El Gobierno descansa en sus proyecciones de que el 2022 mostrará números de crecimiento económico por segundo año seguido por primera vez desde el bienio 2010-2011 para sustentar su idea de cumplimiento de la meta fiscal que se planteó en el entendimiento técnico con el Fondo Monetario Internacional. A grandes rasgos, en el Ministerio de Economía estiman que el efecto de expansión recaudatoria por una mejora en el PBI alcanzará para recortar el déficit incluso cuando el gasto público crezca “moderadamente” en términos reales, una condición que el Poder Ejecutivo dice que fue innegociable en el diálogo con el FMI.

Para poner en números: el déficit primario de 2021 fue cercano a 3% del Producto Bruto, es decir más bajo de lo que se esperaba hacia comienzos del año. Este resultado en las cuentas públicas estuvo impulsado por una recaudación alta por ingresos provenientes de derechos de exportación, en un contexto de suba de los precios internacionales, y también por otros items que en 2022 no estarán disponibles, como por ejemplo el aporte extraordinario de las grandes fortunas, que empujó con cerca de $250.000 millones al fisco.

Como la meta del primer año del programa Extended Fund Facility (EFF) preacordada con el staff del organismo es de 2,5% del PBI, el recorte del déficit primario que debería completar este año el Gobierno debería ser de 0,5 puntos porcentuales (unos $230.000 millones a pesos de hoy), aunque al restar de la cuenta esos ingresos del impuesto a la riqueza, por ejemplo, la poda fiscal llegaría a ser de casi 1% del Producto, según estimaciones privadas.

Como la meta del primer año del programa Extended Fund Facility (EFF) preacordada con el staff del organismo es de 2,5% del PBI, el recorte del déficit primario que debería completar este año el Gobierno debería ser de 0,5 puntos porcentuales (unos $230.000 millones)

Números al margen, la cuestión que discuten los economistas y que el Gobierno defiende mientras todavía sostiene las conversaciones con el equipo técnico del Fondo Monetario es de qué manera el Poder Ejecutivo podría alcanzar ese objetivo de déficit, bajo qué supuestos, con qué medidas concretas y si necesitará o no ajustar partidas del gasto público. Desde el Ministerio de Economía aseguran que la baja del déficit estará explicada, centralmente, en una dinámica en que el crecimiento económico reforzará los ingresos tributarios del fisco.

En el Gobierno lo mantienen oculto bajo siete llaves, pero el acuerdo con el Fondo Monetario incluirá un apartado en el que establecerá metas de recaudación “adicionales” a través de distintas medidas de administración tributaria, es decir, con una sintonía fina de herramientas con las que ya dispone AFIP o está en proceso de desarrollo. En ese listado se encuentran el comercio de granos, la declaración de rinde de los campos en el agro, los activos de ciudadanos argentinos en el exterior y lo que aún falta recaudar del impuesto a la riqueza, entre otros.

Según aseguran fuentes que siguieron de cerca la negociación, uno de los temas en discusión con el FMI que trabó la resolución de un entendimiento fue que el Gobierno requirió que el programa económico consensuado para los próximos dos años y medio estipule que el Estado podría aumentar en términos reales el gasto público todos los años entre 2022 y 2024, aunque sea “moderadamente”, tal la palabra que eligen usar en el Palacio de Hacienda.

Existe, en ese sentido, una idea de que el acuerdo con el FMI servirá como una plataforma para “cambiar la conformación” del gasto público y reasignar partidas. En la conducción del Ministerio de Economía marcan a los subsidios como uno de los temas a tratar, pero todavía se sostienen las divergencias internas sobre cómo y qué alcance debería tener la segmentación y el ahorro que pueda conseguir el Tesoro en la cuenta presupuestaria de subvenciones.

La única propuesta hecha incluye a menos de 500 mil usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Este año, para recortar los subsidios hasta 1,7% del PBI como prevé Guzmán desde 2,3% que representaron en 2021 se necesitaría un ajuste de USD 2.740 millones, algo para lo que se requeriría un aumento general tarifario mayor al 20% previsto para 2022.

