Precios mínimos y máximos. Obligación de continuar con una línea de producción. Desviación del flujo de mercaderías. Se trata de tres conceptos que disgustan a la mayoría de los empresarios, pero que están comprendidos en la ley de Abastecimiento.

El diputado Héctor Recalde, del Frente para la Victoria y promovido como candidato a vicepresidente de Cristina por el sindicalismo moyanista, propuso un cambio en ese norma, que la haría más discrecional y a completa disposición del Poder Ejecutivo.

El legislador presentó un proyecto para dejar al Congreso sin ninguna participación en la aplicación de la Ley de Abastecimiento, que se promulgó en junio de 1974, una semana antes del fallecimiento del ex presidente Juan Perón.

El secretario de comercio Guillermo Moreno suele recurrir a esta legislación cada vez que quiere establecer precios de referencia. Pero, como no logra tener el aval parlamentario, las empresas terminan ganándole en la Justicia y sin la obligación de cumplir sus multas y disposiciones.

"Si la intención es que sólo el Poder Ejecutivo decida quiénes pueden ser sujetos para aplicarles esta ley, los problemas recrudecerán", explica un empresario alimenticio, que no da su nombre porque sabe que a Moreno le molesta que hablen de él.

"La norma está vigente, pero algunos interpretan que no es una buena señal política ratificarla", señaló Recalde. "La ley puede establecer el congelamiento de precios (como se hizo con la nafta en febrero), los márgenes de rentabilidad que puede tener una empresa y hasta la eventual aplicación de una pena de prisión en caso que el Ejecutivo lo disponga", explican los expertos.

La mayoría de los empresarios se encuentra negociando paritarias con sus gremios y son meses complicados en ese sentido. En medio de esas tensiones, la avanzada sobre la ley de Abastecimiento parece ser otro recurso del Poder Ejecutivo para luchar contra la inflación que no reconoce.

"Pueden prohibir la exportación de un producto cuando lo requieran las necesidades del país. Ya no sólo impedirían la exportación de carne con los cupos y los permisos ROE, para dar un ejemplo. Podrían llegar al extremo de decretar que es ilegal vender carne afuera, porque hay que abastecer al mercado interno", grafica un intermediario que trabaja entre frigoríficos y supermercados.

Tensar la cuerda

Las principales cámaras empresarias, desde AEA hasta UIA pasando por Copal (de alimentos), oficialmente no se han pronunciado sobre las intenciones de Recalde. "Puede ser como en el reparto de ganancias de las empresas: una manera de ver hasta dónde se puede tensar la cuerda sin ahorcar", indica un integrante de esas agrupaciones que estudia esta situación.

"El Gobierno ya viene decidiendo de hecho qué empresas pueden aumentar y cuáles no. Lo hicieron en naftas, se lo prohibieron a Shell hasta que autorizaron a YPF, Esso y Petrobras. Esto sería blanquear algo que ya viene pasando", puntualizaron quienes siguen los precios de los surtidores.

Incertidumbre

La ley de Abastecimiento viene de 1974. Pero en 1991, por un decreto, se suspendió "el ejercicio de las facultades" que le otorgaba al Poder Ejecutivo. La ley de presupuesto 1994 ratificó esa suspensión.

Y la norma entró en un espacio de incertidumbre. Por eso, frente a los embates del Gobierno contra algunas empresas, la Justicia suele dictaminar que no rige. De todas formas, esto es para las compañías que pueden soportar el costo político y económico de litigar contra el Gobierno, que suele usar toda su maquinaria de medios adictos y publicidad oficial para atacar a las empresas que le disgustan (en el verano pasado, le tocó a Shell, Cablevisión -del grupo Clarín- y, en menor medida, a Techint).

Según Recalde, la actual "disparada de precios que aqueja la sociedad" justifica la derogación de las facultades del Congreso para darle poder total al Ejecutivo.

A la avanzada en Abastecimiento le falta para entrar en la agenda de los máximos ejecutivos. La evaluación, por ahora, corre por cuenta de sus estudios de abogados. El proyecto de ley ingresó en la Cámara de Diputados la semana pasada y fue girado a la Comisión de Comercio, presidida por Juliana Di Tullio (Frente para la Victoria). No está definido si será parte de la agenda legislativa.