Sería un sacudón considerable para las ya muy desequilibradas cuentas fiscales bonaerenes. El presupuesto prevé un déficit corriente de $ 6.000 millones, que asciende a 10.700 millones con las obligaciones de la deuda: éste es el agujero que debe tapar Daniel Scioli. O uno bastante mayor, pues el programa no contempla ajustes salariales.

Por dos motivos, el 20% no es una cifra elegida al azar.

Primero, porque hacia esa cifra o más arriba avanza el proceso inflacionario. Y el costo de los alimentos ya está en 22% anual, según datos privados.

Segundo y consecuencia, porque alrededor del 20% gira el aumento que podría sellarse con los gremios docentes. En espejo, sería el que reclamaría el resto de los estatales: policía, administrativos y trabajadores de la sanidad, entre otros.

A su medida, todas las provincias están en el mismo trance que Buenos Aires. Ninguna incluyó mejoras de los sueldos en el cálculo de gastos. Y en la gran mayoría, la nómina salarial se consume el 50% del presupuesto.

Los gremios de actividades privadas ya empiezan a menear cuanto menos un 20%, en principio bastante más que el 15% imaginado por los empresarios. Y vendría con una cláusula gatillo vinculada a la inflación: todo un entuerto, pues no hay metro para medirla seriamente.

La inflación real entra al quinto año consecutivo instalada, cómodamente, en una tasa de dos dígitos. Y cuesta entender, entonces, de qué reacomodamiento de precios relativos habla ahora Amado Boudou.

Un foco está puesto, hoy, en la escalada de la carne y la leche. Aquí hay algo más que reacomodamiento: ausencia de políticas de estímulo a la producción y falta de trabajo efectivo en las cadenas que terminan en las góndolas. Debió saberse que eso, tarde o temprano, llevaba a un cuello de botella.

Así, también avanzó el proceso de sojización en desmedro de otras actividades rurales menos rentables. Justamente el "yuyito" que se pretendió podar con una sola medida: la suba de las retenciones.

La trepada de los alimentos ya recortó el monto de la asignación por hijo que, a toda pompa, hace bien poco creó el Gobierno. Y va camino a diluir, también, el impacto de la medida sobre las tasas de pobreza e indigencia. A menos que se resuelva actualizar el haber, con el costo fiscal consecuente, salta a la vista un efecto directo sobre las capas sociales más desprotegidas.

Pero si se quiere la cuestión de fondo es que el proceso inflacionario luce generalizado y ya claramente inercial. Además, tal cual marcha repiquetea sobre las expectativas: inflación sobre inflación.

Si Boudou tomase al pie de la letra su reacomodamiento y pudiera, debería incorporar el atraso de las tarifas a su discurso. O abrir paso a un sistema que efectivamente beneficie a quienes menos tienen, en lugar del modelo indiscriminado aplicado todos estos años.

Claro que eso requiere trabajo, imaginación y equipos, además de transparencia. En la era K, la solución a mano y políticamente menos onerosa fue darle a la máquina de los subsidios. Y tanto, que entre energía y transporte, sin considerar otros, la boleta llega a $ 27.577 millones, arriba de 7.000 millones de dólares.

Encontrarle una salida a los procesos inflacionarios no es una cuestión sencilla. Demanda articular políticas fiscales, financieras y cambiarias, sobre tarifas e inversión. También, desde luego, coordinar acciones entre las áreas económicas del Gobierno. Y todo insertado en un plan macro consistente: lo que no pasó ni se ha hecho hasta ahora.

Pero el punto de partida, inevitable, es reconocer la existencia de un problema serio con los precios. No encubrirlo con eufemismos o cargar sobre otros responsabilidades propias.

Salvo, claro está, que se diga que los arrestos de Guillermo Moreno y sus acuerdos son, de verdad, una política antiinflacionaria. O se crea en las estadísticas del INDEC, que ayer cantó un índice del 1% para un enero febril, una suba del 4,7% en las carnes y una tasa anual del 8,2%. El realismo mágico de siempre.

Se sabe de sobra que la inflación horada cualquier proyecto político. Y el kirchnerismo tiene un ejemplo a mano, si aceptara reconocer la realidad. En junio, el costo de la vida fue un factor que gravitó en el voto anti K de algunas, grandes capas peronistas del conurbano bonaerense profundo. Eso y además el relato mensual del INDEC: sentían que los precios aumentaban y encima les tomaban el pelo.