Por

Eugenia Rodríguez

Mientras el Gobierno Nacional prioriza un esquema económico que beneficia principalmente a los grandes complejos exportadores, las economías regionales atraviesan uno de los momentos más delicados de la última década. La combinación de concentración en las cadenas productivas, costos logísticos y de servicios en alza, apertura desregulada de importaciones y una fuerte caída del consumo interno está asfixiando a los pequeños y medianos productores en todo el país. Datos recientes confirman la magnitud del problema: más de la mitad de las economías regionales se encuentra en estado crítico.

Lejos de tratarse de una coyuntura aislada, la crisis tiene raíces profundas. La mayoría de los sectores pasó más de la mitad de los últimos diez años en situación de alerta o directamente en rojo, pero el deterioro se aceleró en el actual programa económico. La pérdida de rentabilidad, el atraso cambiario, la falta de financiamiento y el retiro del Estado de áreas clave terminaron de agravar un escenario que ya era frágil. Entre las más comprometidas aparecen la yerba mate, el vino y el mosto, la papa, el arroz, el algodón y distintas producciones hortícolas.

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Todo ello da lugar a un proceso de descapitalización y expulsión de pequeños productores que amenaza no solo la continuidad de estas economías, sino también el empleo, el arraigo territorial y la diversificación productiva.

Una década de crisis potenciada en dos años

Las economías regionales están en una situación crítica debido al impacto negativo generado por la caída sostenida del consumo interno, bajos precios al productor y pocas señales de recuperación, con el golpe extra de la apertura desregulada de importaciones. Se trata de actividades heterogéneas, intensivas en capital y trabajo, con ciclos de inversión largos y retornos diferidos, que requieren la alineación entre costos, precios y acceso al crédito. Sin embargo, gran parte de estos sectores atraviesa crisis recurrentes: al menos 8 de las 19 economías regionales más importantes del país pasaron más de la mitad de la última década en rojo. 

Entre las más comprometidas aparecen la vitivinicultura y los cítricos dulces, que estuvieron en crisis cerca del 70% del lapso de tiempo entre 2016-2025. Detrás se ubican la lechería y el arroz, con 63%, y luego la producción ovina, junto con peras y manzanas y papa, que rondaron el 55% del período en esta situación. Así se desprende de un informe presentado por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), que analizó factores como precios al productor, costos, mercado local y exportaciones. Solo mostraron mejores resultados las carnes, la producción manicera y los granos.

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Sobre la situación presente, el último relevamiento publicado por dicha entidad en noviembre pasado evidenció una profundización de la crisis de la yerba mate que, junto con arroz, papa, vino y mosto, hortalizas, y algodón aparecen entre los más afectados. “En la mayoría de estos casos se registró un deterioro del componente de negocio, debido a que los precios percibidos por los productores quedaron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos, lo que provoca una pérdida de la rentabilidad y limita la recuperación de estas actividades”, explicó el documento. A su vez, hay un conjunto de actividades que, si bien tuvieron mejoras parciales, no lograron acompañar la inflación, sumado a los costos elevados. Tal el caso de la leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas.

Hay que considerar que, en materia de costos, estos sectores enfrentaron en los últimos dos años un fuerte encarecimiento derivado del aumento de tarifas energéticas, combustibles, insumos —muchos de ellos importados— y transporte. “Durante 2025, estos costos crecieron por encima del 50%, impulsado principalmente por la quita de subsidios a la energía, que además impacta de manera directa en la logística. Este incremento no guarda relación con la evolución de los precios de venta y deteriora la competitividad tanto en el mercado externo —como ocurre con el ajo frente a Brasil— como en el mercado interno, por ejemplo, en la producción de pulpa de tomate”, señalaron especialistas del Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino (IDAA).

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Por el lado de los precios, la desregulación y la apertura de importaciones, combinadas con la caída del consumo interno producto de la pérdida del poder adquisitivo del salario, generaron sobrestock en las cadenas comerciales. “Sectores como el vino o el durazno enfrentaron una sobreoferta que presionó los precios a la baja, ubicándolos incluso por debajo de los costos de producción. Lejos de fomentar eficiencia, esta dinámica erosiona la rentabilidad”, agregaron.  A esto se suma la falta de inversión del Estado nacional en infraestructura estratégica —caminos, conectividad, riego, energía y gas— y el debilitamiento de instituciones clave como el INTA, SENASA, INV, INASE o INAFCI, claves para la inversión en sanidad, calidad, innovación y trazabilidad, elementos centrales para la competitividad sistémica del sector.

Asimismo, en el caso de los productos exportables, el atraso cambiario actúa como un factor adicional de pérdida de competitividad. “Sin un tipo de cambio competitivo —y, en muchos casos, diferenciado— las economías regionales pierden mercados, empleo y valor agregado local, profundizando las asimetrías frente a los grandes complejos exportadores”, analizaron desde el IDAA. 

