Constitucionalistas advirtieron sobre el incumplimiento de una orden judicial; dirigentes opositores lo calificaron como un ataque a la libertad de expresión y apuntaron contra el Gobierno; la medida también afectó a otros matutinosFoto: Emiliano Lasalvia

El nuevo bloqueo contra la distribuidora Carlos Taboada, que afectó anoche la distribución de LA NACION y a otros diarios, generó un unámime rechazo por parte de constitucionalistas y dirigentes políticos.

Desde las 21.30 de anoche y bajo un clima de fuerte tensión, un grupo identificado con el sindicato de Camioneros bloqueó la distribuidora y perjudicó la distribución de LA NACION en el recorrido hacia el Sur, desde la Capital hasta La Plata, y hacia el Norte, desde la ciudad hasta Campana. Cerca de las 7.30, los manifestantes se retiraron del lugar.

El bloqueo afectó también la distribución de los diarios Clarín, Ambito Financiero, Crónica y Página12.

La medida fue encabezada por un grupo de aproximadamente 60 personas del sindicato de Camioneros, que se encargó desde esa hora de bloquear los dos portones de la distribuidora, ubicada en Luján 2757, impidiendo la salida de los 25 camiones que distribuyen el diario a las zona Sur y Norte del conurbano.

Asimismo, los manifestantes tampoco permitieron el ingreso y egreso del personal de la empresa. "Váyanse que hoy no se trabaja", advirtieron a los trabajadores que querían entrar a la distribuidora. El nuevo bloqueo afectó el reparto de 30.000 ejemplares.

Los vendedores de los puestos de diarios y revistas se acercaron personalmente a la distribuidora para retirar los ejemplares. Debieron soportar insultos de las personas que realizaban el bloqueo.

Repudio. Ante la consulta de lanacion.com , constitucionalistas y dirigentes políticos repudiaron la manifestación y apuntaron contra el Gobierno: atacaron a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, por incumplir una reciente orden judicial que prohibió que cualquier persona bloquee los accesos a las plantas impresoras.

"Es otra seria violación a la libertad de expresión. No sólo por parte de las organizaciones sindicales, sino también del Gobierno y de la Justicia", afirmó Daniel Sabsay. Y sostuvo que detrás del bloqueo "está la mano negra del Gobierno, que es cómplice" por incumplir con la orden emitida por el juez civil Gastón Polo Olivera, que prohibió que cualquier persona bloquee los accesos a las plantas impresoras y ordenó que la resolución se notifique, en forma personal, a la ministra de Seguridad para que tome las medidas que permitan cumplir ese fallo.

"Es un delito impedir la libre circulación de la prensa y es, además, una grave intolerancia impropia de la democracia", aseguró el abogado Gregorio Badeni. El constitucionalista se refirió al artículo 161 del Código Penal, que indica que "sufrirá prisión de uno a seis meses, el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o un periódico".

Además, Badeni señaló que "la orden del juez Polo Olivera ya había sido notificada a Garre que, por lo visto, no ha hecho nada para impedir el bloqueo". Y afirmó que es muy probable que el magistrado intime a la ministra para que explique su inacción".

El diputado Ricardo Gil Lavedra consideró que "los obstáculos a la circulación de diarios es una clara interferencia a la libertad de expresión. Pidió que el conflicto gremial de Camioneros sea resuelto por el Ministerio de Trabajo.

"Me sorprende la reiteración de este hecho sumado a la total inacción del Gobierno. Pareciera que sólo hay libertad de expresión para los medios amigos del oficialismo", lanzó.

La diputada Patricia Bullrich atacó al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, por su vínculo con Camioneros y con el oficialismo. "Es un sistema de extorsión permanente del sindicalismo para que exista una prensa distinta a la que quiere el Gobierno", sostuvo. "Hay una alianza entre Moyano y Garré para llevar adelante esta política", afirmó.

Sobre posibles nuevos ataques a las plantas de LA NACION, la legisladora de la Coalición Cívica estimó que "se puede esperar más de lo mismo". "Si no cumplimos las órdenes judiciales, estamos reducidos a un Estado con un sólo poder: el Ejecutivo".

En la misma línea, el diputado Gustavo Ferrari fue tajante: "Estos hechos desnudan la inacción estatal. En la Argentina no se cumplen las leyes". Y señaló que pese a la creación del Ministerio de Seguridad "no cambió nada, porque evidentemente la policía tiene orden de no intervenir".