Tras la denuncia penal, las nuevas restricciones normativas y las inspecciones sobre sus casinos y su banco Finansur, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se aprestaba anoche a dar el siguiente paso: intimar a Cristóbal López para que abone la primera cuota que decidió dejar impaga por la deuda fiscal que acumuló por $ 8000 millones.

La intimación al pago de esa cuota podría llegar hoy mismo a las oficinas de Oil Combustibles, la petrolera de López y su socio Fabián de Sousa que durante años se quedó con los fondos que percibió por el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) para así financiar la expansión del Grupo Indalo.

López y De Sousa decidieron no honrar el pago de una de las cuotas de los planes de pago que obtuvieron de la AFIP durante los últimos años por $ 8000 millones, para preservar esos fondos frescos con el objetivo de destinarlo a la expansión de la estructura empresarial.

La decisión de los accionistas del Grupo Indalo se plasmó en la orden "stop debit" que enviaron a los bancos con que operan para bloquear así el debito automático del monto correspondiente a la cuota prevista, tal como reveló LA NACION en su edición del sábado.

Tanto López como De Sousa consideran que afrontan una "campaña de hostigamiento" decidida desde la Casa Rosada e instrumentada a través de la AFIP, a la que acusan de actuar de manera "arbitraria".

Los empresarios patagónicos, que durante el kirchnerismo crecieron de manera exponencial, interpretan además que la denuncia penal que radicó la AFIP es "de carácter eminentemente político" y que la acusación en su contra "es un verdadero disparate".

Desde la AFIP sostenían anoche, por su parte, que la intimación a Oil Combustibles era parte de un proceso "automático" que se sigue "ante cualquier contribuyente" que se enfrenta a las mismas circunstancias.

"Hacemos lo que haríamos ante cualquier otro contribuyente que incumple con el pago de una obligación ya prevista", planteó un estrecho colaborador del titular de la AFIP, Alberto Abad.

"Transcurridas 48 horas desde el vencimiento de la fecha de pago, se debe librar una intimación de pago. No hay vueltas", dijo.

El procedimiento dependerá entonces de López y De Sousa. Si no abonan la cuota impaga tras recibir la intimación, la AFIP emitirá entonces una boleta de deuda, para después presentarse ante la Justicia con el objetivo de pedir una inhibición general de bienes de la petrolera o embargos sobre sus cuentas bancarias, o incluso apuntar a la responsabilidad solidaria de sus accionistas.

Todo ese proceso administrativo y judicial, sin embargo, podría tomarle semanas a la AFIP, en momentos en que la sombra de un concurso de acreedores se cierne sobre Oil Combustibles e, incluso, sobre todo el Grupo Indalo.

López, "tranquilo"

Durante las últimas semanas, además, varios proveedores de Oil Combustibles -entre ellos Chevron, Petrobras, CGC e Ysur- modificaron de manera unilateral las condiciones para operar con esa petrolera, en tanto que distintos acreedores buscaron apurar los tiempos para recuperar su dinero.

Desde el Grupo Indalo responden a esos acreedores que López y De Sousa buscan vender algunos activos para afrontar esas deudas y piden "tiempo" y "paciencia", según indicaron dos de esos acreedores a LA NACION.

"Cristóbal está tranquilo", replicó uno de sus colaboradores. "No está preocupado por la denuncia penal porque considera que ahí no hay nada. Sí está centrado en resolver la parte comercial, nada más", abundó.

Con un pedido pendiente de la AFIP ante la justicia en lo contencioso administrativo para que se designe un veedor judicial en el corazón del entramado societario de López y de Sousa, las opciones frente a una eventual convocatoria a un concurso de acreedores también se acotaron para los dueños del Grupo Indalo.

Mediante la resolución 3857, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, la AFIP redujo de 96 a 12 la cantidad de cuotas y elevó a 2,93% la tasa de interés mensual que pueden obtener aquellos contribuyentes que ya arrastren una causa penal y se concursen. Lo fundamentó en la necesidad de "optimizar las acciones de cobro de los créditos fiscales".