La jueza federal María Servini de Cubría suspendió el trámite de la causa en que se analiza si fue regular o no el financiamiento de la campaña electoral 2007 del Frente para la Victoria que llevó a la presidencia a Cristina Kirchner. De este modo evitó aprobar el informe final de gastos del oficialismo en las últimas elecciones presidenciales.

La magistrada -según revelaron a LA NACION fuentes judiciales- decidió dejar congeladas las actuaciones hasta tanto se resuelvan las causas penales donde se investiga si se lavó dinero de diversos delitos relacionados con la mafia de los medicamentos al introducir esos fondos como aportes electorales. Esa causa la tiene en sus manos el juez federal Norberto Oyarbide.

Al mismo tiempo hay otra causa penal abierta sobre los fondos electorales. La investiga el juez federal Ariel Lijo, quien -entre otras cuestiones- averigua si hubo empresas que aportaron dinero para la campaña electoral que luego se fueron beneficiadas en negocios con el Estado.

La jueza Servini de Cubría siguió el mismo criterio que el fiscal electoral Jorge Di Lello, que había recomendado suspender el asunto hasta tanto las causas penales tengan algún final. De este modo, la jueza cumplió con la indicación que le había realizado la Cámara Nacional Electoral para que cumpliera con la aprobación o no de los balances de gastos de campaña que presentaron las agrupaciones políticas y que todavía estaban sin definición.

El origen de los fondos que usó el Frente para la Victoria en su campaña presidencial 2007 está atravesado por varios escándalos:

* l La valija con que trajo al país Guido Alejandro Antonini Wilson con casi 800.000 dólares que supuestamente estaban destinados a esa campaña electoral.

* l Los aportes de las droguerías mencionadas en la causa de la mafia de los medicamentos, en particular Global Pharmacy, Multipharma, Unifarma y Seacamp, de Sebastián Forza, asesinado en el triple crimen de General Rodríguez por sus nexos con el tráfico de efedrina.

* l Aportantes fantasma, ya sea porque negaron su condición de contribuyentes a la campaña o porque su situación fiscal hacía improbable que pudieran disponer del dinero entregado al partido.

La Cámara Federal incluso encomendó al juez Oyarbide que investigara el delito de lavado de dinero en su causa y la Unidad de Información Financiera (UIF) está trabajando en esas actuaciones.

Rodríguez Saá, reprobado

Servini de Cubría, en otra resolución, decidió sancionar a la agrupación que llevó al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, por los aportes que recibió para la campaña electoral en la que se presentó como candidato a presidente. La sanción, que consiste en la imposibilidad de recibir aportes del Estado en futuras elecciones, se aplica a la alianza Unión y Libertad, conformada por los partidos Unión y Libertad y la Ucedé.

Las razones que esgrimió la jueza, en consonancia con el dictamen del fiscal Di Lello, se basan en que entre los aportantes aparecen empresas que fueron o son concesionarias de la provincia y en que hubo gastos publicitarios realizados y que no fueron declarados.