Ayer, el abogado tartagalense Sergio Heredia presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal de Orán contra el ex apoderado de la Fundación, por la implementación del programa “Sueños Compartidos”, que en Tartagal comenzó a ejecutarse en abril de 2009 y por el cual la fundación que preside Hebe de Bonafini adquirió un predio de 10 hectáreas. Allí, debían construirse un hospital y viviendas de rápida ejecución, en base a un proyecto cuya autoría se atribuye Schoklender y que eran producidas por la empresa Meldorek.

En Tartagal, las obras se hicieron parcialmente. La Fundación nunca actuó en forma políticamente neutra, las empresas de construcción se quejaron por el privilegio de esta entidad, que no concursaba por los proyectos, y el propio apoderado trajo el dinero en efectivo en una mochila, un estilo poco ortodoxo en materia de obra pública.

Desde que estalló el escándalo, todos se animan a denunciar. Heredia fue el asesor de la comisión investigadora que intentó destituir de su cargo al actual intendente Sergio Leavy, a quien la Corte de Justicia de la Provincia repuso en el cargo. Quizá tardíamente, Heredia denunció que la implementación del programa que se inició en 2009 en Tartagal “no fue una idea antojadiza de Sergio Schoklender.

Este hombre llegó a Tartagal en un avión de Meldorek a comprar 10 hectáreas; todo se hizo en base a un convenio que semanas antes habían firmado la Fundación (Madres de Plaza de Mayo), el Gobierno de la Provincia y el municipio de Tartagal. Pero hoy, hasta el mismo gobernador quiere hacernos creer que él y su gobierno no tienen nada que ver con el tema”. Esta opinión, más jurídica que política, coincide con la del propio Schoklender, quien acusó al Gobierno provincial de obstaculizar el proyecto.

En su denuncia, Heredia presentó copia del convenio firmado en Buenos Aires, que establecía que para la obra del hospital y para tan sólo 50 viviendas se destinaban 8 millones de pesos. “La pregunta es adónde fueron esos fondos y, lo peor, si ese monto es el único que se manejó para Tartagal, porque no debemos olvidar que el proyecto integral era de 1.000 viviendas”, manifestó.

El abogado Heredia incluyó en su denuncia a Sergio Leavy y al director de Desarrollo Humano del Gobierno de la Provincia, Guillermo Avellaneda.

Esta obra comenzó a ejecutarse luego de la firma de un contrato que tuvo lugar en febrero de 2009, en Buenos Aires, en la propia fundación y ante la presencia del diputado nacional José Vilariño.

En ese mismo instrumento se establece que la coordinación de la obra iba a estar a cargo de Avellaneda, quien es referente en Salta del Movimiento 25 de Mayo, que a nivel nacional dirige Felisa Miceli, a quien Néstor y Cristina Kirchner encomendaron la tarea de controlar a Schoklender y sanear la administración de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.