La Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de sus siete miembros comunicó oficialmente que se fijó para el 25 de marzo a las 10 la presentación del informe sobre las acciones y la situación de las comunidades aborígenes del Chaco. Asimismo dejan claro que tanto el Estado provincial como el nacional, tienen tiempo hasta el 20 de ese mes para presentar toda la información por escrito.
Destacaron que se notifica de la audiencia a pedido del fiscal de Estado chaqueño y en la misma se hace conocer de la audiencia al defensor del Pueblo de la Nación, a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich y al presidente del Idach a fin de que comparezcan personalmente al acto o para que indiquen quienes habrán de representarlos. Se hace saber además que con un mínimo de cinco días de antelación deberán presentar un informe concreto de la situación actual de las comunidades indígenas que habitan la región sudeste del departamento General Güemes y noroeste del departamento Libertador General San Martín, del cumplimiento de la medida cautelar dispuesta por la Corte mediante el pronunciamiento del 18 de septiembre de 2007 y de las demás actividades asistenciales implementadas en esa región.
Miembro informante
Cabe recordar que desde la provincia, el secretario de Planificación y Evaluación de Resultados, Raúl Codutti, ya había anticipado a NORTE que será el propio gobernador el que dará a conocer todas las acciones desarrolladas. “El gobernador pidió ser el miembro informante ante los jueces de la Corte Suprema. Va a exponer las acciones que se han desarrollado en las distintas jurisdicciones en forma conjunta con las acciones del gobierno nacional y explicar la estrategia de intervención de la provincia en El Impenetrable; al mismo tiempo se va a presentar las líneas de acción para este año a través de tres aspectos como son el programa de desarrollo productivo, el de infraestructura para el desarrollo de la producción y el tercero sobre desarrollo humano”. También dejó claro que se están ajustando los mecanismos de articulación con las distintas jurisdicciones para tener una estrategia unificada y no aisladas.
Hace dos años
Esta medida cautelar tiene origen en la denuncia hecha por el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, cuando indicó que era un “verdadero exterminio” y una “profunda crisis humanitaria” la que se vivía en esta zona a partir de un informe hecho cuando las muertes de una veintena de aborígenes, entre ellos niños y adultos desnutridos, coparon los medios de circulación nacional e internacional.






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