Esta estrategia tiene riesgos. Por lo pronto, la fuerte aceleración del gasto (que viene creciendo al 30% anual) ya se traduce en una alarmante aceleración de la inflación (por encima del 20% anualizada) y puede conducir, al resentir el consumo y la inversión, a una paulatina desaceleración de la recuperación económica. Pero, además, resulta cada vez menos sostenible en el tiempo: para el gobierno K, no hay recaudación ni caja que alcance; tampoco tiene acceso a los mercados para financiarse, al haberse complicado el canje.

El polémico Fondo del Bicentenario (FoBi) fue una potente señal de alarma sobre la precariedad del cuadro fiscal y su financiamiento. Pero aun cuando el Gobierno lograra destrabarlo (lo que parece difícil), no alcanzaría para cerrar la brecha financiera de este año. Si en cambio ampliara la asistencia del Banco Central (vía adelantos o utilidades cambiarias), habría más emisión monetaria y más presiones inflacionarias.

El preocupante deterioro fiscal ya no puede medirse con la virtual extinción del superávit primario (uno de los famosos "gemelos" que se esfumó, a diferencia del robusto superávit comercial), ni tampoco con el resultado financiero (que computa intereses de la deuda pública). En una nota técnica que publica la revista de FIEL, el economista Alcides Saldivia (ex subdirector de la Oficina Nacional de Presupuesto) dice que esos indicadores no son adecuados para evaluar el nivel de endeudamiento del sector público. Recomienda, en cambio, detenerse en otros menos difundidos como el endeudamiento neto (EN) o bruto (EB). Según este trabajo, el EN (que mide la diferencia entre el financiamiento con intereses del gasto y la amortización de deudas) no dejó de crecer desde 2004: este año se ubica en 3% del PBI, un nivel similar al de la segunda mitad de la década del 90. En consecuencia, hubo déficit fiscal en los últimos cinco años, aunque el resultado financiero haya sido positivo. La razón es que se computan como inversión financiera préstamos a provincias o entes públicos que son de dudosa recuperación y terminan aumentando el gasto total. A su vez, la evolución del endeudamiento bruto (el financiamiento necesario para cubrir el déficit y la amortización de la deuda) es aún más preocupante: supera el 13% del PBI y ya se ubica por encima del nivel del período 2000/2001, previo al default.

Sin necesidad de tecnicismos, a cada momento es posible encontrar ejemplos de "contabilidad creativa", un concepto que surgió en la demonizada década del 90, pero del que Néstor Kirchner no reniega. En algunos casos, el Poder Ejecutivo reasigna gastos aparentemente sin subir el déficit, pero modifica su finalidad. Acaba de hacerlo el jefe de Gabinete, cuando transfirió casi 145 millones de pesos para el deficitario Fútbol para Todos, que cuenta con una partida presupuestaria anual de 648 millones. El inefable Aníbal Fernández argumentó que la medida no aumenta el gasto total, lo cual es cierto. Pero omitió aclarar que esos fondos que van a la AFA se restan del gasto de provincias y municipios, tal vez con mejores prioridades. Y que si hubo que cambiar de partida fue porque ese gasto debía financiarse con recursos específicos (por ejemplo, la venta de publicidad para la TV oficial) y no con rentas generales, lo cual sí termina aumentando el déficit. Seguramente no será la única resolución que deba firmar a lo largo del año.

Dentro del gran agujero negro que es el gasto público, hay otras partidas sin nombre y apellido, pero es como si lo tuvieran. El dirigente piquetero y ex funcionario Emilio Pérsico no desmintió la información publicada por LA NACION que le atribuye el manejo directo de 14.000 planes Argentina Trabaja. Esto supone administrar a dedo, sólo en sueldos, un monto de 236 millones de pesos anuales. Y explica por qué tanta efervescencia callejera a la hora de reclamar participación en el reparto de este programa, clientelista por excelencia. Luis D´Elía debe haber sacado la cuenta cuando advirtió sobre la movilización que podría armar si lo dejaban afuera. Alguna señal oficial debe haber recibido antes de viajar a Europa, también con fondos públicos, para publicitar la ley de medios.

Una prueba del desborde del gasto es que, a menos de cuatro meses de haber sido sancionado, el presupuesto 2010 ya quedó desactualizado. En realidad, pocos creían que el kirchnerismo iba a elevar el gasto sólo 12,8% en el año previo a las elecciones presidenciales, cuando en los ejercicios anteriores lo hizo a más de 30 por ciento. No se equivocaban. En su último informe mensual, el Estudio Broda revela que la Secretaría de Hacienda estaría trabajando internamente en un proyecto ampliatorio, que subiría el gasto primario nacional en $ 55.000 millones. Esto supone un alza de 39,3 por ciento. Y aunque el propio informe aclara que no necesariamente se alcanzaría esa cifra, advierte que por lo menos 26.000 millones están ya comprometidos por medidas adoptadas (jubilaciones, sueldos públicos y asignaciones familiares), sin contar con mayores aportes pedidos al Tesoro para planes sociales, Cammesa, Enarsa, Oncca o Aerolíneas. Todo esto permite entender por qué el FoBi, aunque no alcance, se convirtió en una necesidad imperiosa para el Gobierno.

Retenciones indebidas

En la provincia de Buenos Aires las cosas tampoco pintan bien en materia fiscal. El presupuesto bonaerense, que prevé un déficit de $ 5300 millones, con necesidades de financiamiento por otro tanto, no incluye aumentos salariales al igual que los de muchas otras jurisdicciones. Si el ajuste de 22% en el sueldo inicial de los docentes se traslada al resto de las escalas, significaría un gasto adicional de 2500 millones anuales; y si se aplicara a todos los empleados públicos totalizaría 5000 millones. Aunque el gobierno de Daniel Scioli espera ayuda nacional para atender estos mayores gastos, también ensaya acciones poco ortodoxas. Una de ellas sería financiarse con contribuyentes de otras jurisdicciones, a través de retenciones y percepciones indebidas de Ingresos Brutos, que luego no se devuelven en tiempo y forma. Hay quienes estiman que el stock de deuda por ese concepto (que equivale a financiarse a tasa 0, frente al 13% que paga la provincia al colocar letras) llegaría a $ 2500 millones. Otros calculan una cifra hasta 50% más alta. La cuestión ha movilizado a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y también a jueces de otras provincias, que dictaron medidas de amparo promovidas por empresas afectadas. Cuando sobran gastos y faltan recursos, todo puede ser posible.