Los usuarios de Edenor y Edesur tendrán que esperar al menos tres años para cobrar resarcimientos por daños ocasionados en instalaciones y artefactos por fallas de las compañías. Más allá de que las penalidades a las distribuidoras ya hayan sido determinadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), las firmas contarán con ese extenso plazo para pagar las indemnizaciones por el acuerdo para el traspaso de las empresas de la órbita nacional a los gobiernos de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Así, al usuario que se le haya quemado un televisor o una heladera, deberá esperar hasta 2022 para contar con el dinero que le permita comprarse un aparato nuevo. El convenio con las compañías eléctricas para la "regularización de obligaciones" lo firmó el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. La legislatura porteña, con los votos del oficialismo y aliados, convalidó ese esquema la semana pasada con la aprobación del convenio diseñado por el Poder Ejecutivo nacional. La provincia todavía debe dar ese paso, aunque existe la posibilidad de que María Eugenia Vidal quiera intentarlo por decreto.

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“Las Concesionarias abonarán las sanciones dentro del plazo de tres años de la celebración del Acuerdo, actualizadas por la tasa activa del Banco de la Nación Argentina con capitalización semestral de intereses”, establece el escrito. Es decir que por más que haya usuarios que ya hayan recibido la aprobación del ENRE para el pago de resarcimientos por parte de las empresas, el plazo de liquidación empezará a regir desde la firma del acuerdo, que fue el 10 de mayo de este año.

Pedro Bussetti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), reveló que en la asociación tienen el caso de un usuario de Edesur al que la empresa le debe 36.700 pesos por "daños provocados en artefactos eléctricos de su propiedad por deficiencias en el suministro de energía eléctrica". El reclamo fue ratificado por el ENRE el 5 de diciembre de 2016. Pero nunca fue pagado. En febrero de este año, el ente regulador intimó a la empresa a que abonara el resarcimiento. “Edesur le contestó que de acuerdo al convenio que celebró con el Estado nacional para el traspaso a la provincia y Ciudad de Buenos Aires, tiene el derecho a pagar en los próximos 3 años”, aseguró Bussetti. “Es injustificable. Les dan tres años para pagar una indemnización por un artefacto quemado. No se puede tolerar”, cuestionó el especialista.

El acuerdo firmado por Lopetegui y las distribuidoras eléctricas buscaba detallar cómo iban a regularizarse las obligaciones de las empresas una vez que se transfirieran a la provincia y a la Ciudad de Buenos Aires. Firmado el 28 de febrero, con la adhesión de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue oficializado por el Ministerio de Hacienda el 10 de mayo. Con el traspaso, las jurisdicciones locales asumirán los derechos y obligaciones de los contratos de concesión y el control de las distribuidoras, que estaban supervisadas por el ENRE, quedará a cargo de un nuevo organismo de control que se llamará Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE).

El traspaso del sistema eléctrico a la provincia se hará a través de un decreto que todavía no fue publicado. Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires se legalizó tras la aprobación en la Legislatura porteña el pasado 4 de julio. La descentralización de la jurisdicción y el control del servicio de luz fue aprobado por el bloque oficialista Vamos juntos y sus aliados Evolución, Partido Socialista y Gen. Se opusieron Unidad Ciudadana, el Bloque Peronista y los diputados de izquierda.

El convenio para el traspaso incluyó la condonación de una deuda por más de 7 mil millones de pesos entre ambas distribuidoras, que de acuerdo a lo resuelto por el ENRE al aplicar las multas, debían abonar a los usuarios por fallas en el suministro. En lugar de ello, Edenor y Edesur se “comprometen” a volcar esos recursos en inversiones en la red eléctrica en el año 2021. “Hay una condonación encubierta de 35 mil millones de pesos, de los que 7 mil millones tiene que ir a los usuarios y que los van a canjear por inversiones que tendrían que hacer los que se llevan la ganancia”, había afirmado la legisladora Myriam Bregman (PTS-FIT) durante el debate. El diputado de Rodolfo Thailade, de Unidad Ciudadana, presentó una denuncia en tribunales por esa supuesta condonación.