En declaraciones a FM Ciudad 99.1, el concejal del Frente Nacional Popular y Marplatense, Diego Garciarena, dijo que en la oportunidad planteó "la necesidad de volver a comisiones ese famoso artículo Nº 58 de la ordenanza complementaria del presupuesto porque daba amplias facultades al Ejecutivo para que, en el marco de un convenio con el banco de la provincia de Buenos Aires, se pudiera establecer la mejora o el aumento de la recaudación municipal, y todos sabemos que era una idea previa del Intendente privatizar un porcentaje de la deuda de Tasas de Servicios Urbanos con una sociedad anónima vinculada al BAPRO que es Mandatos y Negocios".

"Por ese artículo –puntualizó- el Ejecutivo puede hacer los convenios necesarios con el banco Provincia sin la necesidad de pasar antes por el HCD, lo cual vemos con muchísima preocupación". "Está claro que es un poder que tiene el Concejo y que fue cedido al Ejecutivo por el voto del oficialismo, intentando birlar las disposiciones de los concejales, algo que nos parece contrario a los intereses de la ciudad", aseveró.

En tanto, al ser consultado sobre las repercusiones que podría tener la iniciativa del Jefe Comunal en los contribuyentes, Garciarena expuso: "Una empresa privada que va por un porcentaje de lo que recaude de las tasas municipales, evidentemente tiene un interés de lucro muy interesante que se contrapone con la función del estado, porque si yo tengo un fin de lucro en la recaudación de la tasas, voy a tratar de hacer todo lo posible y voy a utilizar todas las herramientas que tenga a mi alcance: podemos tener desde intimaciones judiciales violentas hasta medidas cautelares y remates; así funcionan las cosas cuando una empresa tiene en sus manos el cobro de una tasa".

En contraposición, el edil recordó que "hace un año y medio el Intendente le pidió al Concejo que le votara la creación de una agencia de recaudación municipal, una especie de ARBA local con la que garantizaba un aumento fabuloso en la recaudación y vemos ahora que no le funcionó".

"No sé si van a plantear una licitación o no; yo estoy en contra de la privatización del cobro de tasas porque es el estado el que tiene facultades legales y constitucionales para percibir el cobro de las tasas y si el estado va a deslindar esa responsabilidad, no sabemos qué funciones va a tener entonces", sentenció