Mientras el Gobierno nacional espera aprobar este viernes el texto final de la reforma laboral que, a todas luces, significará un nuevo retroceso en derechos, el mercado de trabajo ya exhibe una flexibilización de hecho: la jornada laboral nunca fue tan larga, y no por opción sino por necesidad. De ese modo, en un escenario donde el salario privado formal perdió alrededor de una quinta parte de su poder adquisitivo en los últimos años, cada vez más trabajadores se ven obligados a sumar horas para intentar sostener el ingreso familiar.

En relación, el modelo económico actual muestra una paradoja evidente. Según el Indec, la actividad cerró 2025 con un crecimiento del 4,4%. Sin embargo, lejos de acompañar el rebote, el empleo registrado se contrajo y la explicación está en los sectores que traccionaron esa recuperación: agro, minería e intermediación financiera lideraron la expansión, actividades de baja intensidad en mano de obra, es decir que no generan puestos de trabajo masivos para compensar la destrucción que exhibieron los motores históricos del empleo registrado -industria y construcción- que empulsaron más de 100.000 trabajadores en lo que va de la gestión de Javier Milei.

En ese contexto, con menos empleo formal disponible, más precarización y una inflación que erosiona los ingresos -aún bajo la medición oficial- trabajar más horas se convirtió en un intento para no perder del todo el poder de compra, siendo una clara expresión del deterioro de las condicioners de vida que obliga a vivir para trabajar, aunque tampoco alcance.

Vivir para trabajar (y que tampoco alcance)

Desde la asunción de Javier Milei se perdieron más de 190.000 empleos privados registrados y más de 20.000 firmas cerraron sus persianas en 22 de las 24 jurisdicciones del país. Sin embargo, en el día a día, la precarización laboral se evidencia también en el sostenido incremento de empleos de baja calidad (la cantidad de personas con desprotección laboral superó por primera vez los 6 millones), el aumento del pluriemplo y la extensión obligada de las jornadas de trabajo para intentar cubrir el costo de una canasta básica. Todo ello es parte de la compleja situación que ya atraviesan las y los trabajadores, y que podría verse agravada e institucionalizada ahota con la reforma laboral del oficialismo.

Al respecto, un dato reciente puso sobre la mesa la alarmante realidad que ya enfrentan las familias argentinas: la cantidad de horas trabajadas llegó a un nivel récord. En detalle, según los últimos números oficiales disponibles, se evidenció un pico de horas trabajadas traccionado por las horas dedicadas a la ocupación principal. De esa manera, contra el 2024 subió 3,5 horas la cantidad de horas semanales trabajadas, esto equivale a un aumento del 9%, algo inédito.

“El aumento de la tasa de actividad, el aumento de las personas que buscan trabajar más horas y el aumento de las horas trabajadas indican lo mismo, un incremento de la demanda sobre el mercado laboral en un contexto donde los ingresos laborales caen lentamente y están en pisos históricos y el ingreso disponible es cada vez menor producto del aumento de las tarifas de servicios públicos”, analizaron al respecto desde el Instituto Argentina Grande (IAG).

De hecho, a poco más de una semana del 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, otra cifra exhibió la gravedad de la situación: la brecha de género salarial por hora trabajada nunca estuvo tan alta ya que por cada hora de trabajo un hombre ganó 9,4% más que una mujer, en promedio. “Esto se debe, sobre todo, a la caída de los salarios públicos, ya que mientras el 13% de los hombres ocupados trabajan en el sector público, en las mujeres escala al 19% (la contracara de esto es un menor porcentaje de mujeres trabajando en el sector privado protegido)”, agregaron los especialistas. Así las cosas, el ajuste de los salarios públicos (que perdieron más de un tercio de su poder de compra desde el cambio de gestión) impacta, sobre todo, en las mujeres. Pero, además, las mujeres se concentran en los sectores del Estado más golpeados (enseñanza y salud).

Así, se hace evidente que la extensión de la jornada laboral ocurre en un escenario de pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos que obliga a trabajar más horas para intentar cubrir lo necesario para vivir.