En relación, un aspecto no menor respecto del comercio exterior tiene que ver con que “la estructura exportadora muestra una alta concentración: el 76% de los ingresos provino en 2025 de los complejos granarios (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo), mientras que el 9,4% correspondió al sector bovino. El 14,6% restante, fue aportado por el conjunto de las demás economías regionales”, según se explicó en el informe de Coninagro al que accedió este medio.

Radiografía de las economías más golpeadas

Algunas cadenas productivas ya anotaron más de un año consecutivo en contracción -como la yerba mate y el vino y mosto- y otras llevan también más de doce meses sin poder superar la situación de alerta. 

Sobre ello, si se pone la lupa en una de las cadenas más golpeadas en este último tiempo se observa que la cadena yerbatera atraviesa desde la asunción del gobierno de Javier Milei un proceso de desregulación profundo iniciado con el DNU 70/2023 que introdujo derogaciones que limitaron las facultades de regulación del Estado. De hecho, debido a la desregulación de precios y la desarticulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) los pequeños y medianos productores, cerca del 90% del total, vienen enfrentando un juego desigual donde apenas 10 grandes molinos -que compran el 75% de la producción- determinan el valor de la materia prima.

Como resultado, en este tiempo, bajó considerablemente el precio que se paga por el insumo -por la desregulación y fuerte concentración del sector, y la importación de países limítrofes- afectando a la producción local y el empleo. Se suma que, en el marco de la política económica del Poder Ejecutivo, la suspensión de las percepciones de IVA y Ganancias para la importación de bienes de primera necesidad, afectó también a la yerba mate debido a los niveles inéditos de importaciones.

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“Los pequeños y medianos productores son hoy el eslabón más golpeado y expuesto del complejo yerbatero. En la región existen alrededor de 12.000 productores, de los cuales el 60% trabaja con menos de 10 hectáreas. Si bien el costo de producción de un kilo de hoja verde puesta en secadero se ubica, según la matriz de costos del INYM, en alrededor de $424 por kilo (valor referencial a oct/25), la industria paga a los productores precios muy inferiores, por ejemplo, entre $250 y $300 por kilo, lejos de lo necesario para cubrir gastos de producción y garantizar renta”, señalaron las especialistas Cecilia Bila y Adriana Azcorra en un informe sobre la situación actual del sector.

La caída del precio real durante los últimos años pulverizó los ingresos y puso en jaque la continuidad de cientos de explotaciones familiares que históricamente sostuvieron el territorio rural en la Región Noreste (NEA). Como resultado la cadena yerbatera enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente: “las decisiones tomadas desde el Ejecutivo no solo reordenaron el sector hacia una lógica de concentración, sino que pusieron en jaque la sostenibilidad misma de un complejo productivo que, durante décadas, funcionó como motor de desarrollo local. Si no se revierten estas políticas, el futuro de la yerba mate quedará marcado por la pérdida de diversidad productiva, el desmantelamiento territorial y la consolidación de un modelo que beneficia a unos pocos a costa de las mayorías”, indicaron las investigadoras. 

Por su parte, en el caso de las demás economías fuertemente afectadas preocupa también la situación del vino y mosto. Los datos recientes de Coninagro evidenciaron que el precio promedio pagado al productor se contrajo al cierre del año, en tanto que el área destinada a la vitivinicultura reflejó una disminución del 2% respecto del período previo, el consumo interno en 2025 se ubicó 4% debajo del lapso anterior, y si bien las exportaciones crecieron 15% interanual, en contraste, las importaciones alcanzaron un alza del 129%.

En el caso del algodón, el precio al productor, tuvo una variación interanual del 7%, muy por debajo de la inflación del 31% registrada en el mismo período. Para la campaña 2025/26 se espera una caída en la superficie sembrada, a la vez que, en los últimos doce meses, el complejo algodonero exportó un 7% menos que en el período previo (las importaciones se incrementaron un 133%). A su turno, la actividad arrocera también exhibió un deterioro en el precio al productor (-36% interanual) y las primeras proyecciones para la campaña 2025/26 estimaron un 17% menos de producción que la campaña pasada. Finalmente, en el caso de la papa, lo que más alarma es la fuerte caída del precio al productor que alcanzó una contracción real del 54% interanual. En comercio exterior, los últimos doce meses las exportaciones registraron un incremento del 16% y las importaciones una baja del 41%.

En definitiva, el deterioro de las economías regionales no es solo el resultado de variables coyunturales, sino la expresión de un modelo productivo que profundiza la concentración y debilita a los actores más pequeños. Sin políticas diferenciadas, sin infraestructura, sin financiamiento y con un Estado que se retira de la regulación y el acompañamiento técnico, estas actividades pierden competitividad frente a los grandes complejos exportadores. El riesgo no es únicamente económico: lo que está en juego es la continuidad de miles de productores, el empleo a lo largo y ancho del país y la diversidad productiva que sostiene el entramado federal argentino.