Sin medias tintas, Aníbal Fernández afirmó: "Si hay que llegar al veto, se vetará en pos de proteger y cuidar los fondos de la Nación".

El jefe de Gabinete se mostró confiado en que en el Senado, que deberá debatir la iniciativa que ayer aprobó la Cámara baja, "se actúe con más racionalidad". "Creo que el proyecto se va a frenar sin ningún inconveniente. Pero si eso no sucediera, a la hora de proteger y cuidar los fondos de la Nación y el dinero de los trabajadores para poder cumplir y garantizarles a los jubilados que cobren, se vetará", remarcó en declaraciones a Canal 7.

El funcionario insistió en que la aplicación del 82 por ciento móvil a las jubilaciones "es de imposible cumplimiento".

"Preocupados". El ministro de Economía, Amado Boudou, por su parte, atacó directamente a la oposición. "Están tan preocupados por el tema de las candidaturas que están anticipando la etapa electoral, involucrando a los jubilados. Hay que dar pasos que podamos cumplir en el tiempo", se quejó el jefe del Palacio de Hacienda en declaraciones a radio 10.

Además rechazó las acusaciones respecto del uso de fondos de la Anses con fines electorales. "Son frases eslogan, rimbombantes que se tiran sin tener sustento", añadió.

En línea con Fernández, insistió en que la plata para solventar el aunento a las jubilaciones "no está".

El financiamiento, en la mira. La media sanción al proyecto en Diputados, se logró después de más de 13 horas de intenso debate. La votación en particular, sin embargo, se completará la semana próxima.

La iniciativa, que avanzó con 135 votos a favor y 88 en contra en su votación general -18 legisladores se abstuvieron-, propone fijar las jubilaciones en el 82% del salario mínimo de los trabajadores en actividad, por lo que, de sancionarse la norma, el haber mínimo pasaría de $1046 a $1426.

Además, se modificaría el índice de actualización semestral y se incrementarían las jubilaciones que habían quedado congeladas entre 1991 y 1995, y entre 2002 y 2006, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Suprema en el caso Badaro. El proyecto aprobado, promovido por el grupo compuesto por la UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica y Pro, propone recurrir al superávit de la Anses y, sólo para este año, a los excedentes de recaudación no previstos en el presupuesto.

Sin embargo, el diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur) propuso, con el respaldo del PS y el GEN, incorporar los artículos del dictamen de minoría que ellos emitieron para incluir como fuente de financiamiento el aumento de los aportes patronales para las grandes empresas para llevarlo a los niveles previos a 1993. Finalmente, se impuso la propuesta del primer grupo.

En números. De acuerdo con las estimaciones de la oposición, la medida demanda unos $ 30.000 millones adicionales y, según los cálculos del oficialismo, requiere unos $ 40.000 millones. En tanto, el superávit de la Anses ronda los $ 13.000 millones, y los excedentes de recaudación no previstos en el presupuesto, los 40.000 millones.

Falla en el sistema. Al momento del tratamiento en particular del proyecto, surgieron problemas técnicos en el sistema de votación electrónico. Como consecuencia, luego de tres intentos frustrados de votar un paquete con los artículos del 1 al 10, se votó a mano alzada. Sin embargo, pasadas las 3.30, al turno del polémico artículo 11, sobre las fuentes de financiación, se recurrió al voto nominal: los diputados eran nombrados alfabéticamente y debían pronunciar su voto a viva voz.