Un grupo de entidades asociadas a la producción en la provincia, poco acostumbradas a asumir posicionamientos políticos, salió durante la semana pasada en apoyo de la decisión del gobernador Oscar Mario Jorge de vetar parcialmente el Presupuesto 2014.

Primero fue la entidad que nuclea a los industriales, UNILPa, la que desde General Pico puso el grito en el cielo por la intención de distribuir esos fondos en obras para localidades, crear cuatro cargos de asesores para la Legislatura y un adicional para los empleados de la Cámara de Diputados.

Después lo hizo la Cámara de Comercio de Santa Rosa: “Pretenden dirigir fondos de promoción industrial a gastos improductivos”, destacó la entidad que preside Jorge Ortiz Echagüe.

“Nuestra provincia no es ajena a la preocupante situación socioeconómica que vive el país, por lo que todas las organizaciones intermedias, partidos políticos, asociaciones gremiales, empresarias, profesionales, sin distinción de ideologías políticas, comprometidas con el desarrollo de nuestro territorio, no debemos dejar de expresarnos con acciones que propendan a una mejor calidad de vida de todos los pampeanos”, justificaron desde la cámara su inusual aparición pública.

Luego se sumó el Centro Empleados de Comercio de la mano del secretario general Carlos Nemesio y del adjunto Rodrigo Genoni, quienes últimamente tejieron fuertes lazos con el Gobierno Provincial: los acercó la medida del cierre dominical, pero políticamente ya hubo marcados acercamientos. Genoni es vocal del IPAV. Además, el gobernador Jorge estuvo en la apertura de la farmacia de la mutual mercantil y ahora se conoció el otorgamiento de un préstamo de casi treinta millones de pesos para la construcción del hotel del gremio.

“El modelo de sustitución de importación, de lo que algunos hablan desde afuera sin ser gobierno, otros lo aplican desde adentro haciendo cada día gestión, y esto que no se tome como una crítica sino que se tome como lo que uno ve desde los sectores no gubernamentales; es más fácil criticar que hacer, es más fácil destruir que construir”, sostuvieron Nemesio y Genoni.

El capricho de los diputados que forman parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside el vernista Martín Borthiry, de pretender darles un zarpazo a 24 millones de pesos destinados originalmente a la promoción industrial parece haberles costado demasiado caro. Ahora desde el vernismo no solo se llamaron a silencio sino que además ni siquiera saben si convocarán a una sesión extraordinaria para rechazar el veto.

El motivo principal, además del costo político, es que no tienen los votos suficientes: necesitan dos tercios de los legisladores presentes y se les cayeron los votos de los camporistas Luciano Di Nápoli y Miguel Tanos y de la tiernista Sandra Fonseca. Encima, desde la oposición tampoco parecen dispuestos a seguirles el juego.

En caso de que no se convoque a una sesión extraordinaria, el veto del gobernador Jorge quedará firme a mediados del mes próximo. Aunque el vernismo se guardó una carta: las consecuencias de la aprobación de la Cuenta de Inversión 2012, que no fue avalada el año pasado bajo el argumento de que tiene un plazo de dos años para hacerlo.

Lo cierto es que el inicio de un nuevo año vuelve a tener al Ejecutivo y al Legislativo en veredas diferentes, otra vez como consecuencia de la falta de un diálogo maduro que permita acordar y avanzar en políticas de Estado. En soledad, unos y otros, empezarán a desandar el camino que resta para llegar a 2015 sin ni siquiera haber aprendido de las heridas que dejó en el partido del Gobierno la anterior elección legislativa.

...y una de arena

Luego de una denuncia realizada por dos diputados provinciales de la oposición relacionada con las falencias existentes en el Hospital “Dr. Lucio Molas”, dos días antes de que finalizara 2013, el lunes pasado el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, emitió una firme recomendación en la que no solo dejó plasmado que en el principal centro asistencial de la provincia se vulneraban derechos humanos básicos, sino que además citó al jefe de mantenimiento del lugar y pidió “proveer los medios en forma inmediata para lograr una temperatura ambiente razonable” ante la falta de aire acondicionado en plena época estival.

Además, en las recomendaciones realizadas, Carola le pidió al director Hugo Reale “un diagnóstico general” del hospital para obtener el estado actual de la circulación de aire, su calidad y las necesidades de equipamientos que garanticen “la seguridad de los usuarios del sistema y un mínimo de confort”.

También “a los fines de proveer a la tranquilidad pública”, desde la FIA se sostuvo como necesario que las medidas correctivas que se solicitaron fueran “supervisadas” por alguien ajeno al Ministerio de Salud: pidió que se recurriera a la Secretaría de Derechos Humanos, ONG o sindicatos.

A contramano del relevamiento negativo que hicieron los legisladores Martín Berhongaray y Luis Solana, y de la propia valoración del fiscal Carola, las autoridades del Molas negaron que el nosocomio se encuentre en un estado de abandono y de crisis. El director de Atención Médica, Rubén Dayán, sostuvo que “en los últimos tres años se incorporaron sesenta equipos, de los cuales se instalaron 57, mientras que otros veinte se encuentran en proceso de licitación”.

Poco se conoce de lo que aportaron ante la FIA el viernes último el responsable de mantenimiento, Martín Amado, y el director asociado, Oscar Cerignana: luego del paso por las oficinas del organismo de control prefirieron llamarse a silencio a la hora de enfrentar la guardia periodística. Por lo pronto, el expediente sigue abierto y las falencias, vigentes.

La situación del río Atuel también sigue tan imperante como siempre, aunque con algunas novedades que se parecen mucho a una maniobra o estrategia dilatoria como las que han repetido a lo largo de estos años los diferentes gobiernos de turno en la provincia de Mendoza.

El anuncio de la semana pasada de que el distrito cuyano enviará ahora a la Legislatura el acuerdo firmado con La Pampa en 2008, al tiempo que buscará abrir una instancia de diálogo con las autoridades pampeanas para intentar readecuar aquel convenio que nunca fue ratificado por los legisladores mendocinos, deja más dudas que certezas más allá de que para las autoridades locales sea “un paso positivo”.

Esa pretendida expectativa tropezó incluso el viernes pasado con la postura de los propios regantes y productores de General Alvear. “No podemos entregar agua que no tenemos”, se sinceró Javier López, presidente de la específica de Agricultura de la Cámara de Comercio.

La cerrada tesitura de los alvearenses ni siquiera tiene en cuenta el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la interprovincialidad del Atuel, algo que por estos días al menos incomoda a sus autoridades.

Sucede que Mendoza no solo necesita imperiosamente la construcción de Portezuelo del Viento, algo que ha alentado puertas adentro -pero que necesita sí o sí de la aprobación del Gobierno pampeano-, sino que además, tal como dio cuenta este diario, en el mes próximo nuestra provincia estará en condiciones de presentar la demanda ambiental contra Mendoza por el corte del cauce natural del río.