El presidente de YPF, Miguel Galuccio, y el interventor del Enargas, Antonio Pronsato, fueron denunciados en la Justicia por presuntos sobreprecios de 900 millones de dólares anuales en las importaciones de gas natural, concretadas a través del puerto local.

La presentació judicial fue hecha por la Unión de Consumidores de Argentina (UCA), que pidió se investigue si se perpetraron los delitos de “estafa”, “malversación de caudales”, “defraudación a la administración”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.

Argentina ingresa gas importado en partes iguales por dos puertos y Fernando Blanco Muiño, titular de UCA, dijo que en Escobar “se pagan 6 dólares por millón de BTU” contra “13 dólares por millón de BTU en el puerto de Bahía Blanca” y aseguró que “esa diferencia se traslada al costo del gas importado que los consumidores”.

En tanto, la petrolera contraatacó ayer afirmando, en un comunicado de prensa, que denunciará a las autoridades de la UCA.

YPF replicó que "UCA, liderada por Fernando Blanco Muiño, ya había intentado, en 2013 ante la Justicia Contencioso Administrativo Federal, impedir las contrataciones de gas efectuadas por YPF en nombre y representación de Enarsa.

“Tal planteo –agregó la petrolera-- le fue rechazado por la Justicia y ahora intenta reeditarlo mediante una denuncia penal tan carente de fundamentos como en aquella oportunidad. Blanco Muiño es patrocinado por el ex ministro Roberto Dromi, quien reconoció públicamente haber cobrado comisiones por la compra de GNL mediante el sistema anterior que esta gestión de YPF reemplazó".

En cuanto a la crítica por los precios que se pagan en cada puerto, la empresa sostuvo que redujo los valores de las contrataciones y produjo un ahorro total de u$s 1.475 millones. También dio explicaciones sobre las diferencias de precios.

“En octubre de 2013 -se detalló-, YPF gestionó las compras de gran parte del volumen requerido para las Terminales de Bahía Blanca y de Escobar para 2014 y 2015 y el contrato de mayor envergadura alcanzado en Escobar para esos años consideraba niveles de precios más competitivos que los ofrecidos para Bahía Blanca en el mismo proceso para el mismo período”.

Asimismo, señaló la compañía, “en 2013 se decidió cambiar el indicador de precio utilizado para las compras de la Terminal de Escobar a Brent, a efectos de diversificar el riesgo entre las compras de Bahía Blanca (basadas en Henry Hub) y Escobar.

“Este cambio permitió una disminución de los precios de más del 40 por ciento, en línea con la caída del precio internacional de petróleo crudo”, puntualizó YPF

Luego del comunicado de YPF, UCA ratificó su demanda y aseguró que "si fuera cierto que YPF generó un ahorro de u$s 1.475 millones en la compra de gas, el mismo no se materializó en los bolsillos de los consumidores que seguimos pagando las mismas o más caras tarifas y el mismo cargo por el costo de la importación".

Además, un intercambio multimillonario

Tal como lo señalara un informe de este diario publicado en abril pasado, desde hace varios años Bahía Blanca viene siendo eje de un multimillonario y poco claro negocio a cargo del gobierno nacional.

La importación de gas natural licuado para cubrir el déficit energético, que desde 2014 está a cargo de YPF y la estatal Enarsa, mueve en el país .unos 5 mil millones de dólares anuales y continúan generando duros cuestionamientos por la falta de información oficial y escasa transparencia.

Si bien el senador nacional Jaime Linares ya se había venido ocupando del tema con duros cuestionamientos durante los últimos años, el tema detonó con mayor intensidad a fines de 2014, cuando el ex ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, Roberto Dromi, aseguró que asesoró a De Vido en temas energéticos y afirmó que a cargo de Enarsa, YPF actúa en la compra de gas desde 2012 "sin transparencia y fuera de la ley".