Por unanimidad, la Legislatura porteña sancionó ayer una ley que ordenó la urbanización de la villa 20, en Villa Lugano, cuyos lineamientos surgieron del consenso previo entre los vecinos del asentamiento y el gobierno de la ciudad.

El proyecto contempla la construcción de 1600 viviendas nuevas y la refacción de otras, en un número que aún debe ser determinado. Además se desarrollará una serie de obras de infraestructura para proveer al barrio de los principales servicios urbanos.

En la villa 20 viven hoy unos 27.000 habitantes, con un grado alto de hacinamiento: 9000 familias se distribuyen en 4500 hogares, que ocupan 48 hectáreas.

Durante tres meses, el proyecto de ley fue debatido en una llamada "mesa de gestión participativa para la reurbanización del barrio Villa 20", que reunió a funcionarios porteños, ONG y otras agrupaciones sociales. En la Legislatura, la iniciativa fue impulsada por los legisladores de Pro Lía Rueda y Maximiliano Sahonero, quien nació y residió en la villa durante varios años.

Ubicación - Villa Lugano. Foto: LA NACION

La Ciudad coordina la mesa participativa a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

Juan Maquieyra, presidente del IVC, destacó como un hecho inédito el grado total de aprobación que logró el proyecto: "Primero fue consensuado entre los vecinos y el gobierno, y luego en la Legislatura obtuvo el apoyo de todos los bloques partidarios". También señaló como una novedad que se trabaje en conjunto para "el diseño y la implementación" del plan.

"¡Para mí es un sueño hecho realidad!", dijo Sahonero a LA NACION, exultante. Y agregó que ayer fue "un día histórico" en el que se cristalizó un proceso de "creación de confianza", entre los vecinos y el Estado, que tomó mucho tiempo.

En cuanto al plazo que podría demandar la ejecución completa del proyecto, Maquieyra calculó que podría quedar concluido para 2019.

Las primeras obras serán ejecutadas en el predio Papa Francisco, lindero a la villa, en el que se levantarán las primeras 550 viviendas y donde serán ubicadas las familias que hoy habitan casas que deberán ser eliminadas para proceder con el trazado de calles y otros trabajos de urbanización.

Inversión

Al anunciar la urbanización, semanas atrás, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, indicó que la inversión en este grupo de viviendas -cuya obra comenzará en octubre- será de unos 700 millones de pesos. No obstante, no se indicó cuál será el desembolso en la totalidad de los trabajos.

Tras la sanción de la ley, la tarea de la mesa participativa continuará hasta finalizar el proyecto. Se encargará, entre otras cosas, de definir los criterios para construir las viviendas nuevas y organizar la infraestructura de los servicios urbanos: redes de agua potable, energía eléctrica, desagües cloacales, desagües pluviales y gas natural. También se ocupará de determinar la prolongación, la apertura y el ensanche de calles, pasajes y pasillos ya existentes.

Maquieyra explicó que la Ciudad trabaja en el diseño de una línea de créditos para que los nuevos propietarios paguen sus viviendas, aunque aún no están definidos los montos y los planes. Los vecinos también deberán abonar los servicios públicos que serán instalados. "Es un prejuicio que los habitantes de las villas no quieren pagar los servicios. Exigen derechos, pero también están dispuestos a tener obligaciones", dijo.

En función del relevamiento realizado por inspectores del IVC, hay unas 500 viviendas dentro de la villa (alrededor del 10% del total) con características deficitarias. Sus habitantes serían los primeros en ser relocalizados.

Para lograr la integración del barrio con el resto del tejido urbano se abrirán calles que cruzarán el terreno de manera transversal: la villa más el predio Papa Francisco.

La ley sancionada ayer parece ser el eslabón final de una larga cadena de postergaciones. En 2005 la Legislatura porteña sancionó la ley 1770, que ordenaba urbanizar la villa 20, pero nunca se cumplió. Luego, en 2014, tras la toma y el posterior desalojo del predio Papa Francisco, la jueza Elena Liberatori ordenó su urbanización, que hasta ahora no se cristalizó.

En 2015, durante la gestión de Mauricio Macri, el gobierno porteño convocó a una serie de concursos públicos con el fin de urbanizar el predio Papa Francisco, pero esos proyectos finalmente no fueron ejecutados por no contar con la aprobación vecinal.