Desde que los entonces concejales del Fregen, Claudia Giorgis y Alfredo Carrascal, fueron a la justicia federal en junio de 2006 para denunciar que los recorridos de los micros de la empresa El Indio -la única que prestaba el servicio público de colectivos- estaba inflados para cobrar más subsidios, los cuatro imputados fueron poniendo sistemáticamente trabas para evitar el juicio oral y público. De ellos, los únicos que siguen procesados por el delito de defraudación agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública nacional son Alcala y su ex secretario de Obras Públicas, Jaime Sterin. Los otros dos fallecieron: el dueño de la firma de transporte, Diego Carlos Osorio, en 2007, y el ex director municipal de Servicios Públicos, Arturo Ripa, a fines del año pasado.

Pero en estos más de cuatro años todos parecieron tener un hilo conductor en sus estrategias defensivas, que fue ir escalonando recursos similares para estirar los tiempos procesales lo más posible. De hecho, en junio de 2007 Osorio fue el primer adelantado, ya que en esa fecha solicitó la nulidad de su indagatoria y del requerimiento de la instrucción con el argumento de que se habían violado garantías constitucionales como los derechos del debido proceso y de defensa en juicio, ya que no le habrían informado las pruebas inculpatorias y el supuesto delito que había cometido cuando cinco meses antes había sido indagado como sospechoso por el juez federal Pedro Zabala.

En realidad cuando un imputado es citado a una indagatoria -donde no está obligado a declarar ni a decir la verdad- no se le informa de qué delito está acusado, sino que se le relatan los hechos por los cuales está sospechado de cometer un delito. El delito recién queda caratulado cuando esa persona es procesada. Tanto Zabala como los jueces bahienses rechazaron el planteo.

Incluso en aquel momento, luego de la denegatoria de Zabala, el propio Alcala le pidió al magistrado santarroseño que "congelara" la causa hasta que la Cámara de Bahía Blanca se expidiera sobre la apelación de Osorio por las nulidades. Lo hizo cuando se venía la interna del PJ contra Juan Carlos Tierno por la candidatura a intendente.

Después fue Sterin quien hizo el mismo planteo que el empresario muerto. Zabala también le dijo "no" y el tribunal bahiense avaló su postura en abril de 2009. Un dato: los jueces bonaerenses, para resolver esa apelación se tomaron poco más de un año.

"Maniobra ardidosa".

Ahora fue Alcala, actual asesor de la Confederación General Económica de la República Argentina, quien a través del abogado porteño Alfredo Gonzalo Oliver Tezanos (ver aparte), presentó el mismo recurso de nulidad que Osorio y Sterin. La respuesta de la justicia será la misma, pero el ex intendente volverá a especular con los tiempos, porque si consigue que la causa no sea elevada a juicio antes del 24 de octubre de 2012 estaría en condiciones de pedir la prescripción de la acción penal. ¿Por qué? Porque habrían pasado seis años -la pena máxima presvista para el fraude en perjuicio del Estado- entre dos secuelas de juicio, que son los actos procesales que interrumpen los plazos de la prescripción.

Esta situación obligará a la fiscalía de Cámara de Bahía Blanca y a la Cámara Federal a no dormir una larga siesta y a rechazar rápidamente el recurso del imputado para que el Juzgado Federal de Santa Rosa puede elevar la causa a juicio lo antes posible. Si Zabala consigue hacerlo, Alcala debería volver a contar los seis años a partir de ese momento.

Cuando Zabala procesó a Alcala, Sterin y Ripa el 28 de diciembre de 2009 dijo que "medió un acuerdo" entre ellos tres y Osorio, para "desplegar una maniobra ardidosa" que "causó un perjuicio económico al Estado Nacional" y le permitió a éste último cobrar más subsidios de los debidos por el transporte público. Además en ese momento les embargó bienes a cada uno por 600.000 pesos, aunque luego la justicia bahiense redujo la cifra a 100.000.¿Cuál fue la presunta maniobra? El Indio, la empresa de colectivos de Osorio que tenía la concesión del transporte público, recorría con 16 vehículos 613.000 kilómetros semestrales y consumía 50.299 litros de gas oil mensuales. Sin embargo, en las planillas que el municipio remitía a Nación figuran 20 vehículos, 950.702 kilómetros y 66.700 litros de gas oil. Los números se inflaron para que El Indio cobrara más subsidios a través de dos vías: el Sistema Integrado de Transporte Automotor y un coeficiente en el que se tenían en cuenta los kilómetros recorridos, entre otros ítems. Un subsidio lo cobraba en efectivo y el otro con gas oil a bajo precio. Los funcionarios municipales quedaron involucrados en el ardid porque dieron fe de esos datos falsos a través de las planillas que firmaron y que equivalían a una declaración jurada.En esa extensa resolución, al momento de valorar las pruebas, el juez federal sostuvo que "surge con meridiana claridad que las firmas en las planillas de recorridos presentadas ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Secretaría de Transporte de la Nación conteniendo datos falsos, fueron insertas por Sterin, Ripa y Alcala conociendo la inexactitud, por excesivos, de los datos que declaraban -más kilómetros que los reales recorridos y mayor cantidad de litros de gas oil que los verdaderamente consumidos-, a fin de permitir que Osorio cobrara ilegítimamente los dineros que Transporte transfería a su cuenta y adquiriera indebidamente más cantidad de gasoil a precio subvencionado de acuerdo a las determinaciones que practicaba la CNRT".Agregó: "Advierto que entre Osorio y los funcionarios municipales medió un acuerdo que permitió que el primero, con la colaboración indispensable de éstos, desplegara una maniobra ardidosa que causó un perjuicio económico al estado nacional, al declarar datos falsos que le permitieron incrementar indebidamente el monto de los subsidios de los que era beneficiario". Además habló de una "colaboración indispensable" de los imputados para "completar la maniobra fraudulenta que desplegó Osorio".

Defensor en el caso Jaime

Alfredo Gonzalo Oliver Tezanos, el defensor de Alcala, es el mismo abogado que representa a Manuel Vázquez, a quien varias publicaciones han señalado como presunto testaferro y ex asesor del ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime. Vázquez está procesado en la causa de las dádivas recibidas por Jaime por haberle pagado dos viajes de placer en taxis aéreos. En ese mismo expediente también está procesado Claudio Cirigiano, dueño del Grupo Plaza, la empresa que monopoliza el servicio de transporte público en Santa Rosa.