La actuación de las fuerzas de seguridad en la represión de marchas y actos de protesta fue cuestionada en varias ocasiones por ONG de Derechos Humanos, organizaciones sociales e incluso tribunales de justicia. El martes, un juzgado de Santiago dictó una resolución en la que consideró ilegal la detención de 16 personas que marcharon contra la construcción de la represa de la empresa Hidro Aysen.

AI expresó también sus críticas al uso de la llamada “ley antiterrorista”. “En términos generales es razonable que el Estado chileno quiera tener una legislación específica para hacer frente al terrorismo –admitió Piquer– , pero el problema es que esta tiene aspectos que la ponen en tela de juicio (y que permiten) que no sea aplicada a casos que sí son considerados como terroristas.” Piquer dijo que la aplicación poco clara de la ley “pone en entredicho la posibilidad de que las dos partes tengan la misma posibilidad (en un juicio) de acceder a la información y (hacer uso de) los elementos procesales”.

AI aprovechó la ocasión para hablar de las recientes excarcelaciones de personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990). “Los indultos, amnistías o liberaciones antes de cumplir la condena son medidas que, salvo en casos muy excepcionales, dan la señal de que esas personas no cumplen una condena acorde con la gravedad de su delito”, dijo Piquer.