El organismo conducido por Carlos Castagneto  inició una fiscalización sobe minera extranjera instalada en Chile.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inscribió de oficio como contribuyente a una minera extranjera instalada en Chile.

La misma debía levantar por orden judicial la escombrera en donde había depositado 40 millones de toneladas de residuos pero del lado argentino.

El organismo conducido por Carlos Castagneto dio inicio a una fiscalización de la firma por omitir actuar como agente de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del impuesto a las ganancias por los pagos de servicios a empresas subcontratadas para cumplir con la cautelar.

El monto reclamado permitiría recaudar 6.000 millones de pesos por ambos tributos.

La empresa extranjera instalada en el país limítrofe, a pocos kilómetros de la frontera con San Juan, creó la escombrera de material en territorio argentino, en la cual arrojó alrededor de 40 millones de toneladas de residuos mineros.

Una vez detectado el hecho irregular, la Justicia Federal argentina emitió una cautelar que obligó a la empresa extranjera a remediar el daño, y ordenó su inmediato levantamiento.

Por su parte, tras una investigación de los hechos relacionados a la disposición judicial sobre los residuos mineros y la remediación ambiental, la AFIP concluyó que la escombrera montada por la empresa extranjera constituye un Establecimiento Permanente en el país según la legislación argentina e interpretación de Convenios Internacionales de Tributación.

Por lo tanto, este Establecimiento Permanente debió actuar como agente de retención en IVA y Ganancias respecto de los pagos efectuados a las empresas subcontratadas para la ejecución de las tareas para dar cumplimiento a la orden judicial.

Como el costo de ejecución de las tareas de remoción de escombros habría ascendido a 160 millones de dólares, las áreas especializadas de la AFIP estiman una recaudación de 6.000 millones de pesos entre el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias que la firma omitió retener en el pago de los servicios de las empresas subcontratadas.