El máximo referente de la agrupación Causa Popular, Antonio Muñiz, fue cesado en sus funciones como interventor en la Dirección de Administración Contable, Mantenimiento y Servicios Generales del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, de la vecina ciudad de General Rodríguez. Según supo este medio, las causas se remontan a los días en que empezaba a definirse el escenario político del kirchnerismo local de cara a las próximas elecciones legislativas, cuando el sector que encabeza Muñiz manifestó públicamente su trabajo dentro de la estructura de Compromiso Peronista, el espacio que conduce Ariel Notta.

Cuando los intentos de unidad comenzaron a mostrar signos de estancamiento y empezaba a quedar claro que la disputa central iba a darse entre el sector de Notta y el de Boto en alianza con el princismo, se instaló el rumor de que los dirigentes integrados en Causa Popular se verían obligados a encolumnarse detrás de Leonardo Boto. En este contexto, Muñiz habría sido conminado a apoyar la lista del secretario ejecutivo del Improtur desde las más altas esferas del gabinete nacional, de cuya órbita depende el nosocomio ubicado sobre la ruta 24. Según trascendió, algunos dirigentes se mostraban disconformes con que Muñiz hiciera uso de su posición para filtrar recursos destinados a apoyar a un candidato que tildaban de sciolista.

Como gesto de conciliación, Boto le habría ofrecido a Ignacio Pedotti, joven militante de Causa Popular, un lugar en la lista de precandidatos a concejales titulares, oferta que Pedotti rechazó. No obstante, apenas se conoció el escenario final, Boto declaró a este medio que había logrado un acuerdo con el princismo y Causa Popular. En contraposición, en los primeros afiches que distribuyó el sector de Ariel Notta figuraba el nombre de Causa Popular, expresando a las claras las tensiones expuestas.

Finalmente, a partir de estas idas y venidas, se terminó de confirmar que el viernes pasado fue el último día de Antonio Muñiz al frente del Hospital Baldomero Sommer. Había sido designado en octubre del año pasado a través de un decreto que llevaba la firma de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y del ministro de Salud, Juan Manzur.