A pesar de las diferencias, los dirigentes están a la altura de lo que demanda la sociedad, rescató anoche la presidenta Cristina Kirchner al anunciar el acuerdo. “No puede haber empresas sin trabajadores pero tampoco puede haber trabajadores sin empresas”, dijo la Presidenta.

Durante la tarde, la tensión llegó a tal punto que ayer se hablaba de una gestión paralela del ministro de Trabajo Carlos Tomada, con los sindicalistas en la sede de la CGT.

El principal escollo en las negociaciones eran las diferencias en los planteos empresariales y sindicales. La CGT planteaba un piso salarial de $ 2.600, los empresarios ofrecen hasta $ 2.200. Actualmente, el salario mínimo (SMVM) es de $ 1.840, con lo que el reclamo sindical implicaba un aumento de 41,30%, mientras que las patronales ofrecían 19,56%. Se trata de una medida que, en forma inmediata, afectaría a medio millón de trabajadores “en blanco” (6,6% del total de los empleados formales) que están fuera de convenio pero, además, sentaría un precedente respecto de la eventual reapertura de paritarias en varios gremios este año.

En Alem 650, sede del Ministerio de Trabajo, por los trabajadores participaron representantes de la CGT y de la facción de la CTA que comanda Hugo Yasky –la única reconocida por el Gobierno. De todos modos, el sector de la CTA encabezado por Pablo Micheli reclamó ayer que para la aprobación de un nuevo SMVM se parta del cálculo de una canasta básica familiar de 5.730 pesos. De hecho, Micheli concurrió al Ministerio de Trabajo para participar, pero no se le permitió el acceso al encuentro ya que Yasky, que recibió la carta de invitación oficial, no lo acreditó para asistir. Ayer la Presidenta resaltó que por primera vez, “la CTA no firmó la contra”.

Por los empresarios se reunieron ayer autoridades de la UIA, la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio (CAC), los bancos, la Bolsa de Comercio y las que nuclean al agro (CRA, FAA, SRA), entre otras. Presionado por ambas partes, desde las 14 el ministro Tomada, intentó consensuar una salida.

“Está todo muy empantanado”, describió una fuente oficialista al anochecer cuando no había acuerdo. Además de los más de 20 puntos porcentuales de diferencia entre la propuesta sindical y la patronal, había otros temas que se cuelan en la mesa: la suba de las asignaciones familiares y del mínimo no imponible de Ganancias.

Pero también está en juego una reapertura de paritarias. Los gremios de Maestranza, Caucho, Vidrio, Docentes y Construcción ya exigen subas adicionales a las firmadas (que oscilaron entre 27,5 y 30%). “Estos reclamos pueden servir como ‘efecto demostración’ en otros sectores que podrían sumarse”, evaluó Analytica que estimó que si la suba del salario mínimo fuera de 25%, se inyectarían al consumo unos $ 2.760 millones anuales, el equivalente a 0,2% del PBI.