El acto administrativo  dispone además que "los trámites de designaciones en curso serán devueltas a las jurisdicciones de origen, suspendiéndose la promoción de nuevos nombramientos" y establece que las direcciones de personal "no podrán dar curso a trámites de designaciones".

Se exceptúan de la medida al personal docente y auxiliar, policías, personal penitenciario, profesionales hospitalarios y del área de minoridad, es decir que el alcance es casi exclusivo para trabajadores que revistan en el régimen de la Ley 10430.

El decreto tiene fecha del 30 de mayo, pero por el momento no fue publicado en el boletín oficial, lleva la firma de Vidal y de sus ministros Hernán Lacunza, Roberto Gigante y Federico Salvai y generó rechazo de amplios sectores del sindicalismo que se enteraron por la prensa de su existencia.

El objetivo manifestado entre los fundamentos de la medida es "normalizar la gestión de las distintas prestaciones y servicios esenciales y estatales implementando medidas mínimas indispensables para cumplimentar adecuadamente los objetivos de gobierno".

Esto fue interpretado por los gremios como un nuevo intento de forzar la precarización del empleo estatal en la provincia, porque junto con la Ley de Emergencia Administrativa y un decreto anterior que amplió la potestad de los ministros para disponer del personal, la gobernadora solo dejó margen para contratar personal con “contratos basura”.