Todo parece permitido, todo es posible. Las imágenes de TV y las crónicas periodísticas reflejan, cada vez con más frecuencia, esos desbordes y dejan al desnudo una sociedad desarticulada, un tejido social deteriorado, una policía dubitativa y un gobierno desorientado sobre cómo restablecer el orden sin reprimir. Ese escenario, indica la experiencia argentina, es peligroso: los gobiernos se ganan en las urnas, pero también se deterioran o se pierden en las calles. Fernando de la Rúa no pudo controlar la calle; Eduardo Duhalde tuvo que anticipar las elecciones cuando la policía reprimió en exceso. Pero si el exceso es intolerable, la inacción también lo es.

En la tarde de ayer, el Gobierno comenzó a dar señales de preocupación y envió a la policía a restablecer el orden. Hizo lo que siempre debió haber hecho: asegurar la paz social, claro está, sin excesos, aunque la imagen de la policía retrocediendo por momentos ante la pedrada de los agresores es un dato que no puede pasarse por alto.

¿Existe en una democracia un camino para garantizar la tranquilidad y el orden sin reprimir? Sí, cumplir y hacer cumplir el Código Penal y, en general, todas las leyes.

El Estado de Derecho es la definición civilizada del poder y, si algo distingue al poder democrático del poder totalitario, es, precisamente, la obligación de todos, tanto ciudadanos como autoridades, de sujetarse a las leyes. Por cierto, no todos los magistrados son insensibles o están dispuestos a permanecer inactivos. Ayer, algunos de ellos se asombraban sobre la demora de las fuerzas de seguridad o de sus colegas para controlar los desbordes y hay jueces que, frente a distintos hechos, decidieron tomar cartas en el asunto: semanas atrás, la jueza de instrucción Vilma López procesó a los supuestos homicidas de Ferreyra y, anteayer, el juez federal Daniel Rafecas detuvo a uno de los organizadores de las usurpaciones del club Albariños. También ayer hubo detenidos.

Pero en la Argentina, por ahora, parece prevalecer la convicción generalizada de que todo es posible y que ningún desmán o delito será castigado. Si así fuera, habríamos traspasado un límite muy delicado: habríamos renunciado a vivir en un Estado de Derecho para pasar al Estado de anomia, a la ley de la selva.

Aplicar el Código Penal y, en general, hacer obedecer las leyes no es represión, al menos con la connotación negativa que sectores oficialistas le otorgan a este término. La gente no quiere represión. Quiere tranquilidad y justicia. Ese Código Penal dice claramente que la ocupación de una propiedad, la interrupción del servicio ferroviario, los daños a una estación de tren, a una vidriera o a cualquier propiedad, los golpes y agresiones a civiles o policías, la resistencia a la autoridad y otras acciones violentas constituyen delitos.

El Gobierno, encerrado en una falsa dialéctica que identifica represión de los delitos -el legítimo castigo de los delitos- con represión ilegal, pareció no percibir que contribuía al deterioro del tejido social. Ayer, tal vez, lo advirtió con claridad. Las imágenes de televisión fueron elocuentes.

En una democracia, todos, ciudadanos y el propio Gobierno, están obligados a respetar las leyes y, también a hacerlas respetar. Muchos sectores sociales reclaman por sus derechos, pero nadie debería hacer valer su derecho violando los de los demás. Los desmanes de ayer no son idénticos a los que se vivieron con De la Rúa o Duhalde, pero las imágenes sí se asemejan y reclaman una recomposición del tejido social.