Según trascendió en las últimas horas, justo cuando el clima se caldea y los empleados en conflicto recurren a la Legislatura para ser escuchados y reclamar por el cese de la persecución (ver páginas 2 y 7), la interventora del IPS, Estela Regidor estaría tramitando la ejecución de un juicio de honorarios por un juicio en el que representó a un jubilado, algo de lo que se ocupaba antes de asumir su cargo convocada por el gobernador Ricardo Colombi, y por lo que mantiene serias diferencias con la titular del Centro de Jubilados de la Provincia, a quien acusa precisamente de aprovecharse de una industria del juicio.

"Ustedes creen que una persona preocupada por los abuelos puede iniciar un juicio de ejecución de honorarios?", se preguntan los empleados que pidieron reserva de sus identidades para no incrementar la presión sobre sus personas, cuando el conflicto arrecia.

Según denuncian, y como lo muestra el facsimil que ilustra esta página, Regidor hizo remitir un oficio al IPS para que el organismo informe cuánto cobra un jubilado, primer paso en el proceso de embargo del beneficio en aras de deducir luego los honorarios del abogado actuante, que sería ella misma como aparece en la carátula del expediente.

"¿Les parece ético que la funcionaria encargada de velar por los intereses de nuestros mayores y quien se la pasa hablando de la ética y la moral , difamando a los abogados por la opinión pública, pueda realizar este tipo de medidas?", disparan los empleados, presas de un malestar que se incrementa a diario cuando dicen padecer todo tipo de persecuciones dentro del organismo.

De acuerdo a la denuncia pública, que tiene incluso otro ingrediente que lo agrava, "Regidor sólo está cuidando sus propios intereses, embargando los sueldos a nuestros mayores, maltratando y agraviando al personal dependiente del organismo quienes Si trabajan con dedicación, quienes si tienen conocimiento de la tarea que realizan, quienes si son técnicos en la materia".

La revelación se vuelve más polémica cuando los empleados aseguran que el abogado que firma el oficio -Sergio Stegelmann- es nada menos que "un 'empleado' del organismo, que nunca se ha presentado como tal, un empleado con Contrato de locación de servicios, quien es amigo de la señorita interventora y quien parece también ser el abogado personal de la misma", sostienen.

Stegelmann cobraría un sueldo de $3.000, dicen los empleados, "mientras que otros trabajadores con muchos más años de servicio cobran $2.000 y sí prestan servicios defendiendo los intereses de nuestros abuelos".