Elisa Carrió y Fernando Sánchez, se presentaron ante la Justicia para evitar que el garante de la impunidad K asuma como presidente del órgano de contralor. Guillermo Michel, multidenunciado ex titular de la Aduana, lidera la designación de allegados al ex jefe de la AFIP, en el organismo público.
La decisión del gobierno nacional de avalar la llegada de Ricardo Echegaray a la presidencia de la Auditoría General de la Nación (AGN), causa indignación en la sociedad y la clase dirigente, que no acepta que el garante de la impunidad K durante la última década, quede al frente del organismo de contralor.
Tal es la sensación de indefensión, que los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez, presentaron ayer un recurso de amparo ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal, para evitar que el ex titular de la AFIP quede al mando del organismo público que, entre otras funciones, tendrá la tarea de auditar los últimos dos años de gobierno de Cristina Kirchner.
En su escrito ante la Justicia, los legisladores solicitaron que se “declare la nulidad de la Resolución Conjunta del Congreso de la Nación” que lo designa y a cuyo fin solicitaron que se habilite la feria judicial, y su argumento central se basa en que no es un personaje idóneo para el cargo y que no cumple con la Constitución porque tiene procesos judiciales pendientes.
En la denuncia se advierte que Echegaray “no es idóneo por haber violado el secreto fiscal y promovido la vulneración de la garantías del debido proceso penal en las causas penales que se utilizaron contra Carrió. Además, no cumple con los requisitos del art. 85 por la Constitución Nacional, en tanto el mismo cuenta con procesos judiciales pendientes”.
Los diputados de la CC-ARI solicitaron que se dicte una medida cautelar a fin “de suspender los efectos de la Resolución que lo designa, y notificar al Colegio de Auditores de la AGN, abstenerse de otorgar actos que requieran la actuación del nombrado como Presidente del organismo, hasta que se resuelva el fondo del asunto en el presente amparo”.
Falta de idoneidad
Carrió había enviado en su momento una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, para impugnar la candidatura de Echegaray al organismo de contralor y han sido constantes sus reproches a que el gobierno de Cambiemos aceptara al ex titular de la AFIP al frente de la AGN.
En diálogo con Hoy, Fernando Sánchez afirmó que “la designación de Echegaray tiene dos inconsistencias, una es que no reúne los requisitos exigidos por la Constitución para ejercer dicho cargo, y el otro es que el PJ tiene todo el derecho de designar a quien quiera, pero no puede designar cualquier cosa, tiene que designar un candidato idóneo que cumpla con todo lo que pide la ley, y en este caso él no los cumple”.
El legislador destacó que “si Echegaray es designado como el principal responsable del control del Estado, de lo que ya pasó y de lo que viene, y miramos lo que hizo cuando estuvo al frente de la AFIP, donde la convirtió en un organismo de persecución y de garantía de impunidad, las perspectivas de que se luche contra la corrupción son pocas”.
“Hay causales para su no nombramiento. Si hay una persona donde un juez y un fiscal federal están planteando que tuvo participación directa en una causa como la de Ciccone, para posibilitar que una empresa sea fraudulentamente vendida, resulta imprescindible por todos los medios legales impedir que asuma al frente de un organismo como la AGN”, resaltó Sánchez.
Cobijo corrupto
Como si no bastara con el arribo de Echegaray a la AGN, hay que sumarle que el garante de la impunidad K sumó a su equipo de trabajo en el órgano de contralor, a cuestionados personajes como el ex titular de Aduna, Guillermo Michel (Secretario Ejecutivo de la Presidencia), Silvana Quintero (Oficina de actuaciones colegiadas) y Roberto Propato (Secretaría Legal e Institucional).
Michel es un personaje denunciado por sus vínculos con la exSIDE, por haber orquestado decenas de empresas fantasmas, y por haber sido el responsable de numerosos operativos de aprietes orquestados desde la AFIP contra medios de comunicación independientes y jueces, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Además tiene vínculos con dos de los escándalos de narcotráfico que tuvieron lugar en Argentina durante la era K, como son las causas Carbón Blanco y la del Narcoarroz. Ese lazo se da a través de la abogada Ana Cristina Palesa, que certificó las empresas que actuaron para lavar el dinero narco, es la misma que aparece firmando en varias sociedades comerciales que integró Michel. Su labor en la Aduana fue calificada como desastrosa permitiendo el avance de la droga en el país.
Silvana Quintero, ex delegada de la Oncca (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) en Bahía Blanca cuando Echegaray era su director, es amiga íntima de su esposa, Silvana Oviedo. Estuvo involucrada en los subsidios truchos del organismo en el caso de la compra del campo "Haciendas Argentinas SA", donde una monotributista de la clase más baja, figuraba como su dueña, debiendo dar explicaciones de su labor en la Justicia.
Por su parte, Roberto Propato, es una de las personas de mayor confianza de Echegaray, a quien tuvo durante años como uno de sus asesores estrellas y es uno más de los cuestionados personajes ligados al ex titular de la AFIP que lo acompañan en su nueva tarea.
Causales de inhabilitación
Especialistas advierten que la designación de Ricardo Echegaray al frente de la AGN, viola diversos artículos de la Constitución nacional (16, 37,68 y 85), así como también el artículo 126 de la ley 24.156, que dice que “no podrán ser designados auditores generales, personas que se encuentren inhibidas, en estado de quiebra o concursados civilmente, con procesos judiciales pendientes o que hayan sido condenados en sede penal”.
Analizando las causas abiertas del ex titular de la AFIP en la Justicia, puede verse que se lo investiga por su participación en la causa Ciccone, donde el juez Ariel Lijo cuenta con “serias evidencias” del papel que jugó Echegaray desde el ente recaudador para llevar adelante la venta fraudulenta de la empresa.
Además, está seriamente involucrado en el caso de las facturas truchas a través de una usina en la ciudad de Bahía Blanca, donde interviene también el supuesto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez, y se averigua su papel como supuesto “encubridor” en la causa.
Finalmente, tiene abierta una causa por presunto enriquecimiento ilícito que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 a cargo del juez Sergio Torres.
“No nos cae en gracia su designación”
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estableció ayer la sensación que se vive en un fuerte sector de Cambiemos, al reconocer que la llegada de Echegaray a la Auditoría General de la Nación “no nos cae en gracia por varias razones que Echegaray asuma al frente de la Auditoría General de la Nación AGN, pero al no haber ningún hecho que se fundamentara, no pudimos seguir dilatando esa designación”.
Además, el miembro del gabinete nacional, sostuvo que “lo de Echegaray no fue fácil de asimilar para ningún representante de Cambiemos. Es un cargo de la oposición, en este caso del Frente para la Victoria por ser la primera minoría, ellos eligen y lo eligieron a él, así que habría que preguntarle a ellos por qué lo eligieron”.









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