En marzo de 2021, el gobierno sumó una nueva empresa estatal a la lista de Cannava, Cauchari, JEMSE, GIRSU y Agua Potable. Con el argumento de garantizar el acceso al líquido vital, el gobernador inauguraba por ese entonces Xuma, una planta embotelladora de agua de mesa.

Paralelamente, en la Comunidad de El Huancar, Susques, dos escuelas se vieron obligadas a suspender las clases presenciales por no contar con este servicio. Para conseguir algo de agua deben caminar 3 kilómetros donde se encuentra una bomba en medio del cerro.

 

En agosto de ese año, vecinos de distintos barrios de Ciudad Perico estaban muy molestos por la falta de agua y dieron cuenta de la falta de respuestas concretas por parte de la empresa proveedora del líquido elemento.

 

En octubre la situación se tornó más preocupante para los vecinos de la localidad de Los Blancos, ubicada a 10 km de Palpalá. Los habitantes del lugar decidieron manifestarse y cortaron la ruta.

Vecinos que viven en la zona de La Almona, Los Alisos, Juan Galán, El Ceibal y Parajes de Los Diques, por enumerar algunos lugares, no cuentan con el suministro del líquido vital. Esto se debe a la falta de las conexiones que permitan distribuir el agua. Ante esta situación, las familias se abastecen con el agua de los arroyos de la zona.

Esto sin dejar de mencionar la zona de Los Alisos, cuyos vecinos debían pagar el año pasado cerca de $6 mil para tener agua potable.

En todos los casos, los vecinos se organizaron, presentaron los respectivos reclamos mediante nota a la empresa Agua Potable SE. Sin embargo, las soluciones no llegan de manera concreta.

Paradójicamente, en pleno siglo XXI, Agua Potable se encarga de emitir comunicados a través de las redes sociales recomendando a los vecinos a hacer un uso “responsable, racional y solidario”.

Se entiende que el agua no puede derrocharse, pero esta lógica funciona únicamente en barrios donde el vecino abre una canilla y dispone de agua en su cocina. Para los vecinos que deben caminar u organizarse para llenar bidones de agua de un barrio a otro, es otro cantar.

En plena ola de calor en la provincia con temperaturas que superan en algunas localidades los 40 grados, la empresa estatal comunicó este fin de semana en sus redes sociales que “en estos tres últimos días hubo un consumo récord, superior a los niveles históricos, lo que representa un desequilibrio en el sistema” y por ello recomendó el uso racional.

Argumentó que “por los altos niveles de turbiedad las plantas potabilizadoras están funcionando al 60% y los niveles de las cisternas descendieron por el alto consumo, se tomaron las medidas necesarias para equilibrar el sistema”, y que “el alto nivel de turbiedad del dique Los Alisos hace que las plantas funcionen al 60%, se redujo la producción de agua potable lo que puede reducir presión en barrios altos y Alto Comedero en San Salvador de Jujuy y una zona de Palpalá”.

Alto Comedero es históricamente un sector afectado por la baja presión, los cortes intermitentes, y la falta total de provisión de agua potable. Hay muchos sectores de la provincia cuyos vecinos aprovechan las publicaciones de la empresa para dejar su malestar posteado en un comentario.

Es paradójico que la empresa solicite a los vecinos un “uso racional”, cuando muchos ni siquiera cuentan con agua en sus domicilios; cuando otros deben recurrir a la solidaridad de otros vecinos para poder tener algo del líquido elemento para cocinar o mantener la salubridad en el hogar.

Décadas de un problema que se repite sistemáticamente y que a estas alturas debería estar completamente solucionado. Por ello cabe preguntarse: ¿Cuánto dinero se invierte para mejorar la red de agua potable en la provincia? ¿Es una prioridad contar con una planta potabilizadora cuando aún en pleno siglo XXI hay jujeños que no tienen agua potable?

Se trata de salud pública, es un derecho universal que el Estado jujeño no puede aún garantizarlo en su totalidad.