El ajuste obliga a sacar cuentas en la provincia

El ajuste obliga a sacar cuentas en la provincia

La semana que termina trajo solo malas noticias para la gestión de María Eugenia Vidal, muchas de las cuales representan además malas noticias para los intendentes de todos los signos políticos y por ende para los 16 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires, ya que el Estado bonaerense deberá realizar un importante ajuste para cumplir con el FMI.

 

Con eje en las obras públicas y el control de las empresas de servicios públicos, Vidal logró achicar de manera sensible los montos que deberá recortar su gobierno, lo que le permitirá mitigar los efectos negativos de la crisis en la imagen de gobierno, que desde hace unos meses registra una caída lenta pero sostenida en el tiempo, encendiendo luces de alarma en el oficialismo.

Es que las negociaciones territoriales del ejecutivo, sobre todo con los jefes comunales de la oposición, necesitan de la continuidad de las obras, ya que en la mayoría de los casos esa fue la promesa de los enviados del gobierno que negociaron las condiciones del diálogo y el acercamiento con Cambiemos.

Los números iniciales se proyectaban cercanos a los 50 mil millones de pesos, que la gobernadora logró reducir a menos de la mitad, poniendo en evidencia el carácter estratégico de la provincia para mantener la gobernabilidad y sobre todo las chances de reelección del presidente Mauricio Macri como primera opción, o por lo menos la continuidad del gobierno de Cambiemos, quizá en manos de Vidal, si el primer mandatario no logra remontar su imagen.

Entre los gobernadores de la oposición habían planteado alguna objeción a las variables que se pusieron en juego para plantear el ajuste y reclamaron que Buenos Aires y CABA se hicieran cargo de las empresas de servicios públicos en el área metropolitana, una idea que no tuvo eco en el gobierno nacional, pero que le permitió al ejecutivo bonaerense alinear a parte de la oposición para defender los intereses de la provincia, en un equilibrio demasiado frágil.

Lo que no formaba parte del plan, ni de la negociación es que el escándalo de los aportantes truchos cobre la relevancia que tuvo esta semana más allá del sistemático ninguneo de los grandes medios de comunicación, que recién ahora están incluyendo el tema en su agenda.

La dimensión internacional que cobro el caso esta semana aceleró los tiempos y obligó los representantes del ejecutivo a salir a dar respuestas y tomar algunas acciones, que en el caso de Vidal tenían además como objetivo marcar diferencias a la hora de darle tratamiento a una crisis política.

La salida que no logró calmar la aguas

La tormenta que nombró en decenas de oportunidades el presidente durante su conferencia de prensa, para el caso del gobierno de la provincia, parece que además se desarrolla en altamar, es decir que las aguas pueden tardar en calmarse después de que termine el temporal.

El desplazamiento de María Fernanda Inza debía funcionar como válvula de escape y como muestra de la iniciativa de Vidal para no dilatar los conflictos, sin embargo, el amotinamiento de los asesores de la funcionaria saliente en la Contaduría General y la información que circuló en medios nacionales sobre la "orden" de Macri para avanzar con el pedido de renuncia, desnudó la falta de autonomía de la gobernadora.

Ahora las miradas se posan en el matrimonio que vincula las gestiones nacional y provincial, que podría ser un elemento central en la investigación que lleva adelante el juez Federal Sebastián Casanello.  Es que los primeros listados de afiliados y aportantes truchos parece haber sido aportado por el ministerio de Desarrollo Social que está a cargo de Carolina Stanley, la esposa de Federico Salvai, jefe de Gabinete en la provincia de Buenos Aires y responsable político del armado territorial del oficialismo.

“Vamos a presentar toda la documentación en la justicia y vamos a encargar una auditoria”, fue la explicación de la gobernadora, respaldada horas más tarde por el presidente, que sin embargo no logró convencer ni siquiera a los propios, que en varios distritos amenazan con romper Cambiemos si no hay una explicación satisfactoria.

Para colmo de males en la Contaduría General, ahora acéfala, la escala de tensión tiene que ver con el desplazamiento o ratificación del equipo de asesores de Inza y la posición de los trabajadores que reclaman una salida ordenada.  Además, también quedó vacante la Secretaría de Legal y Técnica, por lo que Vidal deberá designar a dos funcionarios clave en los próximos días y mientras todavía sortea el temporal. 

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