En medio de un tenso ambiente generado por la continuación de las protestas callejeras, Nicolás Maduro y la oposición iniciaron anoche un inédito proceso de diálogo para hallar una salida política a la aguda polarización del país, que desde febrero se ha cobrado 39 vidas en choques entre opositores, policías y parapoliciales filochavistas. Pero el intento, que fue transmitido por TV en cadena nacional en su ronda inaugural, parecía estar totalmente minado.

Eso es lo que se percibía antes del inicio de las reuniones a partir de los recelos mutuos y la cantidad de obstáculos surgidos que complican el camino a recorrer. Al cierre de esta edición, durante casi una hora de discurso, el presidente aludió a esos problemas al afirmar que se trataba de “un encuentro necesario, un encuentro por la paz” en el Palacio de Miraflores. El nuncio apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, como “testigo de buena fe”, leyó una carta que envió el papa Francisco a Venezuela.

“Estoy plenamente convencido de que la violencia nunca podrá traer paz y bienestar a un país porque sólo genera violencia”, expresó el pontífice en la misiva. El diálogo, promovido por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuenta también con la mediación de los cancilleres de Brasil, Ecuador, y Colombia.

Una muestra de los grandes obstáculos que deberán salvarse surgió de inmediato en las rondas preparatorias cuando la alianza opositora agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) planteó cuatro condiciones para sentarse a dialogar. La primera de ellas es la liberación o amnistía general de los arrestados por las protestas. Según sus líderes, podría aceptar que ese proceso ocurriera en cuentagotas, por ejemplo, a través de la liberación como gesto de buena voluntad del comisario Iván Simonovis –detenido desde 2004 y acusado de “delitos de lesa humanidad” no probados– y del jefe del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, encarcelado desde hace un mes por supuesta instigación de las protestas callejeras. La oposición denunció que hay un millar de detenidos por las marchas, entre ellos, varios alcaldes antichavistas.

Pero antes de que comenzara la reunión de anoche, el partido Voluntad Popular denunció que el oficialista grupo Tupamaro –integrante de los grupos armados que apoyan al gobierno y a los que se atribuyen varios asesinatos de manifestantes– solicitaba su ilegalización.

Este choque de reclamos es sólo un botón de muestra de la enorme distancia que separa a los extremos. Voluntad Popular, un importante miembro de la MUD, es el partido que más daño sufrió con el acoso y la persecución ordenada por el presidente Maduro por impulsar las protestas. Además del arresto de López, tienen orden de captura dos de sus principales dirigentes –Carlos Vecchio y Antonio Rivero– y dos de sus alcaldes han sido encarcelados y destituidos de sus cargos por apoyar las manifestaciones en sus respectivos distritos de trabajo. Las otras condiciones de la oposición son el fin de la represión a las protestas, la renovación judicial y el desarme de los grupos filochavistas.

La reunión de Miraflores no cuenta con el apoyo del movimiento estudiantil y es cuestionada por líderes opositores como la diputada recientemente desaforada María Corina Machado y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Ambos afirman que dialogar sin liberación de detenidos y desarme es darle oxígeno al gobierno en su peor momento en 15 años de gestión, con una crisis económica feroz y una inédita pérdida de credibilidad externa.