Hay preocupación por las falencias del sistema. Se considera que la Intervención no sería la mejor solución, y se demanda a los otros poderes que concurran a las soluciones. El interrogante que se plantea es de qué forma el Colegio puede, desde su inserción en el Consejo de la Magistratura o el Jury, disipar los fuertes nubarrones que asolan el horizonte institucional de la Provincia. En este punto se marcan las diferencias, que serían puestas a la consideración de una reunión ampliada de los abogados capitalinos. El disparador de la preocupación fue el duro documento emitido por el Congreso del Partido Justicialista, y de hecho la sostenida ofensiva que se lleva desde el Colegio de Abogados de Paso de los Libres.

En un documento que reproducimos por separado, los abogados de la Capital hacen pública la preocupación por la posibilidad de que el tema Corrientes quede instalado en la agenda del Gobierno federal. Sin medias tintas se habla de que la Intervención Federal al Poder no sería la solución. Algo que la mayoría de los colegiados comparten, aunque las diferencias asoman a la hora de analizar de qué forma el Colegio de la Capital y los demás actores representados en el sistema dan respuestas oportunas para evitar que el tema se escape de las manos y pase a la órbita del análisis del Gobierno central.

En este sentido, la responsabilidad de los representantes del Colegio es importante. Tanto ellos como los exponentes del Colegio de Magistrados, de la Facultad de Derecho, y del Poder Ejecutivo deben dar algo más que señales claras. Pareciera haber llegado el momento de acciones concretas que muestren la decisión de los correntinos, de preservar su sistema institucional.

En esta responsabilidad concurre fundamentalmente el Poder Judicial, cuya notoria falta de reflejos es el punto más grave a considerar. Aun así están los demás poderes del Estado, como bien lo señala el comunicado del Colegio de Abogados de la Capital.

Lo importante es que el tema está instalado, y que más allá de que fue el Directorio del Colegio quien hizo pública la posición, se observa que hay un notorio interés por los abogados en general en participar de un debate ampliado que, antes que nada, debe contribuir a definir un rumbo claro y definido por los representantes del Colegio en los distintos organismos, desde los cuales puede comenzar a revertirse la crisis en el servicio de justicia.