Un nuevo frente de tormenta asoma entre los gobiernos provincial y nacional. A raíz del conflicto gremial en el ámbito de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec), el Ministerio de Trabajo que dirige el ministro kirchnerista Carlos Tomada dictó una conciliación obligatoria, que el Gobierno radical correntino desconoce.

Todo parece indicar, entonces, que en la reunión de mañana a las 15, en la sede ministerial de la ciudad de Buenos Aires, habrá una silla vacía: la del representante de la Dpec. Pero la silla que sí ocupará el Gobierno provincial será la del Consejo Federal del Trabajo, donde en marzo próximo llevará su queja contra el accionar del Ministerio que encabeza Tomada.

Las autoridades de la Dpec insisten en que todos los aspectos de la relación laboral con los trabajadores tienen un ámbito de aplicación exclusivo: la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia. Desde esa mirada consideraron que la medida de fuerza convocada por el sindicato de Luz y Fuerza en Corrientes estuvo fuera de los parámetros legales correspondientes.

El subinterventor administrativo de la Dpec, Alfredo Aún, lo explicó ayer con todas las letras: "El ámbito de aplicación es la Subsecretaría de Trabajo, porque la Ley de Trabajo de la Nación delega en las provincias la aplicación de las diversas normativas. No es que podamos elegir un ámbito en donde discutir nuestras diferencias, se discute donde corresponde y es en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia".

Luego, en declaraciones radiales, deslizó que hubo motivos "públicos" y otros "ocultos" del paro convocado por el sindicato de Luz y Fuerza. Y espetó: "Le están mintiendo a las bases". Aludió a un acta-acuerdo suscrita en octubre del año pasado, señalando que "ese acta está vigente hasta el 31 de marzo y el acuerdo no incluía cuestiones que hoy reclaman, como bonificaciones extraordinarias".

COMPETENCIA

A su turno, el propio subsecretario de Trabajo de la Provincia, Jorge Rivolta, acusó de "avasallamiento" al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la vez consideró que "la Subsecretaría tiene toda la competencia como para resolver el conflicto".

Además informó que se constató "aprietes" por parte del sindicato de Luz y Fuerza a operarios de la Dpec para llevar adelante la medida de fuerza.

También confirmó que ante la "intromisión" de Nación en los reclamos del sindicato de Luz y fuerza de Corrientes, el Gobierno provincial llevará su disconformidad ante el Consejo Federal del Trabajo, para los primeros días de marzo.

¿Quiénes "aprietan"?

El secretario general del sindicato de Luz y Fuerza, Ernesto Montiel, se sacó de encima ayer la acusación del Gobierno provincial de que alentaba "aprietes" contra sus propios compañeros de la Dpec que no querían acatar la medida de fuerza dispuesta por el gremio.

"Es muy simple -le sugirió a los periodistas-, paren en la calle cualquier camioneta de la Dpec y pregunten a los compañeros quiénes eran los que apretaban", sugiriendo que la amenaza venía desde el lado del Gobierno.

Consultado por EL LIBERTADOR sobre la posibilidad de que representantes del Gobierno correntino no asistan a la reunión de conciliación convocada para mañana por el Ministerio de Trabajo, Montiel reflexionó que "eso ya entraría en un terreno legal. Ojalá que vengan, así resolvemos los problemas".

Sobre la acusación de "ilegalidad" de las medidas, expresó que "eso es lo que ellos argumentan. Nosotros tenemos comprobantes con fecha y hora, de las notas que presentamos al Ministerio de Trabajo de la Nación, a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia y a la delegación Corrientes de Trabajo de la Nación", acerca de las problemáticas denunciadas y de las medidas que se iban a implementar.