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En detalle, la caída del salario en la administración libertaria ya se refleja tanto con la metodología vigente del Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC) como se si estima con ponderadores actualizados. De ese modo, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 (último dato disponible del SIPA) el salario privado registrado perdió 1,3% (IPC vigente) o 4,9% (IPC con ponderadores actualizados). “El salario privado registrado cae paulatinamente desde mayo del 2025. Por otro lado, el sector público nacional perdió 34% en noviembre de 2025 contra noviembre de 2023, pero 37% abajo si se compara su evolución contra el IPC con ponderadores actualizados”, precisó un informe del IAG.

No es menor recordar que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) decidió suspender indefinidamente la actualización a la canasta de bienes y servicios que que utiliza para el relevamiento y medición del IPC, dejando vigente aquella que considera gastos de los hogares de hace dos décadas atrás (en lugar de su reemplazo por la Encuesta de Gastos -ENGHo- 2017/18). En ese sentido, si se actualizaba la medición el peso de tarifas de servicios subiría de 9,4% a 14,7% y la inflación acumulada noviembre 2023 a diciembre 2025 habría sido de 286,7% versus el 269,4% que arrojó el dato oficial. 

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De hecho, de los 6 rubros que ganarían peso sobre el cálculo del IPC, 5 aumentaron por encima de la inflación desde el cambio de gestión. El caso más claro es el de las tarifas de servicios públicos -agua, gas y electricidad- que subieron 461% contra una inflación que aumentó 259%.

Asimismo, si se pone la lupa para atrás en el tiempo se observa va que un empleado privado formal tuvo una caída del poder adquisitivo del 20% respecto del 2017, es decir que entre un año y otro perdió la quinta parte del poder adquisitivo. A su vez, de acuerdo con un informe publicado por el economista Nadin Argañaraz del IARAF, si la comparación se hace con un empleado público, la contracción escala al 34%.

Siguiendo en la misma línea pero haciendo un análisis acumulado, se destacó que “un empleado privado formal perdió en ocho años el equivalente a 16 salarios mensuales del año 2017 (algo más de un año). Un empleado público perdió el equivalente a 21 salarios mensuales del año 2017 (casi dos años). Por su parte, un empleado informal perdió el equivalente a 29 salarios mensuales del año 2017 (casi 2 años y medio)”, indicó.

 Cómo impacta la reforma laboral

Este viernes el Senado nacional buscará aprobar el texto final del proyecto de reforma laboral que ya cuenta con la sanción de Diputados. El impacto de la reforma en la vida laboral será concreto: jornadas más largas, menos salario, más monotributo.  Entre los puntos principales los especialistas del IAG destacaron, en el caso de las horas extras, que ya no se pagarán como tal debido a su reemplazo por un “banco de horas” que habilita al empleador a hacer cambios en la jornada laboral según lo crea más conveniente, pudiendo incluso externderla a 12 hs diarias. Esto afectará la predecibilidad laboral, la vida personal e implicaría una reducción salarial. 

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En materia de indemnizaciones solo se considerará el sueldo básico (sin adicionales) a la par que se habilita al empleador a pagarlo hasta en 12 cómodas cuotas. Por su lado, se promueve un mayor fraccionamiento de las vacaciones según lo indique el empleador, lo que podría además generar dificultades para conciliar vacaciones entre los integrantes de una familia. Un punto no menor tene que ver con que la emisión de facturas (contratación vía monotributo) excluye la presunción de relación de dependencia, eliminando la posibilidad de reclamar relaciones de dependencia encubiertas.

En ese marco, la reforma laboral no aparece como una solución sino como la institucionalización de lo que ya ocurre de hecho. Si hoy el promedio de horas trabajadas alcanza un máximo histórico por necesidad, el proyecto oficial consolida ese sendero al habilitar mecanismos que flexibilizan aún más la extensión de la jornada y diluyen el pago de horas extras. La legalización del “banco de horas” no hace más que formalizar una lógica donde el tiempo del trabajador queda a disposición de la empresa.

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El problema de fondo es que el modelo económico no genera empleo ni mejora salarios. Los sectores que lideran el crecimiento no demandan mano de obra intensiva, mientras que aquellos que históricamente absorbían empleo siguen en retroceso. El resultado es un mercado laboral más chico, más desigual y con trabajadores obligados a compensar con tiempo lo que pierden en ingresos y, en esa ecuación, el tiempo libre -el derecho al descanso, a la vida familiar, a la formación- se convierte en otra variable de ajuste.