Como para que no quedaran dudas sobre la posición del Gobierno, fue Néstor Kirchner el que lanzó la advertencia. "Si yo fuera presidente, la vetaría", afirmó el diputado nacional, que no participó anteayer de la sesión en la Cámara baja, en la que se aprobó el proyecto por 139 votos contra 90.

Con la presidenta Cristina Kirchner en Canadá, donde intervendrá este fin de semana en la reunión del G-20, las declaraciones de su esposo cobraron mayor relevancia. El proyecto deberá ser tratado aún por el Senado, donde las opiniones están muy divididas.

"Si me llegara un proyecto de este tipo, si lo tuviera que vetar, lo vetaría sin problemas", sostuvo Kirchner en declaraciones periodísticas, después de reunirse con un grupo de 15 embajadores de los países que integran la Unasur.

Además, se quejó de los "festejos" de la oposición, que ayer logró aprobar la iniciativa que directamente elimina la facultad del Poder Ejecutivo de reasignar partidas presupuestarias.

La amenaza del Gobierno se interpretó también como un factor de presión a los senadores, ante la paridad de votos que muestra la Cámara alta. Todo parecería indicar que el mensaje oficialista fue muy claro: en el caso de que la ley se aprobara, sería vetada.

La oposición salió rápidamente a responderle al ex presidente. "Sería una irresponsabilidad vetar la ley que elimina los superpoderes", advirtió ayer el diputado Adrián Pérez, jefe del bloque de la Coalición Cívica.

Elisa Carrió manifestó que la amenaza del ex presidente "va a paralizar la Nación y las instituciones, a cuenta y riesgo de su propio poder", y el diputado Gustavo Ferrari (PJ Federal) sostuvo que "un veto presidencial demostraría que el Gobierno quiere gestionar sin el Congreso".

La advertencia de Kirchner confirmó la especulación que, más temprano, había hecho la diputada oficialista Diana Conti: declaró que si tuviera que aconsejar a la Presidenta le diría que vetara la ley una vez aprobada. "En el Congreso no debemos subestimarnos [para ejercer el control presupuestario]", se defendió Conti, en línea con lo que había deslizado el jefe de bloque de los diputados kirchneristas, Agustín Rossi, anteanoche, tras la media sanción.

La Casa Rosada ya aplicó el veto después de perder la mayoría en el Parlamento tras las elecciones del 28 de junio pasado. Primero usó esa facultad para dar marcha atrás con la emergencia agropecuaria para la provincia de Buenos Aires, un proyecto del diputado Francisco de Narváez (PJ Federal), y después para modificar parte de la ley de reforma política que beneficiaba a los partidos más chicos.

Tampoco el método de advertencia que utilizó ayer el Gobierno es nuevo. Cristina Kirchner ya había apelado a la misma fórmula cuando se debatía la reforma al impuesto al cheque, impulsada por la oposición, que le quitaba recursos al Poder Ejecutivo en beneficio de las provincias.

"La Presidenta tiene los atributos necesarios para profundizar la gobernabilidad; yo apoyo incondicionalmente a la Presidenta", dijo Kirchner, quien fustigó a la oposición: "Cuando se tienen responsabilidades institucionales, festejar ser una máquina de impedir es tener poca visión estratégica".

La preocupación de la Casa Rosada es que ante la falta de certeza sobre la cantidad de votos en el Senado, se complique la posibilidad de insistir en el proyecto del Poder Ejecutivo, que ya había recibido media sanción de la Cámara alta y que establecía un tope del 5% para distribuir por parte del Gobierno.

Esa iniciativa había sido enviada por la Presidenta el año pasado, como respuesta al creciente debate instalado por la oposición para limitar las facultades de disponer de los recursos sin intervención del Congreso.

La estrategia oficial

Según confiaron fuentes oficiales a LA NACION, la Casa Rosada intentará avanzar con su propio proyecto. Pero mientras se preparan para conseguir voluntades, ayer se decidió avanzar con la sugerencia del veto. Además, el arco oficialista apelará a la comparación con otras provincias e incluso con la ciudad de Buenos Aires para destacar que muchas administraciones tienen posibilidad de reasignar partidas con un tope del 5 por ciento.

El proyecto que aprobó anteayer la Cámara de Diputados deja sin efecto la reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera, por la que en 2006 se había hecho permanente la facultad de reasignar partidas presupuestarias por parte del jefe de Gabinete.

En el Gobierno preocupa, además, la decisión que se aprobó anteayer de que la Casa Rosada no podrá asignar sin acuerdo del Congreso los excedentes de recaudación no previstos al momento de la aprobación del presupuesto, que en los dos años de gobierno, Cristina Kirchner repartió a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU) y alcanzaron la abultada suma de 60.000 millones de pesos. En 2008 reasignó 36.000 millones y en 2009, 24.000 millones como excedente de recaudación.

Además, el proyecto le impide a la jefa del Estado usar, sin consentimiento del Congreso, recursos de otras fuentes de financiamiento, como el Banco Central o la Anses.

LOS VETOS

* Protección de glaciares: fue la primera ley que vetó la Presidenta, a poco de asumir. El proyecto había sido votado tanto por el oficialismo como por la oposición.

* Emergencia agropecuaria: se vetó el artículo cuarto de la ley 26.511, que suspendía el cobro de retenciones en los distritos bonaerenses declarados zona de desastre por la sequía.

* Reforma política: se vetó el plazo de dos años -pactado tras arduas negociaciones entre el oficialismo y la oposición- para que los partidos políticos se adaptaran a los requisitos de la nueva norma.

* Campo: en pleno conflicto con el sector, hubo más de una docena de vetos parciales, cuando se declaraban zonas de emergencia agropecuaria y/o desastre en algunas provincias, lo que agravó el enfrentamiento.