Uno de los temas en discusión con el FMI que trabó la resolución de un entendimiento fue que el Gobierno requirió que el programa económico consensuado para los próximos dos años y medio estipule que el Estado podría aumentar en términos reales el gasto público todos los años entre 2022 y 2024, aunque sea “moderadamente”

Aún está en discusión en las negociaciones abiertas entre Buenos Aires y Washington si habrá metas trimestrales para cumplir respecto al déficit fiscal y algunas variables que serán decisivas para determinar en términos prácticos el sendero fiscal de los próximos años, como por ejemplo cuál será la inflación esperada en lo sucesivo. Para 2022, por ejemplo, hay un rango en conversaciones que va desde un 40% hasta un 50%, aún por debajo de las estimaciones privadas. Hace algunos días el Gobierno dio una pista sobre qué previsión de suba de precios manejará en el diálogo con gremios y empresas, al asegurar que “habilitará” una discusión paritaria cercana al 40 por ciento.

Las consultoras y analistas, en este contexto, se preguntan qué tan viable es bajar el déficit con un crecimiento en términos reales del gasto, aún así sea en un ritmo moderado. Analytica, por ejemplo, estudió tres escenarios. El primero es el que calificó como de “ajuste vía crecimiento”. En este caso, se mantiene constante el gasto primario en términos reales y se apuesta al crecimiento de los recursos tributarios. La estrategia llevaría a un aumento del déficit respecto de 2021 a 3,5% del PIB”. “Este escenario es el de menor probabilidad de ocurrencia”, definió.

En un segundo escenario en que el Gobierno recorte el gasto extra por Covid que tuvo en 2021, podría cumplirse la meta fiscal acordada. “Dada la mayor actividad económica, la recuperación de los puestos de trabajo y el menor stress del sistema de salud por estar en las etapas finales de la pandemia, es factible una reducción del 0,5% del PIB en estas partidas”, midieron.

Por último, el tercer escenario es el de segmentación de tarifas. “El gobierno puede implementar una caída generalizada del gasto real de cinco puntos para alcanzar la meta acordada con el FMI. Por ejemplo, ajustando jubilaciones y salarios a la par de la inflación mientras el resto de las partidas crece a penas al 29%. Un camino más lógico seria ajustar únicamente las tarifas energéticas” y mencionaron que “se puede alcanzar un ahorro de 0,7% aumentando un 155% promedio a los estratos más altos vía segmentación de tarifas. Ello iría en línea con el único pedido puntal de ajuste que hizo público hasta ahora el FMI, pero irrumpe con el discurso oficial de sostener el gasto real”, concluyeron.

Este año, para recortar los subsidios hasta 1,7% del PBI como prevé Guzmán desde 2,3% que representaron en 2021 se necesitaría un ajuste de USD 2.740 millones, algo para lo que se requeriría un aumento general tarifario mayor al 20% previsto para 2022

Ecolatina, por su parte, midió que bajo los supuestos de un crecimiento real de 4% y una inflación de 40%, un tipo de cambio y salarios formales que aumentan como la inflación y que el intercambio comercial se incrementaría en términos similares a los proyectados por el gobierno en septiembre “el punto de partida para el cumplimiento de la meta aparece desafiante”. “Por el lado del gasto, el índice de movilidad jubilatoria (que indexa el 40% de las erogaciones) podría mostrar un aumento promedio muy superior a la inflación proyectada en el ejercicio (hasta febrero 2022 crecerá al 53% interanual), lo que implica un incremento del gasto 0,3 puntos porcentuales en términos del producto. Es decir, en base a estos supuestos, el punto de partida en materia de déficit se ubica más cerca de 4% que de 3% del PBI”, definieron.

De todas formas, consideró que hay fuentes de ahorro como el paquete Covid. “Asimismo, en 2021 el gasto primario contiene otros 0,2% del PIB en bonos a jubilados, pensionados y asignaciones, que no necesariamente deban otorgarse en 2022 debido al crecimiento real del índice de movilidad. Con estos dos elementos, el punto de partida de 2021 se ubica en 3,2% del PIB”, continuó Ecolatina.

Si bien esa consultora consideró que “la meta fiscal de 2022 no implica un ajuste de magnitud (-0,6 puntos del PBI en relación al año pasado)”, también alertó que “dados los efectos inerciales, la estructura del gasto, los riesgos que muestran las proyecciones macroeconómicas y los objetivos internos (sin cambios en la política tributaria y sin caída real del gasto), tampoco sería tan sencilla de cumplir”, concluyó.