Di Lello presentó un dictamen ante el juez federal Daniel Rafecas y advirtió que a pesar de que los denunciantes Elisa Carrió y Fernando Solanas acusaron a Milani de usar fondos reservados con fines políticos “es posible advertir que los diputados realizaron afirmaciones y conjeturas sin sustento fáctico”.

Entendió que las notas periodísticas en las que se basaron aluden a un incremento del presupuesto de la SIDE y que se trata de una “hipótesis sin fundamento material razonablemente identificable”, y que por ello “no puede ser sometida a proceso una persona”.

Dijo que “se advierte habitualmente en el fuero federal diversa intencionalidad política al efectuar este tipo de denuncias, a fin de contrarrestar alguna gestión que sea contraria a los intereses de aquellos que inician estas denuncias”.

Así, el fiscal entendió que cualquier malversación de gastos de los fondos de la Secretaría de Inteligencia del Ejército, que ocupó Milani, será parte de la investigación de enriquecimiento ilícito.

Rafecas ya le pidió a la Prefectura que realice un informe patrimonial preliminar sobre los bienes de Milani. El juez espera recibir el trabajo antes de fin de año para decidir cómo avanzar.

La decisión del fiscal Di Lello es interpretada políticamente en Tribunales como un fuerte respaldo al Jefe del Ejército por parte de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, justo cuando comenzaron los rumores mediáticos sobre un posible pedido de indagatoria en la provincia de La Rioja, por parte del fiscal Darío Illanez.

Illanez investiga el rol de Milani cuando, siendo subteniente, revistó en cuarteles de La Rioja y Tucumán en la década del 70 y aparece mencionado en los expedientes que investigan la desaparición del soldado riojano Alberto Ledo –ocurrida en Tucumán- y de otros jóvenes militantes políticos riojanos –ocurridas en La Rioja-, mas casos en donde testigos lo identifican como el oficial que trasladaba a los detenidos ante la justicia federal de la dictadura y participaba de los interrogatorios.