites judiciales.

La lectura de ese escrito provocó incomodidad en los legisladores oficialistas. Para Ana Piccinini, del bloque Eva Perón, la acción de González fue una "preconstitución de prueba" y acusó al exfuncionario de Saiz de "haber sido parte de los principales decisores" de la anterior gestión. "No estamos preocupados –por el futuro de las causas penales–, los que deben estar preocupados, son Saiz, Accatino y quienes estafaron a los ciudadanos rionegrinos", afirmó. En relación a la nota de Bergonzi, Piccinini indicó que el fiscal de Estado "no es asesor de esta Legislatura" y le deseó "éxito en la cruzada ante la justicia".

Silvia Horne, Martín Doñate, Arabella Carreras y Pedro Pesatti destacaron la normativa y garantizaron que se analizarán modificaciones entre las primera y segunda vueltas.

Magdalena Odarda y César Miguel, que defendieron el proyecto, resaltaron que en el 2006 se adjudicaron casi 25.000 hectáreas a 9,18 pesos cada una en favor de dos pobladores del lugar, pero que luego de un breve tiempo, se autorizó su transferencia a la empresa El Tomillar SA, presidida por Mauricio Montes.

Otro proyecto destacado, tratado en primera vuelta y también aprobado por mayoría, en este caso con la abstención del bloque Eva Perón, fue el que establece la transformación del Juzgado Correccional Nº 6 en un tercer Juzgado Penal. Para el bloque disidente del Frente para la Victoria, la iniciativa debería incorporar la opinión del Superior Tribunal de Justicia que es el que maneja su presupuesto.

También se aprobó el proyecto del legislador del FpV, Martín Doñate, que establece la creación de dos juzgados de Primera Instancia en la Segunda Circunscripción Judicial, con competencia en materia de Familia, y con asiento en Villa Regina y en Luis Beltrán. Esto permitirá descomprimir el juzgado Civil, Comercial, Familia y Minería.