Indicaron que el proyecto se encuentra en etapa de estudio para determinar su eventual aplicación. El FC recurrió a la Justicia para frenar la instalación y desde el Gobierno indicaron que esa presentación tiene un fin político “a partir de planteos infundados”.
“Lotería de Córdoba lamenta las especulaciones desatadas en torno al tema y advierte que es evidente que las denuncias sólo persiguen intereses políticos a partir de planteos infundados, producidos con el único fin de desprestigiar al Gobierno de Córdoba”, señalaron en relación a la presentación judicial que realizó el FC.
Por otro lado, como entidad administradora del juego en la Provincia, Lotería de Córdoba aclaró que el proyecto bajo análisis se ajusta al marco legal vigente tanto a nivel provincial como municipal “de no haber sido así no hubiera superado la instancia de análisis preliminar”. Sin embargo, tanto desde la ciudad de Villa María donde iba a ser puesto en marcha ayer como desde la Municipalidad de Córdoba adelantaron su rotundo rechazo a la nueva modalidad de juego planteada (ver aparte “Llaryora...”).
Cabe recordar que pese a que la legislación provincial establece expresamente que la instalación de casinos, bingos y locales de juegos sólo podrá realizarse en hoteles localizados en ciudades turísticas, la empresa Boldt SA presentó formalmente un proyecto a la Lotería de Córdoba. Allí solicitó autorización para instalar estos dispositivos electrónicos en distintos puntos de la Provincia. La iniciativa generó primero la rápida reacción de los agencieros muchos de los cuales se oponen rotundamente a la instalación de esas máquinas, y luego de todo el arco político.
Es por ello que desde el partido juecista que preside Ernesto Martínez acudieron ayer a Tribunales II por considerar que “se está violando la ley”. “Esto que se plantea es una gran tragamonedas, hacer de la provincia de Córdoba una especie de Las Vegas con unas 2.800 bocas aproximadamente. Hoy el público tiene 12 sorteos diarios, acá quieren hacer un sorteo por minuto”, dijo Martínez. Por su parte, la legisladora que los acompañó Liliana Montero dijo: “Solicitamos a la Justicia que ponga un freno a esta voracidad del gobernador De la Sota, en su negocio con la empresa Boldt, porque afecta el bolsillo de los más vulnerables”.
Por su parte, el legislador radical Rodrigo De Loredo estimó que la Provincia se ahorraría unos 70 millones de pesos anuales si fuera ella la encargada de operar la recepción de apuestas de la Quiniela de Córdoba, en lugar de otorgarle esta facultad a la empresa privada “de la cual se desconocen los alcances del contrato de concesión”. De igual manera se posicionó el Comité Provincial de la UCR desde donde aseguraron que son los sectores más empobrecidos los que terminan financiando este tipo de juegos. Asimismo, el legislador Carlos Roffé (también del Frente Cívico) presentó ayer en la Unicameral un proyecto de resolución donde solicita al Gobierno de Córdoba que desista de implementar esta nueva modalidad de juego de azar.
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