“Efectivo ya sin recibo de sueldo” o “Préstamos personales con o sin Veraz” pueden ser ofertas tentadoras para personas necesitadas de dinero y no bancarizadas, pero las elevadas tasas de interés detrás de estos eslóganes pueden resultarles “ruinosas”, y terminar “profundizando las desigualdades”, tanto en el acceso al crédito como a la Justicia, advirtieron especialistas.

Esto se verifica particularmente cuando quien ofrece el crédito para el consumo es una mutual, cooperativa, financiera o prestamista; oferentes de crédito sometidos a escasos o nulos controles, que operan con tasas de interés que suelen superar en más de 80 puntos porcentuales la ofrecida por la banca pública, según el informe “Créditos para el consumo: análisis del impacto socieconómico y su impacto en sectores populares” elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Si bien quienes acceden a estos préstamos en efectivo puede ser víctima de distintos delitos -como usura, extorsión y hasta de acoso o coacción-, raramente realizan la denuncia o avanzan procesalmente; mientras que el deudor es rápidamente embargado y sus bienes ejecutados si se atrasa en los pagos y el acreedor le inicia un juicio ejecutivo en el fuero civil y comercial.

“El acceso formal al sistema financiero históricamente ha estado reservado a sectores medios y altos. Ahora también está llegando a los sectores populares”, dijo a Télam el titular de la Procelac, Carlos Gonella.

Esto se verifica en que las financieras que otorgan préstamos para el consumo en la Ciudad de Buenos Aires, se concentran en los centros comerciales de los barrios de Liniers, Pompeya, Flores, Caballito, Once y Constitución, es decir en la zona sur de la Capital, “caracterizada por tener menores ingresos per cápita que el promedio”.

“Pero estas personas que toman esos créditos a una tasa exorbitante y con condiciones muy simples, después se ven involucradas en problemas judiciales porque estos entes apelan a abogados que utilizan métodos intimidantes e interponen juicios que resultan muy rápidos, porque el juez no se pone a analizar la causa fuente del préstamo en sí”, agregó.

De los 58 casos relevados por la Procelac en la Justicia Comercial vinculados a operaciones de crédito para el consumo, en 53 de ellos “se procedió conforme a la pretensión de la entidad financiera” (ejecutando pagarés) y “más del 90 por ciento estos juicios se declararon en rebeldía, es decir que el demandado nunca compareció para defenderse”.

“Ahí es donde el Estado debe intervenir porque es bueno y sano que el sistema financiero alcance cada vez más a un mayor número de personas, pero tiene que haber una regulación para evitar estas asimetrías, porque una de las partes es tan vulnerable que no tiene posibilidades de defenderse y termina pagando 10 veces más”, consideró Gonella.

“Además, el Estado tendría que hacerse cargo de otras formas: Desarrollo Social ofreciendo alternativas de financiamiento a través de alguna cartera especial, el BCRA regulándo la tasa de interés, y la Justicia profundizando la mirada cuando se ejecuta un pagaré”, agregó.

La Procelac alenta la denuncia de los casos de abuso económico y legal presentes en este mercado, como la iniciada contra una financiera por Raúl, un vecino de la Villa 31, víctima de usura.

“Yo tenía una hija con problemas de dinero porque se había separado y escuché en la radio una oferta de créditos personales. Me ofrecieron 5.000 pesos para pagar en 36 cuotas de 191 pesos por mes”, explicó el damnificado.

Pero una vez que le aprobaron el préstamo y después de hacerlo ir a otra oficina donde firmó “muchas planillas” y un pagaré, le dijeron que las cuotas serían de 600 pesos, a pesar de que no era eso lo convenido.

Y cuando Raúl se atrasó, los problemas se agravaron: “Me llamaron de un estudio de abogados para decirme que tenía que pagar 24 cuotas de 1.500 pesos: en total me salía casi 36.000 pesos y yo le dije de ‘¿dónde quiere que saque eso si gano 2.600 por mes?’”, contó.

Según el Código Penal, comete usura quien “aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer (…) intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo”, y prevé una pena de entre uno y 6 años.

El coordinador del Área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac, Néstor García Paradiso, explicó a Télam que “hay una tradición histórica del poder judicial de no investigar causas de usura”, ni producir condenas por este delito económico.

“Cuando se hizo un relevamiento de las causas penales por usura, encontramos que estas últimas eran muy pocas porque no se les da importancia: si había 20 en todo el país era muchas y ninguna condena. Avanzar con estas denuncias cuesta mucho porque además la calificación de usura tiene un componente subjetivo”, explicó.

Pero en muchas ocasiones, el primer escollo es el propio deudor que no se siente habilitado para hacer la denuncia.

“A veces no hay denuncia porque el propio deudor se siente en falta por no haber podido pagar y no ve que está siendo víctima de un delito”, agregó.